En La Retaguardia de este martes 18 de noviembre, Eurico Campano analiza con Mario Garcés, Álvaro Romero, Eduardo Arias y John de Zulueta la cada día más delicada situación del Gobierno con los avances en la investigación judicial de la corrupción de PSOE, del Ejecutivo y de la familia del presidente.
Una vez más, la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, se convierte en el telón de fondo de intrigas dignas de una novela policíaca. Sin embargo, lo que ha salido a la luz recientemente supera cualquier ficción: Leire Díez, conocida ya como “la fontanera” del partido, y el empresario Javier Pérez Dolset han declarado ante el juez que mantuvieron, en medio de la crisis provocada por la imputación de Begoña Gómez, dos encuentros clandestinos con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y el hombre fuerte del Gobierno, Antonio Hernando. El objetivo era entregar audios comprometidos grabados por el incombustible excomisario José Manuel Villarejo, que salpican directamente al núcleo duro socialista y a la familia del presidente.
La situación no podría ser más tensa. En abril de 2024, Pedro Sánchez se encontraba inmerso en unos días críticos tras la apertura de diligencias contra su esposa. Durante esos momentos, Ferraz vivió un ritmo frenético, con un ajetreo muy por encima de lo habitual. Según relatan los comparecientes ante el magistrado, cada reunión tuvo una duración aproximada de 40 minutos y se llevó a cabo en la planta superior, lejos de miradas indiscretas.
Los detalles sobre los audios comienzan a complicar aún más la historia. Entre el material que fue entregado al PSOE se encontraba una grabación acerca de las supuestas saunas que manejaba el suegro de Sánchez. Este asunto ya había sido objeto de comentarios e investigaciones policiales desde 2014. Aunque esta información circulaba desde hace años, su reaparición justo en medio del escándalo judicial relacionado con Begoña Gómez reactivó viejos temores y rivalidades internas.
Según las declaraciones de Dolset, esta entrega no fue un hecho aislado. Asegura que él y Díez habían enviado documentos similares a otros partidos —PP, Vox, Junts, Podemos— argumentando que todos podrían convertirse en “víctimas” de las maniobras del comisario Villarejo. Este intercambio de dossieres parece estar menos orientado hacia una limpieza política y más hacia un intento por embarrar aún más el panorama.
Durante sus comparecencias, tanto Díez como Dolset han rechazado cualquier vínculo orgánico con el PSOE y han calificado como “fantasmadas” muchas afirmaciones sobre su supuesto poder para influir en fiscales o jueces. Sin embargo, en las grabaciones presentadas al caso, Díez se presenta ante el fiscal Ignacio Stampa como “la mano derecha que nunca aparecerá” de Cerdán y asegura ser la persona designada por el partido para gestionar los daños judiciales.
El papel de los “fontaneros” y la cadena de favores
Lo que comenzó como un intento por frenar investigaciones incómodas ha terminado por poner bajo escrutinio los propios mecanismos defensivos del partido. La investigación judicial busca esclarecer si Díez y Dolset intentaron obtener información “comprometida” de la Guardia Civil y la Fiscalía con el fin de “malbaratar” causas abiertas contra empresarios y políticos cercanos al Gobierno.
Entre las maniobras investigadas se encuentra un fallido intento por negociar con un empresario fugado en Dubái. A este individuo, “la fontanera” llegó a ofrecer mediación con la Fiscalía a cambio de información sobre un alto mando de la UCO, unidad especializada en investigar casos sensibles relacionados con el Gobierno. Dolset admitió que todo fue una “fantasmada” que no llegó a concretarse. Pero al igual que en las mejores historias de espías, los gestos son tan reveladores como los hechos.
Esta trama cuenta con ingredientes dignos de una serie televisiva: anotaciones en las agendas del propio Villarejo mencionan a Óscar López y Antonio Hernando como asistentes a reuniones; existe un chat de WhatsApp llamado “La compañía” donde periodistas, fiscales y dirigentes de Podemos intercambiaban información sobre los elementos más explosivos del caso Villarejo; además hay una constante sospecha sobre las verdaderas identidades detrás de cada cara visible.
Mientras tanto, los abogados defensores han solicitado anular las grabaciones fundamentales para gran parte del sumario alegando violaciones al derecho a la intimidad y al secreto profesional. La figura del excomisario —que ha pasado a ser una leyenda viviente dentro del entramado oscuro del Estado— sigue proyectando su sombra sobre todo el tablero político.
Consecuencias y derivadas: una soga cada vez más corta
Este nuevo capítulo sobre los «fontaneros» ha devuelto a Ferraz y a Moncloa los ecos inquietantes de guerras internas pasadas. Dossieres e información reservada vuelven a usarse como armas para ejercer presión. La estrategia defensiva adoptada por los implicados consiste en presentarse como víctimas dentro de una maquinaria mayor —la tejida por Villarejo— que habría buscado comprometer a todos los partidos políticos, no solo al PSOE. Sin embargo, la participación activa de altos cargos socialistas en reuniones discretas junto con la entrega oportuna de audios sensibles refuerza la percepción de que esta lucha por controlar los “daños colaterales” transcurre entre despachos donde predominan más sombras que luces.
La investigación avanza en el Juzgado número 9 de Instrucción en Madrid; sin embargo, tanto la presión mediática como política son implacables. Los días reflexivos para Pedro Sánchez han quedado atrás. Ahora enfrenta una soga política —apretada por sus propios fontaneros— que amenaza con asfixiar a más de uno dentro Ferraz.
