¡Bombazo! El informe ‘original’ de la UCO sobre Torres contenía referencias a Sánchez que han sido eliminadas… de momento

Temor como nunca en el Palacio de La Moncloa.

Y todo por una exclusiva bomba de Teresa Gómez en ‘The Objective’.

En el expediente que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres había más cosas y citas concretas a Pedro Sánchez, que de momento han desaparecido.

El remitido al juez Leopoldo Puente —el magistrado instructor del Tribunal Supremo a cargo del conocido caso Ábalos— sufrió un retraso considerable.

En origen, el documento era mucho más amplio, ya que incorporaba conversaciones que hacían mención especial al marido de Begoña.

Sin embargo, según ha podido saber The Objective, esas referencias tan explícitas fueron eliminadas por orden del juez Puente, quien las consideró «irrelevantes penalmente».

Fuentes consultadas por la incansable reportera de The Objective sostienen que el retraso de más de seis meses en la entrega del informe sobre Torres responde —en gran medida— a ese cruce interno de borrados, revisiones y reescrituras.

En los primeros borradores del informe de la UCO, el nombre del presidente Sánchez aparecía citado en más de una conversación interceptada entre actores del llamado caso Ábalos.

Estas menciones no implicaban directamente un delito atribuible al presidente, según fuentes de la investigación, pero funcionaban como contexto informativo para describir cómo operaba la trama en torno a la contratación pública durante la pandemia.

No obstante, el magistrado Puente entendió que esas referencias no tenían un encaje penal que justificara su inclusión en un documento de investigación judicial, y exigió que se eliminasen «por irrelevancia jurídica». Así, los investigadores suprimieron gran parte de esas menciones, dejando «únicamente y exclusivamente aquellas imprescindibles cuya supresión implicaría la alteración del contexto».

La historia —con tintes dignos tanto novela negra como sainete político— promete seguir generando titulares mientras los ciudadanos españoles contemplan atónitos cómo un ministro intenta escudarse tras lo ausente en un informe para evitar explicar lo revelado claramente.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pasado a ser el centro del debate político esta semana tras la difusión del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca de la conocida como “trama de las mascarillas”.

Este extenso documento, que supera las 350 páginas, no solo ha generado controversia, sino que ha intensificado las interrogantes sobre el verdadero grado de implicación del ex presidente canario en los contratos sanitarios millonarios gestionados durante la pandemia.

El texto, enviado al juez de la Audiencia Nacional, desvela intercambios directos entre Torres y Koldo García, un exasesor ministerial.

En ellos, el actual ministro presiona para agilizar los pagos a Soluciones de Gestión, una empresa central en este escándalo y relacionada con el empresario Víctor de Aldama. Estas conversaciones no son meras anécdotas; evidencian un Torres involucrado en validar materiales y solucionar obstáculos administrativos, a pesar de las advertencias por parte de técnicos del Gobierno canario sobre los elevados precios de las mascarillas.

El “interés general” como excusa: contradicciones y falacias

A pesar de los contundentes hechos que se recogen en el informe, Torres ha sostenido públicamente que este documento no lo incrimina en ningún delito. “No hay mordidas, ni comisiones, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente, ni nada por el estilo”, proclamó durante una rueda de prensa. Su actitud combina una notable autocomplacencia con un toque de victimización. Sin embargo, esta estrategia —basada en lo que el informe omite— para evitar aclarar lo que realmente revela ha generado malestar incluso dentro del propio partido.

Los mensajes captados por la Guardia Civil indican que Torres no solo facilitó pagos; también criticó a altos funcionarios de su propio Ejecutivo por frenar el abono de facturas. Frases como “Déjame hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire”, dirigidas a Koldo García, dejan entrever un lenguaje poco habitual en la administración y revelan un nivel significativo de presión e implicación que contradice sus afirmaciones sobre mantener una neutralidad institucional durante sus intervenciones parlamentarias.

Aldama, las acusaciones y el “tema de la luz”

El empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto comisionista en esta trama, ha vuelto a reiterar sus acusaciones contra Torres esta semana. Según Aldama, el ministro le habría pedido 50.000 euros mediante Koldo García; aunque asegura no haber cumplido con esta solicitud, esto añade una sombra más sobre su gestión como presidente canario. Para él, Torres “sabe mentir perfectamente” y afirma que “se ha reído una vez más de todos los españoles”.

La investigación realizada por la UCO también ha destapado el uso de un lenguaje codificado dentro del entramado para encubrir los negocios relacionados con las mascarillas. Frases como “el tema de la luz” eran empleadas para referirse a contratos en Canarias, intentando así disfrazar gestiones y evadir controles administrativos o judiciales. Este tipo de jerga recuerda más a tramas propias del espionaje que a realidades judiciales, añadiendo un matiz casi tragicómico a un caso que pone en entredicho la transparencia en la gestión del dinero público durante una crisis sanitaria.

Calviño y la tramitación exprés: la maquinaria del poder al servicio de la trama

Uno de los episodios más reveladores del informe es sin duda el papel desempeñado por Nadia Calviño, quien era vicepresidenta económica en ese momento. Ella tramitó urgentemente el alta para la empresa de Aldama con el fin de que pudiera cobrar por los contratos relacionados con las mascarillas. Esta gestión está respaldada por documentación oficial y permitió que Soluciones de Gestión obtuviera más de 12 millones de euros en contratos, pese a las dudas existentes sobre tanto calidad como precio del material proporcionado.

El informe elaborado por la Guardia Civil deja claro que existía un canal directo entre Torres, Koldo García y Aldama que facilitaba sortear burocracias y acelerar pagos. Esto ocurrió incluso cuando técnicos del Gobierno canario advertían sobre posibles irregularidades. Las repercusiones políticas han sido inmediatas: desde el Partido Popular se exige urgentemente que tanto Torres como Pedro Sánchez comparezcan ante el Congreso para ofrecer explicaciones sobre presuntas financiaciones irregulares e involucramiento ministerial en este escándalo.

La defensa del ministro: de la negación al ataque judicial

Ante este cúmulo creciente de evidencias, Torres ha decidido adoptar una estrategia dual: rechazar cualquier implicación ilegal y anunciar acciones legales contra Aldama por intromisión en su honor. El ministro se presenta como víctima ante lo que califica una campaña difamatoria; insiste en que “el informe no le cita ni le exige ninguna circunstancia” y recalca enfáticamente que ni él ni su familia han obtenido beneficio alguno relacionado con estos contratos. Sin embargo, resulta evidente que algunos documentos contradicen partes importantes de su relato; esto incluye sus declaraciones sobre no tener relación personal con Aldama —una afirmación hecha por Torres en el Senado— ahora refutada por informes policiales que confirman al menos un encuentro entre ambos.