En La Retaguardia de este martes 09 de diciembre, Eurico Campano analiza con Mario Garcés y el director de ElCatalan.es, Sergio Fidalgo la larga vinculación de altos cargos del PSOE con escándalos sexuales de todo tipo, incluyendo acoso sexual a mujeres dentro del partido, contratación de prostitutas o ya directamente, regentar locales de prostitución masculina y femenina, caso del suegro del propio Pedro Sánchez. Y todo ello, mientras ese mismo PSOE putero dice ser feminista.
La política española se encuentra en una situación paradójica que resulta difícil de explicar sin un toque de ironía. Mientras Pedro Sánchez se esfuerza por liderar un discurso de “tolerancia cero” hacia la prostitución y el machismo, una serie de escándalos relacionados con puteros, prostíbulos y acoso sexual envuelven a su partido, debilitando su autoridad moral.
Los nombres se acumulan como si fueran partes de una trama interminable: José Luis Ábalos y Koldo García discutiendo sobre “casting” de prostitutas en audios que han provocado la indignación incluso entre las feministas del propio PSOE; Santos Cerdán, mencionado en la misma historia; el ‘caso Salazar’, que incluye denuncias de acoso sexual contra un hombre muy cercano a Sánchez; el escándalo del ‘Tito Berni’ y el caso Mediador; el prostíbulo de la FAFFE en Andalucía; o las acusaciones contra cargos locales socialistas por abusos y trato vejatorio hacia mujeres. Todo esto sucede mientras Ferraz intenta posicionarse como la vanguardia del feminismo institucional, abanderando la abolición de la prostitución.
En septiembre, el PSOE dio comienzo al curso político con un destacado acto feminista en Alcorcón. En esta ocasión, la vicepresidenta María Jesús Montero estableció como prioridad la abolición de la prostitución, desafiando al PP a “tener el valor de decir que están a favor de los puteros”. Este mensaje pretendía cumplir dos objetivos: reforzar la imagen del PSOE como un partido feminista y abolicionista y ocultar el daño reputacional ocasionado por los audios de Ábalos y Koldo, donde se les escucha hablar sobre mujeres como si fueran objetos.
Sin embargo, esta estrategia ha terminado volviéndose contra ellos como un verdadero boomerang político. Mientras el Gobierno agitaba la bandera abolicionista, las propias trabajadoras sexuales salieron a denunciar públicamente el “doble rasero” del PSOE: “Folláis con nosotras, votáis contra nosotras”, resumió un comunicado del colectivo Stop Abolición. Las organizaciones de prostitutas critican al PSOE por intentar prohibir su actividad sin haberlas consultado previamente, mientras que muchos cargos socialistas siguen contratando sus servicios en situaciones que, en algunos casos, están relacionadas con tramas corruptas.
La contradicción es especialmente evidente porque el Gobierno promueve una ley abolicionista, mientras su socio Sumar mantiene posturas divergentes y no se han logrado mayorías estables en el Congreso para aprobarla. Además, las encuestas indican un descenso del voto femenino al PSOE, especialmente tras hacerse públicos los mensajes de Salazar a las mujeres que acosaba, que se suman a los audios de Ábalos y Koldo, que Ferraz califica como “casos vergonzosos y vergonzantes”. Todo esto ha provocado que colectivos feministas junto a trabajadoras sexuales coinciden en una crítica esencial: el partido legisla “desde arriba”, manteniendo históricamente una relación de hipocresía con respecto al trabajo sexual.
El incendio Salazar: cuando el protocolo antiacoso se vuelve contra Ferraz
Si los audios sobre prostitución dañaron la imagen externa del partido, el ‘caso Salazar’ ha abierto una grieta interna significativa. Paco Salazar, exalto cargo en Moncloa y exmiembro del ejecutivo federal, era considerado uno de los hombres más cercanos a Sánchez. Sobre él pesan varias denuncias de acoso sexual interpuestas por militantes socialistas, tramitadas mediante el protocolo interno del partido.
Los hechos clave que han desatado esta tormenta son:
- Las denunciantes afirman que el partido tardó meses en ponerse en contacto con ellas, a pesar de que el protocolo exige activar una investigación inmediata.
- Ferraz llegó a alegar un “fallo informático” para explicar la desaparición de las denuncias del sistema, argumento recibido con gran escepticismo tanto dentro como fuera del partido.
- La dirección se ha visto obligada a emitir un comunicado interno reconociendo un mea culpa, admitiendo que su gestión “no ha estado a la altura”, que no se “arropó suficientemente” a las denunciantes y que los comportamientos denunciados son “repugnantes e incompatibles” con los valores socialistas.
El problema para Sánchez no es solo jurídico o disciplinario; es también político. El caso afecta a una red de confianza cercana al presidente: se mencionan conexiones entre Salazar y la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, así como con Antonio Hernando y Anabel Mateos, todos ellos situados en el núcleo duro tras la renovación directiva después del ‘caso Cerdán’. Además, la ministra Pilar Alegría fue vista comiendo con Salazar cuando ya eran conocidas internamente las denuncias, lo cual ha alimentado la percepción de protección hacia un dirigente caído en desgracia. Por todo esto, la presión mediática ha forzado al PSOE a reactivar urgentemente el protocolo antiacoso y convocar reuniones con las responsables territoriales de Igualdad, muchas de las cuales han expresado su frustración por la falta de transparencia en todo este proceso.
El resultado es una sensación generalizada entre las mujeres socialistas: aquel partido que se autodenomina referente feminista ha actuado con lentitud, opacidad y defensas reactivas cuando se trataba de alguien cercano al círculo presidencial.
Las repercusiones derivadas de estos escándalos ya son palpables en tres niveles: dentro del PSOE, en la oposición política y entre los votantes.
Dentro del partido, dirigentes y militantes feministas advierten que las contradicciones entre discurso y acción “debilitan la credibilidad” del PSOE respecto a igualdad. Varias responsables de Igualdad demandan una profunda transformación interna para eliminar la percepción de protección hacia “compañeros” acusados por comportamientos machistas o abusivos. Incluso dentro del aparato socialista hay reconocimiento privado sobre cómo el “trato denigrante” hacia las mujeres causa más daño entre las votantes que cualquier escándalo económico relacionado con corrupción.
En la oposición, el PP considera “irremontable” el impacto del caso Salazar sobre el discurso feminista socialista. Asegura que el PSOE ya no puede agitar ninguna bandera en este ámbito. En parlamentos como el andaluz, los populares le recuerdan a los socialistas los muchos casos que ya acumulan relacionados con prostíbulos y acoso sexual: el escándalo del ‘Tito Berni’, el prostíbulo FAFFE, los audios relacionados con Ábalos y Cerdán, así como las denuncias contra Salazar para retratar al PSOE como un partido con “tradición en materia de prostitutas”. VOX ha convertido términos como “puteros” en herramientas arrojadizas para denunciar lo que consideran hipocresía por parte de un partido cuya moralidad está cuestionada ante tales escándalos relacionados con prostitución.
En el electorado, los sondeos reflejan un notable retroceso en la intención de voto femenino hacia el PSOE tras los casos Ábalos-Koldo. Aunque ha habido cierta recuperación posterior, no alcanza los niveles anteriores a estas revelaciones. Además, colectivos vinculados a trabajadoras sexuales junto a sectores críticos dentro del feminismo sostienen que el abolicionismo socialista se ha convertido en una especie de bandera identitaria, desconectada completamente de las realidades sociales actuales y utilizada como cortafuegos ante sus propios escándalos. En este panorama cada nueva filtración o cada fotografía incómoda relacionada con cenas o fiestas asociadas a prostitutas actúa como combustible para un fuego interno que Ferraz aún no logra extinguir completamente.
La estrategia desde Moncloa busca acelerar una propuesta para una ley abolicionista sobre prostitución elaborada directamente desde Gobierno tras dos intentos fallidos mediante proposiciones anteriores. El objetivo es presentar un proyecto respaldado por todo aparato jurídico estatal para obligar al resto de partidos a posicionarse. Sin embargo, hay cambios significativos. Las propias trabajadoras sexuales aseguran no haber sido consultadas. Además apuntan que modelos como el francés han incrementado precariedad y violencia contra ellas. Junto a esto, la presión derivada por los casos internos hace que cada iniciativa abolicionista sea vista también como un intento desesperado por limpiar su imagen tras los escándalos sobre puteros dentro del partido socialista. Su socio gubernamental junto a parte significativa de la izquierda social defiende enfoques más cercanos a regularización o reconocimiento derechos laborales; esto abre nuevas divergencias ideológicas dentro del bloque progresista actual.
El dilema para Sánchez es evidente: cuanto más eleva su discurso moralista-feminista más le recuerdan desde diferentes frentes sus propias miserias ya que los casos de puteros dentro del partido son ya demasiados y para colmo, el propio suegro de Pedro Sánchez ha tenido negocios relacionados con la prostitución y su propia esposa, Begoña Gómez, está acusada por antiguos trabajadores de esos locales de hacer tareas en ese negocio como contratar publicidad o preparar sobres con dinero para pagar a las meretrices.
