La tensión en los pasillos del Congreso de los Diputados ha aumentado considerablemente tras el movimiento que está considerando José Luis Ábalos: dejar su escaño para esquivar la jurisdicción del Tribunal Supremo y poner su futuro en manos de la Audiencia Nacional.
Esta decisión, que no parece obra de una mente aficionada a los rompecabezas, busca evitar la instrucción ya activada por el Supremo por su supuesta implicación en una trama de contratos irregulares relacionada con el caso Koldo.
La jugada de Ábalos se produciría en un ambiente de máxima presión, donde el PSOE ha decidido soltar lastre con una contundencia que recuerda más a un rescate cinematográfico que a una purga administrativa. La expulsión definitiva del exministro, tras dieciséis meses de trámites internos y un expediente disciplinario que haría temblar a cualquier militante, marca un punto álgido en la estrategia socialista para proteger su imagen frente al vendaval de corrupción que tiene el PSOE, el Gobierno y la familia de Pedro Sánchez.
El Supremo toma las riendas y el Congreso se convierte en tablero
El Tribunal Supremo ha asumido la causa penal contra Ábalos tras la exposición razonada del juez Ismael Moreno, instructor en la Audiencia Nacional, quien ha encontrado indicios claros de varios delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Esta decisión se basa en la sospecha de que Ábalos desempeñó un papel central en el entramado diseñado para adjudicar irregularmente contratos de material sanitario durante la pandemia, con Koldo García, su exasesor, como figura clave en esta operativa.
El Supremo ha nombrado al magistrado Leopoldo Puente como instructor del caso. Además, la Audiencia Nacional proseguirá con la investigación respecto a los implicados que no sean aforados, salvo que se demuestre una conexión material ineludible con los hechos atribuidos a Ábalos, cuya comparecencia ante el Supremo se ha adelantado al 23 de junio, coincidiendo con la citación de Koldo García, para acelerar la instrucción y evitar solapamientos con otros procedimientos.
La dirección del PSOE ha actuado rápidamente para cerrar filas y tratar de mitigar el impacto político del escándalo. La expulsión de Ábalos como militante, aprobada por la Comisión Ejecutiva Federal, llega junto a la dimisión de Santos Cerdán, quien ha entregado su acta de diputado y solicitado su baja voluntaria del partido. Con esto, los socialistas buscan dar la imagen de no tener nada que ver con la corrupción de quien ha sido su numero dos, que fue nombrado para sustituir a otro corrupto numero dos.
Por su parte, el exasesor Koldo García se ha convertido en el epicentro de esta investigación. Su declaración ante el Supremo está prevista para el 23 de junio. Un informe elaborado por la UCO sitúa a García como un intermediario activo en las adjudicaciones de contratos y en encubrir cobros irregulares. Esto refuerza la idea de una trama organizada que supo aprovecharse de la situación excepcional generada por la pandemia. Y es que esta presunta red utilizó información privilegiada para asegurar adjudicaciones mediante el Ministerio de Transportes, siendo Ábalos el nexo entre dicha estructura y otras administraciones públicas. Además, han surgido evidencias económicas y operaciones poco claras relacionadas con el entorno del exministro; entre ellas se encuentran propiedades utilizadas y viajes oficiales financiados con fondos públicos.
Si Ábalos finalmente decide renunciar a su escaño, perdería su aforamiento y su caso pasaría a ser tratado por la Audiencia Nacional. Allí las medidas cautelares y las investigaciones podrían llevarse a cabo sin las protecciones institucionales que brinda el Congreso. Por su parte, aunque el Supremo perdería competencia sobre él, seguiría centrando sus esfuerzos sobre esta trama si se demuestran conexiones directas con otros aforados.
Mientras tanto, el PSOE trata a la desesperada de desvincularse para contener cualquier desgaste adicional. Sin embargo, las ramificaciones del caso Koldo amenazan con extender esta crisis e introducir nuevas fisuras dentro del Ejecutivo. Esta gestión interna de la corrupción no son más que maniobras cosméticas para tratar de que en las próximas elecciones, los socialistas no sufran un castigo severo.
