Lo suyo no es el perfil bajo.
Y eso que está pringado hasta las cejas
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha decidido activar a la Fiscalía para investigar los presuntos crímenes de guerra y genocidio cometidos por Israel en la Franja de Gaza.
Este gesto, interpretado por numerosos expertos como un movimiento «instrumental» para dar “apariencia de soporte jurídico” a las posiciones políticas del presidente Pedro Sánchez, no ha tardado en suscitar reacciones encendidas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Lo relevante del caso no es sólo la decisión en sí, sino el contexto en que se produce: un conflicto internacional sin consenso jurídico sobre la calificación de genocidio y una España embarcada en una campaña de boicot político-deportivo contra Israel que ya salpica a eventos emblemáticos como La Vuelta Ciclista a España.
Investigación judicial o cobertura política
Según juristas consultados por distintos medios, la iniciativa de García Ortiz carece de base sólida en Derecho Internacional. Hasta el momento, ningún tribunal ni organismo internacional ha calificado las acciones israelíes como genocidio. De hecho, subrayan que no se cumplen los estrictos requisitos jurídicos para ello. La instrucción, insisten varias voces del ámbito legal, no tendría más recorrido que ofrecer cobertura al relato político del Gobierno en plena escalada retórica contra el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.
El propio decreto firmado por García Ortiz concede a Dolores Delgado —exministra de Justicia y exfiscal general— un papel protagonista como coinvestigadora junto a Jesús Alonso, jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Este movimiento ha sido leído también como un ejemplo más del trasvase entre los altos cargos políticos y judiciales en España.
Boicot deportivo: La Vuelta Ciclista como campo de batalla
El eco mediático no ha tardado en trasladarse al deporte. La última edición de La Vuelta Ciclista a España ha estado marcada por protestas multitudinarias contra la presencia del equipo Israel Premier Tech. Las manifestaciones —alentadas desde sectores gubernamentales— desembocaron en incidentes graves: etapas interrumpidas, lanzamientos de objetos al pelotón y hasta lesiones entre los corredores.
La Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió un comunicado condenando el boicot y advirtiendo sobre la “instrumentalización política” del evento. La organización española fue felicitada por su profesionalidad, pero la sombra del Gobierno sobre el desarrollo deportivo era ya demasiado alargada. Las palabras del propio Sánchez pidiendo excluir a Israel de competiciones internacionales intensificaron aún más el conflicto diplomático con Tel Aviv.
Las declaraciones públicas de Sánchez fueron rápidamente respondidas por el ministro israelí Gideon Saar, que le acusó abiertamente de “antisemita” y “mentiroso”. El cruce dialéctico escaló con retuits cruzados entre responsables políticos españoles e israelíes, poniendo en evidencia cómo la política nacional puede traspasar fronteras con una facilidad pasmosa.
En paralelo, desde sectores críticos se señala que el Gobierno estaría utilizando el caso Gaza para desviar la atención sobre otros escándalos internos —corrupción, pactos parlamentarios o crisis económica—. El debate se alimenta así tanto desde los argumentarios oficiales como desde las redes sociales.
El bufete Garzón: conexiones venezolanas bajo lupa
En medio de este torbellino político-judicial emerge una derivada internacional: las relaciones entre bufetes españoles y regímenes extranjeros bajo sospecha. Uno de los señalados es el despacho Ilocad, liderado por el exjuez Baltasar Garzón.
De acuerdo a The Objective, esta actividad coincidía en el tiempo con cargos relevantes ocupados por Dolores Delgado, pareja sentimental de Garzón. La documentación publicada revela que PDVSA contrató al despacho para litigar contra proveedores acusados de fraude y cohecho —mientras su propio directivo firmante era investigado por corrupción.
Por si quedaban dudas sobre la opacidad del asunto, conversaciones filtradas muestran cómo desde Caracas se valoraba hasta qué punto Garzón era “el más débil” dentro del engranaje político-judicial hispano-venezolano.
Escrito de rectificación
«El despacho de abogados ILOCAD jamás ha facturado casi 9 millones de euros, ni ninguna otra cantidad, al Gobierno de Venezuela por labores legales que incluyan la “coordinación con la Fiscalía en España”.
El despacho de abogados ILOCAD tampoco ha sido contratado ni ha efectuado ninguna actuación profesional consistente en el mantenimiento de una “interlocución preferente con fiscales españoles”.
Como ya se ha rectificado en otros medios de comunicación, el despacho ILOCAD fue contratado por otro despacho de abogados para llevar a cabo actuaciones de la abogacía en España dentro del ámbito judicial penal, sin que se haya facturado por ello una cantidad de casi 9 millones de euros y sin que ILOCAD hubiese participado en la redacción ni tuviese conocimiento ni relación o vinculación alguna con un documento de fecha 15 de noviembre de 2016, que ha sido difundido por otro medio de comunicación, donde se describen prestaciones contractuales que no se ajustan a la realidad».
