En La Retaguardia de este viernes 19 de septiembre, Eurico Campano analiza con Eduardo García Serrano y Coto Matamoros el último despropósito del gobierno presuntamente feminista: dejar desprotegidas a mujeres víctimas de violación o maltrato.
Y es que las pulseras antimaltrato, esos dispositivos que prometían mantener a raya a los agresores y tranquilizar a las víctimas, han pasado de ser símbolo de vanguardia a convertirse en el epicentro de un escándalo con tintes de sainete burocrático.
El asunto no solo salpica a Irene Montero, arquitecta del polémico cambio de proveedor, sino también a su sucesora, Ana Redondo, ambas señaladas por una gestión que ha dejado a miles de mujeres desprotegidas. La tormenta estalló tras hacerse pública la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, que reconoce la pérdida de datos de maltratadores, fallos masivos en los dispositivos y, lo más alarmante, la posible absolución de decenas de agresores por la falta de registros fiables.
Un cambio precipitado, un resultado desastroso
Todo comenzó cuando, en julio de 2023, el Ministerio de Igualdad licitó con carácter de urgencia la gestión del servicio integral de seguimiento telemático por nada menos que 50 millones de euros. El objetivo era actualizar el sistema y, de paso, garantizar las órdenes de alejamiento. Sin embargo, la premura por adjudicar el contrato a la nueva UTE de Vodafone y Securitas Seguridad España, sustituyendo a la veterana Telefónica, se tradujo en una migración tecnológica plagada de errores.
- El plan de transición obtuvo una calificación interna de 3,6 sobre 10, pero se siguió adelante.
- Se perdió información de agresores anteriores a marzo de 2024, creando un vacío legal y judicial sin precedentes.
- Algunos dispositivos, según testimonios judiciales, “se podían quitar perfectamente”, dejando a las víctimas expuestas y a los agresores, en el mejor de los casos, tentados a reincidir contra sus víctimas.
Ahorro a precio de saldo y pulseras de AliExpress
El Ministerio presumió de ahorro: el coste mensual por pulsera bajó de 591 a 384 euros, una rebaja del 35%. Pero el ahorro salió caro: fallos constantes, pérdida de cobertura y dispositivos poco fiables que, según la expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, “se habían comprado en AliExpress”. La anécdota, que podría pasar por una exageración, fue confirmada por la propia Carmona, que asegura haberlo comprobado personalmente. Mientras tanto, desde Igualdad niegan la versión, aunque no pueden tapar el boquete de confianza que ha dejado la gestión.
Consecuencias devastadoras
El escándalo no es solo mediático. Más de 4.500 agresores llevan actualmente estas pulseras, pero el sistema ha fallado en momentos clave. Además, en 2023, se produjeron 126 excarcelaciones y 1.233 reducciones de condena por la ley del “solo sí es sí”, también impulsada por el equipo de Montero. Y miles de víctimas se han visto desprotegidas por la pérdida de datos y la inoperancia de los dispositivos, lo que ha derivado en sobreseimientos y absoluciones judiciales.
Por si fuera poco, sindicatos policiales y jueces llevan meses alertando de la falta de medios y la escasa fiabilidad de los dispositivos. El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que hay casos donde solo un agente puede proteger a 60 víctimas a la vez, haciendo inviable la vigilancia efectiva.
El Partido Popular ha exigido el cese inmediato de responsables y la apertura de una auditoría independiente para esclarecer el alcance del desastre. El propio Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de “poner depredadores sexuales en la calle” y de dar “lecciones de feminismo” mientras desprotege a las víctimas. La indignación también se ha trasladado a la red social X, donde innumerables personas y perfiles muestran su enfado ante la nueva chapuza que pone en peligro a las mujeres justo por parte de un Gobierno que se llena la boca con la defensa de las mujeres.
El caso de las pulseras defectuosas simboliza el choque entre la retórica ideológica radical de las ministras ‘femipijis’ y la cruda realidad de una gestión pública que ha priorizado la imagen y el ahorro sobre la seguridad y la correcta gestión técnica de las medidas de protección de las mujeres víctimas de violación o malos tratos. El cambio de proveedor, lejos de modernizar el sistema, ha abierto una brecha de inseguridad jurídica y ha puesto en jaque la protección de las víctimas.
