Sería para partirse la caja si no fuera porque la factura la hemos pagado entre todos.
El regreso de los 49 miembros españoles de la conocida como Global Sumud Flotilla ha sido a costa del bolsillo de los españoles. El Estado español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha financiado tanto los vuelos de repatriación desde Israel como el despliegue de recursos diplomáticos; y además, se ha enviado un buque militar como escolta. Todo ello, claro está, a cargo del bolsillo del contribuyente.
La cifra es relevante. Solo el despliegue del buque Furor de la Armada, encargado de escoltar esta travesía humanitaria por el Mediterráneo, ha generado un gasto cercano al millón de euros. A esto se suman los costes adicionales derivados del regreso de los 49 activistas, entre los que figuran nombres como Ada Colau o Greta Thunberg. El primer grupo de 21 españoles volvió en un vuelo chárter con una factura que asciende a 8.000 euros solo en billetes. El Ministerio de Exteriores ha confirmado que hará lo mismo con los 28 restantes, cubriendo “completamente” los gastos de su retorno.
Prioridades diplomáticas y agravios comparativos
El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez y con José Manuel Albares al frente de la diplomacia, ha justificado esta decisión señalando la necesidad de proteger a los ciudadanos españoles en el extranjero. Sin embargo, las críticas han llegado rápidamente desde diferentes sectores, especialmente por el agravio comparativo con otros casos recientes. Se recuerda especialmente el caso de Ángela Angulo, la joven valenciana que quedó en coma en Tailandia y no recibió asistencia estatal; su familia tuvo que recurrir a donaciones para sufragar un avión medicalizado que costaba 400.000 euros, además de tener que tributar por las aportaciones recibidas.
Mientras tanto, los activistas de la flotilla no solo han tenido atención consular las 24 horas del día, sino también la presencia del cónsul en persona durante todo el proceso, además del escolta militar y los billetes de avión pagados por el Estado. Este contraste ha servido como caldo de cultivo para las críticas en medios y tertulias; no han faltado las referencias irónicas sobre las “vacaciones pagadas” y sobre esa “pantomima absurda y demagógica” que le ha costado cientos de miles de euros a los contribuyentes.
Activismo, derechos y la factura para todos
La controversia se intensifica debido a la naturaleza misma del viaje. Los propios repatriados han reconocido haber entrado ilegalmente en Israel para poder ser deportados rápidamente. Además, han denunciado malos tratos durante su detención, incluyendo golpes y vejaciones; esto ha abierto otro frente diplomático. El Gobierno ha anunciado que investigará estas acusaciones y que la Fiscalía ya está actuando. Sin embargo, el debate público se ha desviado rápidamente hacia el coste y la conveniencia del gasto.
Entre las críticas resalta la comparación con otros ciudadanos en situaciones difíciles, así como la falta de transparencia en la gestión y el uso partidista de recursos públicos para causas ideológicas. No faltan tampoco toques humorísticos: en redes sociales y foros se multiplican los comentarios sobre la “suerte” que tienen quienes logran que el Estado les financie unas vacaciones por el Mediterráneo con final en Madrid.
