Un tramposo.
Que miente más que habla.
Y que se ha tragado sapos de todos los colores para agradar a su amo, Pedro Sánchez.
En una sala de gran solemnidad del Tribunal Supremo, el futuro de Álvaro García Ortiz quedó en manos de un grupo selecto de agentes de la Guardia Civil y de la inquebrantable secuencia de los acontecimientos.
La Unidad Central Operativa (UCO), bajo el mando del teniente coronel Antonio Balas, presentó datos, informes y una contundencia que dejó poco espacio a las dudas: el fiscal general tuvo “dominio a todos los niveles” sobre la información que terminó filtrándose acerca de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El juicio, ya en su fase final, ha revelado no solo las debilidades en la defensa de García Ortiz, sino también las tensiones latentes entre las principales instituciones del Estado.
Todo ello se desarrolla en un contexto cargado de sospechas, borrados inexplicables de móviles y una lucha por controlar el relato.
En los pasillos del Supremo resuena más un comentario recurrente: no tanto quién pudo ser responsable de filtrar ese correo sino si nuestra justicia está equipada adecuadamente para afrontar un escándalo tan directo contra quien representa públicamente a Fiscalía. Y como ocurre en toda buena serie nacional digna del nombre, aunque ya visto para sentencia este capítulo promete giros inesperados aún por descubrir.
La secuencia de los hechos: de la investigación al banquillo
La UCO defendió ante el Supremo la solidez de su investigación. Los agentes confirmaron que fue solo cuando la Fiscalía General del Estado tuvo acceso al expediente tributario, a la denuncia y a los correos relacionados con González Amador, que la información apareció en los medios. Esa “concurrencia temporal” fue uno de los pilares fundamentales de su informe: hasta ese instante, ningún dato había sido divulgado.
El 13 de marzo de 2024, los medios publican información sobre el expediente y el acuerdo propuesto al fiscal por el abogado de González Amador.
Ese mismo día, toda la documentación relevante estaba en manos de la Fiscalía General.
Entre los mensajes analizados, se detectó uno entre fiscales implicados: “una vez analizado se da publicidad”.
Para los investigadores, esta cadena de indicios era suficiente para llevar al fiscal general al banquillo. “Nada se había filtrado hasta que no estuvo en manos de la Fiscalía General”, enfatizó Balas, desmantelando así la estrategia defensiva de García Ortiz.
El borrado del móvil: el momento clave
Uno de los episodios más polémicos fue el borrado del móvil del fiscal general. Siete días después de que el Supremo iniciara diligencias contra él, García Ortiz cambió su terminal y reseteó el anterior. Cuando la UCO accedió a su despacho para realizar el volcado electrónico, se encontró con que el teléfono estaba completamente vacío.
Los agentes justificaron el “volcado total” como algo necesario: es técnicamente imposible hacer una copia parcial y selectiva.
El jefe de la UCO fue contundente: “El borrado del móvil se realizó para que no tuviéramos certeza técnica”.
A pesar del borrado, la Guardia Civil sostiene que “lo que se filtró estaba antes en manos de la Fiscalía”, reforzando así la hipótesis que apunta a que la filtración provino del entorno del fiscal general.
Mientras tanto, García Ortiz argumentó durante su declaración que utiliza borrados automáticos y que no conserva mensajes de WhatsApp más allá del mes por motivos relacionados con su seguridad profesional.
El pulso institucional: Fiscalía, Abogacía y Guardia Civil
La sesión en el Supremo fue testigo de un intenso enfrentamiento institucional. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no dudaron en intentar desacreditar las acciones llevadas a cabo por la UCO, calificando como desproporcionados tanto los registros como las copias realizadas en dispositivos electrónicos. Las acusaciones sobre extralimitación y vulneración del derecho a defensa resonaron en toda la sala; una estrategia que algunos juristas consideran habitual en casos relacionados con narcotráfico pero insólita dentro del núcleo duro del Estado.
La defensa intentó desmontar los informes presentados por la UCO argumentando que el correo filtrado había sido enviado a una dirección accesible para 16 personas y recordaron que hasta 600 funcionarios podían consultar el expediente tributario. Sin embargo, los investigadores mantuvieron firme su postura: todos los indicios apuntaban hacia lo más alto dentro jerárquico de la Fiscalía.
Testimonios, contradicciones y la batalla por la credibilidad
El juicio ha estado marcado por testimonios contradictorios y una lucha subyacente por mantener intacta la credibilidad institucional. Durante su intervención ante el tribunal, García Ortiz expresó su malestar por cómo se había manejado su situación: “Particularmente grave y doloroso, no solo para mí como fiscal general sino para toda la Fiscalía Española”.
Reiteró que su única preocupación era defender las acciones realizadas por sus subordinados y argumentó que la nota emitida por Fiscalía solo exponía hechos. Sin embargo, desde la UCO refutaron su versión señalando que toda información filtrada ya estaba bajo control administrativo antes que llegara a manos fiscales; aunque muchas personas tuviesen acceso a esos documentos, solo cuando llegaron a esa instancia se produjo realmente esa filtración.
Antonio Balas fue claro: “A lo largo del proceso se observa un dominio total por parte del fiscal general”.
La defensa insistió en señalar que otros medios conocían sobre ese correo antes sin haberlo publicado. Balas respondió indicando que lo esencial era lo publicado textualmente y cómo coincidió temporalmente con el acceso por parte de Fiscalía.
