El ministro Marlaska es más culpable que Judas.
La renuncia de José Ángel González como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional ha destapado un entramado de inacción administrativa que pone en tela de juicio los mecanismos de control internos en la cúpula de la institución.
Lo que comenzó como una denuncia por agresión sexual ha derivado en una investigación sobre quién tenía información y cuándo, evidenciando una cadena de silencios que llega hasta los niveles más altos del cuerpo.
En el epicentro de esta crisis se encuentra Gema Sanz, actual jefa de la Unidad de Asuntos Internos, el departamento responsable de investigar delitos cometidos por miembros del cuerpo, incluidos los rangos superiores.
A pesar de que la supuesta víctima comunicó lo sucedido a través de los canales internos, esta unidad nunca abrió diligencias al respecto.
Cabe destacar que Sanz es esposa del comisario Javier Galván, quien fue ascendido por González y es considerado uno de sus hombres más cercanos. Galván lideró Asuntos Internos antes de asumir el cargo de jefe superior de Policía en Madrid, y tras su salida, su esposa tomó las riendas del departamento. Esta concatenación entre cargos y relaciones personales plantea dudas sobre la imparcialidad de la investigación interna.
La querella imputa a González delitos como agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Los hechos se sitúan en abril de 2025, en la residencia oficial asociada al cargo que ocupaba el entonces número dos de la Policía, ubicada en el Paseo de la Castellana.
Según el escrito judicial, la denunciante fue llevada en un vehículo oficial hasta dicho domicilio, donde ocurrió la agresión. Posteriormente, describe una campaña psicológica coercitiva mediante llamadas, mensajes y ofertas laborales como precio a su silencio.
El conocimiento previo que Marlaska niega
Uno de los aspectos más preocupantes es que el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, fue informado hace siete meses sobre la existencia de esta denuncia. Según una primicia publicada por Alejandro Entrambasaguas en El Debate, el aviso se produjo el 11 de julio del año pasado en Vigo, al finalizar un acto institucional. Un inspector jefe le hizo saber lo grave del asunto y las posibles repercusiones que tendría su difusión. A su regreso a Madrid, Pardo expresó su deseo para que este asunto no estallara durante el verano.
Esta información contradice abiertamente lo afirmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que ni él ni su equipo conocieron sobre la acusación hasta el martes por la tarde. Sin embargo, altos mandos policiales aseguran que tanto él como Pardo fueron informados a las seis de la tarde, media hora antes de que saltara a los medios. La diferencia entre saber sobre un caso hace siete meses y enterarse justo antes de su publicación es abismal en términos políticos.
Pardo fue quien recomendó a Marlaska mantener a González en su puesto más allá del límite legal establecido para su edad. «Es un profesional con un nivel espectacular», decía el director general mientras defendía con fervor al ex DAO ante el Senado, llegando incluso a afirmar: «Si no existiera, habría que inventarlo». Este respaldo público contrasta notablemente con su conocimiento previo sobre los hechos denunciados.
El abogado Jorge Piedrafita, que representa a la inspectora afectada, ha sido contundente en sus intenciones. Declara que no negociará nada con Interior y que su cliente no está dispuesta a ceder. Piedrafita subraya que lo primordial es proteger a la agente y que actualmente están evaluando cómo ha actuado el Ministerio para «tomar decisiones adecuadas». Esta postura indica que la investigación judicial podría extenderse más allá del ex DAO e incluir a otros mandos al tanto del asunto.
La inspectora optó deliberadamente por acudir a los tribunales en lugar de seguir el camino policial debido a su temor a represalias. Se puso en contacto con la Subdirección General de Recursos Humanos, quien le otorgó una baja médica tras valorar su estado emocional. Es decir, aunque la estructura administrativa conocía lo sucedido, los mecanismos internos para investigar nunca se activaron.
Las consecuencias de la inacción
Con la querella ya presentada y González fuera del cargo, se avecina una investigación judicial que obligará a numerosos policías a declarar. No solo será necesario esclarecer lo ocurrido en el domicilio oficial sino también determinar qué mandos estaban al tanto previamente y qué decisiones tomaron o dejaron pasar durante ese tiempo. La instrucción tendrá que aclarar si hubo una cadena de inacción administrativa o si algunos cargos intentaron encubrir lo sucedido.
El comisario Óscar San Juan, mano derecha del ex DAO y conocido dentro del cuerpo como el «mini-DAO», ha sido apartado tras conocerse su supuesta implicación en intentar frenar la denuncia. Según consta en la querella, San Juan mantuvo una conversación telefónica con la denunciante proponiéndole elegir cualquier destino laboral con tal de silenciarla. Este proceder podría ser considerado un delito tanto por coacción como por encubrimiento.
La subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, asumirá interinamente las funciones del DAO. Según ha declarado el abogado representando a la inspectora afectada, Barroso solo tuvo conocimiento detallado del contenido legal el martes por tarde y atendió con «mucha empatía» a quien presentó su denuncia. Su nombramiento interino representa un cambio significativo en cómo se está gestionando esta crisis.
Lo que empezó siendo un caso relacionado con agresión sexual ha evolucionado hacia una investigación profunda sobre los engranajes del poder que permitieron mantener oculto un presunto delito grave durante meses dentro del alto mando policial. Las interrogantes sobre quién sabía qué y cuándo seguirán resonando en las oficinas centrales mientras se espera esclarecer esta trama capaz de socavar los cimientos mismos de la confianza institucional.
