Le huele el culo a pólvora y no es la única.
Tras muchos meses de negar y mentir como bellacos, a los corruptos del PSOE se les acaba el tiempo y la excusa.
La política española no descansa ni siquiera en pleno verano.
Esta vez, el foco de atención recae sobre Francina Armengol, presidenta actual del Congreso y ex presidenta de las Islas Baleares.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está finalizando un informe que podría resultar devastador para su carrera política, al situarla como una intermediaria clave en la trama que vendió mascarillas defectuosas, liderada por Víctor de Aldama durante el periodo crítico de la pandemia.
Además, este escándalo no solo afecta a Armengol, sino que también podría involucrar a otros pesos pesados del socialismo, como Ángel Víctor Torres, actual ministro y ex presidente canario, quien es investigado por presunto cobro de comisiones durante su mandato como alcalde de Arucas.
La UCO ha centrado su atención en cómo gestionó Armengol el gobierno regional de baleares durante los meses más complicados del Covid-19. El informe, que será enviado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, examina cómo el ejecutivo autonómico desembolsó 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión SL, una empresa vinculada a Aldama, por 1,4 millones de mascarillas que resultaron defectuosas. Lo más llamativo es que este pago se realizó sin un contrato formal y el material fue declarado fraudulento en junio de 2020. Sin embargo, el gobierno balear no inició la reclamación del dinero hasta tres años después, justo antes de las elecciones donde perdió frente al PP.
Entre los elementos más comprometidos que han salido a la luz, se destaca que Armengol sugirió a empresarios baleares contratar con la empresa de Aldama, extendiendo así el negocio más allá del ámbito público. No se limitó solo a una compra institucional; además impulsó activamente que empresarios locales se unieran a esta red de suministros, alimentando una trama que ya había beneficiado al entonces ministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Las pruebas que vinculan a Armengol con los principales actores del caso son contundentes. Los investigadores han encontrado mensajes de WhatsApp entre ella y el exasesor ministerial Koldo García, donde este le instaba a reunirse con empresarios cercanos a Aldama. Estas conversaciones han sido consideradas por la UCO como indicativas y se suman a otros documentos que muestran su mediación en favor de esta trama.
La investigación ha destapado serias irregularidades en cómo el gobierno balear adquirió las mascarillas. Según los informes policiales, la entrega se realizó antes incluso de contar con un contrato formal y carecía de una factura válida; solo había una proforma sin valor legal. El 27 de abril de 2020 ya estaban en Baleares las mascarillas, pero no fue hasta dos días después cuando comenzó la tramitación urgente y la resolución oficial llegó el 4 de mayo. Para la Guardia Civil, esto demuestra una falta total de control y transparencia, lo cual ha reforzado las sospechas sobre tráfico de influencias y prevaricación.
Además, la UCO ha analizado el sobreprecio pagado por las mascarillas: los 3,7 millones desembolsados por fondos públicos fueron destinados a material defectuoso que nunca llegó a utilizarse y quedó almacenado como reserva. Posteriormente, el Instituto Balear de Salud emitió un certificado de conformidad pese a que dichas mascarillas no cumplían con los estándares necesarios.
La Fiscalía Europea lleva ya año y medio investigando posibles delitos relacionados con malversación, prevaricación y tráfico de influencias en esta compra financiada parcialmente con fondos comunitarios. Sin embargo, el proceso para recuperar ese dinero comenzó tarde; cuando finalmente actuaron desde el gobierno regional ya había caducado el plazo legal para hacerlo.
Un informe demoledor
El informe que está culminando la UCO resulta ser demoledor para tanto la imagen como para el futuro político de Armengol, según fuentes cercanas a la investigación. No sólo detalla su papel central en esta trama relacionada con las mascarillas; también cuestiona su capacidad para gestionar crisis y su ética política. Entre los puntos más destacados se encuentra su decisión de retener mascarillas mientras el resto de España enfrentaba escasez, priorizando acopios para Baleares ante “eventualidades”, una directriz interna difícilmente justificable en medio del estado de alarma.
Además, este informe recoge las contradicciones manifestadas por Armengol durante sus intervenciones parlamentarias. En un inicio negó conocer a Aldama; luego tuvo que reconocer un encuentro con él como mediador relacionado con Globalia. Afirmó también que las mascarillas compradas eran destinadas al uso civil; afirmación desmentida por documentos internos del Servicio Salud.
Mientras tanto, esta trama relacionada con las mascarillas acorrala cada vez más a Armengol. Otra investigación llevada a cabo por la UCO podría salpicar al dirigente socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro encargado de Política Territorial. Las pesquisas comenzaron tras la detención del empresario libanés Mohamed Derbah y se centran en presuntas comisiones irregulares percibidas por Torres y su entorno durante su etapa como alcalde en Arucas, Gran Canaria.
Los investigadores han rastreado movimientos financieros sospechosos así como contactos con empresarios bajo investigación por blanqueo y tráfico de drogas dentro del marco relacionado con Santos Cerdán (actualmente en prisión preventiva). Aunque Torres sostiene su inocencia ante estas acusaciones, la UCO ha reunido un dossier policial donde aparecen conexiones entre políticos, empresarios y pagos opacos que ponen ante interrogantes tanto su imagen como la del PSOE canario.
