No es un chiste, aunque lo parezca.
En un giro digno de los guionistas más irónicos de la política nacional, José Luis Ábalos —exministro y aún diputado en el Grupo Mixto— ha votado esta semana en el Congreso a favor de la creación de una oficina anticorrupción, propuesta por Sumar y apoyada por el PSOE.
El hecho adquiere tintes surrealistas al recordar que Ábalos está siendo investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
No se trata de una sospecha menor: los indicios son lo suficientemente graves como para que se dé por hecho su futuro procesamiento, pendiente del cierre de la instrucción judicial.
Mientras tanto, lejos de apartarse discretamente de la vida pública, Ábalos mantiene su escaño y sigue votando sistemáticamente igual que sus antiguos compañeros socialistas.
Su fidelidad al partido —aunque formalmente no esté sometido a disciplina parlamentaria— se percibe intacta desde su salida del Grupo Socialista en febrero de 2024.
Lo más insólito sigue siendo ver cómo un diputado investigado puede votar medidas anticorrupción con sus excompañeros sin que nadie levante una ceja. La vida política española nunca pierde capacidad para sorprender.
El trío de la benzina, Sánchez, Cerdán y Ábalos
Votación polémica y paradojas políticas
La votación en cuestión tuvo lugar durante el debate sobre la admisión a trámite de una proposición de ley presentada por Sumar para la creación de una oficina dedicada a la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción. Entre sus objetivos se incluyen la lucha contra el fraude y el uso ilegal de fondos públicos. El texto prevé además sanciones económicas severas —hasta un millón de euros para empresas implicadas y 400.000 euros para personas físicas— y restricciones como la prohibición de contratar con la administración pública o recibir subvenciones.
El resultado fue tan ajustado como simbólico:
- Votos a favor: 170 (Sumar, PSOE, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y algunos independientes como Ábalos)
- Votos en contra: 176 (PP, Vox y Junts)
- Abstención: 1 (UPN)
Ni Pedro Sánchez ni María Jesús Montero participaron en la votación. Tampoco lo hizo Alberto Núñez Feijóo. Aunque sus votos no habrían cambiado el resultado, su ausencia ha sido interpretada en clave política como una muestra del clima tenso que rodea este tipo de iniciativas.
El contexto: corrupción sistémica y respuestas institucionales
La propuesta impulsada por Sumar no surgió por generación espontánea. Tras el estallido del conocido como caso Koldo, que sacudió al PSOE a comienzos del año pasado y reavivó las sospechas sobre prácticas irregulares en las instituciones públicas, Sumar planteó una batería de medidas para combatir la corrupción institucional. En julio de este año, Yolanda Díaz reactivó la idea dentro del marco del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado por Sánchez.
El debate parlamentario fue intenso. Los defensores argumentaron que España necesita reforzar los mecanismos preventivos frente a un problema crónico. Sus críticos —principalmente PP y Vox— acusaron al Gobierno y sus socios minoritarios de “blanquear” los casos recientes que afectan a los socialistas y restaron credibilidad a la iniciativa. Junts se sumó al rechazo alegando falta de confianza en las garantías ofrecidas por la proposición.
Las contradicciones del sistema: investigados que legislan contra la corrupción
La presencia activa de Ábalos en este proceso pone sobre la mesa una paradoja difícilmente justificable: ¿puede alguien investigado por varios delitos graves votar iniciativas contra el mismo mal del que se le acusa? La respuesta institucional es ambigua; mientras algunos parlamentarios piden mayor rigor ético —como limitar los aforamientos o exigir dimisiones inmediatas— otros prefieren mirar hacia otro lado.
El informe del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) publicado en agosto vuelve a señalar carencias estructurales en España: insuficiente transparencia sobre asesores políticos, necesidad urgente de limitar los aforamientos y mejoras pendientes en los controles policiales. Aunque desde Sumar insisten en eliminar los aforamientos para evitar impunidad política, la realidad demuestra que los partidos siguen jugando con márgenes amplios cuando se trata de proteger a sus miembros investigados.
Un escaño resistente: Ábalos y su negativa a dimitir
El caso Ábalos no es único pero sí paradigmático. A diferencia de otros exdirigentes socialistas como Santos Cerdán —también investigado— Ábalos nunca entregó su acta ni renunció al sillón parlamentario pese a las presiones internas del partido. Esta resistencia ha permitido que siga participando activamente en las decisiones legislativas más sensibles para su propio futuro judicial.
Por si fuera poco, su voto pasó desapercibido durante el debate; ni desde el PSOE ni desde los partidos rivales hubo comentarios sobre lo insólito del asunto. Un silencio administrativo digno del mejor teatro político.
