Si son niños, habría que mandarlos con sus padres, pero eso no lo entiende el Gobierno Frankénstein.
Y después está todo lo demás: los que chupan del frasco, la mentira de la edad, la violencia, el crecimiento de la delincuencia…
Desde 2018, España ha acogido a cerca de 28.000 menores extranjeros no acompañados, comúnmente denominados MENAs.
Sin embargo, únicamente 41 han sido devueltos a sus países de origen. Este dato representa un porcentaje irrisorio —un 0,15%— del total y pone de manifiesto la ineficacia de las políticas de retorno dirigidas a este grupo.
Resulta aún más impactante si consideramos que, según la Fiscalía General del Estado, en 2024 llegaron casi 6.000 menores no acompañados por vía marítima, y solo ocho fueron reintegrados con sus familias en ese mismo año.
La repatriación, que sólo VOX promueve con vigor, se ha convertido en una excepción estadística.
Desde el Gobierno Sánchez se argumenta que la normativa prioriza la protección del menor por encima de cualquier otro aspecto.
No obstante, la realidad es que muchos de estos jóvenes permanecen bajo tutela autonómica durante años, atrapados en un limbo administrativo que provoca tensiones tanto políticas como sociales. Las comunidades autónomas —en especial Canarias, Baleares y Murcia— llevan meses denunciando la saturación de sus sistemas de acogida y la escasez de recursos económicos para gestionar este flujo constante.
En resumen, España enfrenta un desafío migratorio complejo donde prevalece la protección del menor pero escasean mecanismos eficaces para su integración o retorno. En este contexto complicado, las facturas siguen aumentando mientras crecen las tensiones políticas.
El gasto desmesurado: Ibiza encabeza la lista
Mientras las repatriaciones brillan por su ausencia, el coste público asociado a la acogida de estos menores sigue en aumento. En Ibiza, mantener a un mena asciende a casi 10.000 euros al mes, según datos verificados por medios especializados. Esta cifra supera con creces el coste medio nacional, que se sitúa alrededor de los 4.350 euros mensuales, según el Ministerio de Juventud.
La disparidad no es casual: en esta isla balear, la Fundación SAMU ha alquilado un adosado en una urbanización exclusiva para albergar a ocho menores migrantes, con dos cuidadoras disponibles las 24 horas y un contrato multimillonario —1,6 millones de euros por dos años— para gestionar solo una parte del total. El coste diario por plaza alcanza los 289 euros, sin incluir IVA.
La situación en Ibiza muestra cómo la saturación de centros convencionales ha llevado a soluciones improvisadas y costosas. Los vecinos han expresado su descontento respecto a la ubicación del inmueble —en una zona residencial privilegiada— y han manifestado dudas sobre su idoneidad para albergar a los menores. Sin embargo, las autoridades aseguran que no hay alternativas inmediatas y destacan que los jóvenes no han causado problemas en la convivencia.
El reparto entre comunidades: solidaridad en jaque
El reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas se ha convertido en uno de los asuntos más delicados del presente mandato legislativo. Canarias, principal punto de entrada, ha visto sus recursos colapsar y exige al Estado que asuma un papel más activo en esta crisis.
Murcia también ha denunciado que el Gobierno central está trasladando a su territorio a cientos de supuestos adultos que posteriormente resultan ser menores, sin proporcionar la financiación necesaria para su acogida. Según el PP regional, el Ejecutivo solo cubre el 5% del coste total, dejando el resto sobre las espaldas de las arcas autonómicas.
La tensión es tal que varias comunidades gobernadas por el PP han llevado este asunto ante los tribunales para evitar nuevos traslados.
Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, ha sido especialmente combativa al respecto. Mientras tanto, el Ministerio ha reducido recientemente la aportación estatal para atender a estos menores —de 145 a 35 euros por niño y día— lo cual ha provocado un verdadero motín autonómico. Las consejerías afectadas advierten que con este recorte será imposible ofrecer una atención digna.
Consecuencias políticas y sociales
La gestión de los menas ha trascendido lo técnico para transformarse en un arma política entre partidos.
El PP acusa al Gobierno Sánchez de “mirar hacia otro lado” y delegar el problema en las autonomías sin asumir responsabilidades ni aportar financiación. Por su parte, desde el Ejecutivo central se defiende que la acogida es competencia autonómica una vez transcurridos los primeros meses tras la llegada.
A nivel social, el debate oscila entre solidaridad y rechazo vecinal.
En Ibiza, los residentes han manifestado su descontento con respecto a la ubicación del centro y con la falta de transparencia en la gestión del contrato. En otras comunidades como Murcia o Canarias, surgen voces críticas ante lo que consideran una “desprotección” institucionalizada.
Datos curiosos e interesantes
- La llegada de niñas menores no acompañadas es mínimo: pasó de 238 en 2023 a 631 en 2024.
- Marruecos, Mali y Argelia superan a Senegal como principales países de origen en 2024.
- El Cuerpo Nacional de Policía ha duplicado las pruebas de ADN para confirmar vínculos familiares entre adultos y menores acompañados.
- La mayoría de los menas registrados en España provienen del norte y oeste africano, aunque también hay un número significativo procedente de Ucrania.
- El coste mensual por menor en Ibiza equivale al salario bruto medio anual de muchos trabajadores españoles.
- Las comunidades autónomas deben escolarizar a estos jóvenes aunque carezcan de documentación.
- El sistema está sobresaturado especialmente en Canarias, Baleares, Barcelona, Madrid y Murcia.
