Que no les falte de ná, que diría la popular sevillana de Cantores de Hispalis.
El Gobierno de España ha puesto a disposición de los activistas pro Hamás un buque de la Armada, el Furor, con 46 tripulantes cuyo coste por día de navegación oscila entre los 100.000 y los 200.000 €. No es magia. Son tus impuestos.
Esta jugada de Sánchez para seguir distrayendo la atención de su corrupción o de que su mujer vaya a ser juzgada por un delito de malversación de dinero público, ha alterado el escenario político tanto a nivel nacional como internacional. No hay precedentes de que un Estado al que se le supone serio, dé cobertura con su propio ejército a un grupo de ultraizquierdistas que dicen llevar ayuda humanitaria a Gaza para entregársela a un grupo terrorista islámico como Hamás, que luego usa esa ayuda o para venderla en el mercado negro y obtener fondos con el que financiar atentados o para repartirla sólo entre aquellos que le den apoyo a su actividad criminal. No en vano, los líderes de esta banda asesina viven a todo tren en Qatar y controlan miles de millones obtenidos gracias a las «donaciones» de diferentes gobiernos tan ineptos como nefastos.
El uso criminal de la ayuda humanitaria por parte de los terroristas de Hamás que controlan Gaza es la razón por la que el Ejército israelí podría bloquear el avance del barco una vez que se acerque a sus costas. Llegado el caso, cabe preguntarse qué ocurrirá con el buque de la Armada española y qué órdenes se le darán por parte del Gobierno español.
Mientras en Madrid se analiza la conveniencia de esta acción, en Tel Aviv han sonado las alarmas: Israel ha acusado a la flotilla de «apoyar a Hamás» por negarse a entregar la ayuda en el puerto de Ascalón, cercano a la Franja, advirtiendo del riesgo de que esta operación se convierta en propaganda para los terroristas islámicos.
Un buque de la Armada para proteger a presuntos pacifistas
El barco seleccionado para esta misión es un buque de acción marítima (BAM), un patrullero oceánico equipado con un cañón Oto Melara de 76 milímetros, dos ametralladoras, helicóptero y dron de vigilancia, capaz de albergar hasta 80 personas. Según lo anunciado oficialmente, su función es asistir a la flotilla o realizar rescates en caso necesario sin enfrentarse militarmente a Israel.
El contexto internacional añade complejidad al asunto. Sánchez hizo este anuncio desde Nueva York durante la cumbre de la ONU, subrayando la importancia del derecho que tienen los ciudadanos españoles a navegar por el Mediterráneo con seguridad. La iniciativa ha suscitado reacciones diversas: para algunos representa un compromiso con la defensa del derecho internacional y la acción humanitaria; para otros, es una maniobra arriesgada que podría tensar aún más las relaciones con Israel y complicar así la posición española en Oriente Próximo.
La decisión tomada por Sánchez llega tras días intensos de presión tanto parlamentaria como mediática. Podemos, socio esencial en su investidura, había solicitado explícitamente una intervención militar para proteger a los miembros de la flotilla. Un grupo donde la principal cara (dura) visible es la de Greta Thunberg, que hace ya días que abandonó la dirección del viaje por discusiones con otros viajeros. Junto a ella, van otros destacados ninis de la izquierda caviar como Ada Colau y varios concejales de ERC, Compromís, Podemos o la CUP. Todos ellos, por supuesto, cobrando su sueldo público sin trabajar para los habitantes de los ayuntamientos que le pagan su sueldo con sus impuestos.
En redes sociales, esta Flotilla ha sido rebautizada como los de Vacaciones en el Mar, ya que han trascendido sus escalas en lugares nada humildes, sino caros como Menorca o Mykonos. También provocó mucho cachondeo en redes sociales que a las pocas horas de salir del puerto de Barcelona, la Flotilla se diera la vuelta y regresase a puerto alegando que había mala mar. Parece que las decisiones asamblearias que se toman a bordo no tienen conocimiento suficiente de navegación marítima.
