Madrid. La política española se agita nuevamente con otro capítulo en el escándalo de los contratos amañados y los sobornos que afectan a altos funcionarios del Gobierno.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avanza en su indagación sobre la supuesta red de comisiones ilegales liderada por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, actualmente tras las rejas, y centra ahora su atención en Vicente Fernández Guerrero, quien fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y colaborador cercano de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda.
La teoría que manejan los investigadores es contundente: Fernández habría desempeñado el papel de “muleta” para que Cerdán pudiera cobrar comisiones, actuando como un escudo entre la constructora Servinabar —nodo financiero central de esta trama— y el entramado de intereses políticos y empresariales que operaban a sus espaldas en la adjudicación de contratos públicos.
El método: manual de corrupción en dos actos
Las indagaciones realizadas por la UCO, a las que ha tenido acceso la prensa, desvelan un sistema tan simple como efectivo. El ex ‘número dos’ de Montero fue colocado en Servinabar con un salario mensual de 6.000 euros; sin embargo, hay indicios que sugieren que su verdadera función era facilitar y legitimar el flujo monetario entre la empresa y la red dirigida por Cerdán. Por ejemplo, Servinabar recibió un contrato valorado en 72 millones de euros para reformar el túnel de Belate en Navarra; al menos seis millones fueron a parar a sus cuentas, y parte de esos fondos se desviaron como mordidas.
El esquema funcionaba así:
- Empresas interesadas en adjudicaciones pagaban un 2% del valor total de cada contrato público amañado a través de Servinabar 2000 SL, firma que Cerdán controla desde 2016 mientras mantenía oculta su participación.
- Servinabar operaba como plataforma para alimentar la red de comisiones ilegales; no obstante, para justificar los pagos periódicos —y darles una apariencia legal— era necesaria una figura interpuesta sin vínculos políticos: Vicente Fernández.
- Parte del dinero se quedaba en la empresa, mientras que otra fracción se desviaba mediante cooperativas opacas (Noran, Erkolan), llegando incluso a cuentas pertenecientes a familiares del propio Cerdán o integrantes cercanos a su círculo político.
La SEPI, Servinabar y la mano de Montero
El nombre Vicente Fernández Guerrero ya ha resonado anteriormente en el ámbito judicial. Su paso por la SEPI estuvo marcado por controversias: estuvo involucrado en expedientes cuestionados como los casos Plus Ultra o Duro Felguera, y presentó su dimisión en 2019 tras ser imputado por presunto tráfico de influencias y malversación en el caso Aznalcóllar. Sin embargo, su regreso a Servinabar —con el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses en 2021— fue interpretado por los investigadores como una maniobra para blanquear pagos y mantener los engranajes bien aceitados.
La conexión política es innegable: Fernández ha sido durante años un colaborador cercano a María Jesús Montero, lo que sitúa a la actual vicepresidenta en una posición delicada aunque no figura como investigada. Por su parte, Fernández ha negado que Cerdán tuviera algo que ver con su incorporación a la constructora, pero reconoce haber trabajado para ella con un salario elevado justo cuando florecían las adjudicaciones sospechosas.
Torres, Armengol y Ábalos: la reunión sobre las facturas
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil también se adentra en los vínculos empresariales. De acuerdo con informes elaborados por la UCO, Ángel Víctor Torres (actual ministro de Política Territorial) y Francina Armengol (presidenta del Congreso) figuran mencionados en una reunión con el exministro José Luis Ábalos “para hablar sobre facturas” durante julio del 2020, coincidiendo con el periodo en que se realizaron pagos ilegales relacionados con la compra de material sanitario durante la pandemia.
Este encuentro, organizado por Koldo García, asesor también investigado cercano a Ábalos, tuvo lugar en Madrid y está documentado mediante mensajes intervenidos. Aunque Armengol finalmente no asistió al evento, la presencia confirmada de Torres junto a su coordinación con el círculo cercano a Ábalos refuerza la hipótesis sobre una red política bien orquestada y transversal.
Es relevante señalar que muchas exclusivas que han permitido avanzar este caso llevan la firma del periodista Alejandro Entrambasaguas, quien ha seguido cada paso dado por la UCO y ha revelado detalles esenciales sobre los protagonistas y el funcionamiento interno de esta red. Su labor ha sido crucial para informar al público sobre las ramificaciones detrás este nuevo escándalo corrupto.
El puzzle de los nombres y las ramificaciones
Según lo indicado por la UCO, esta trama estaba dividida en dos vertientes: una dedicada al cobro ilegal de comisiones y otra enfocada en manipular concursos públicos. Dentro del segundo grupo destacan figuras como Javier Herrero (exdirector general de Carreteras) e Isabel Pardo de Vera (exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif), ambos identificados como responsables al dirigir adjudicaciones hacia empresas aliadas con esta red.
El caso también involucra a empresarios cercanos al PNV, tales como Jon Iñaki Alzaga Etxeita, así como grandes adjudicatarias como Acciona, que transfirió seis millones a Servinabar justo cuando se multiplicaban los contratos públicos tanto en Navarra como a nivel nacional.
