José Ángel González Jiménez pone fin a una trayectoria de más de tres décadas en la Policía Nacional, y lo hace con un respaldo económico que muchos podrían envidiar. El exdirector adjunto operativo (DAO), destituido oficialmente el 19 de febrero por orden del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, se retira con la pensión máxima que el sistema público ofrece a funcionarios de su nivel y antigüedad.
Aunque las resoluciones oficiales no detallan la cifra exacta, esta representa el límite salarial permitido para comisarios principales con su experiencia. Resulta irónico que, a pesar de contar con varias distinciones de alto rango —entre ellas la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco—, no podrá añadir a esa pensión los complementos mensuales que normalmente generan estas distinciones, ya que ha alcanzado el máximo permitido.
De acuerdo a la información publicada por OkDiario, el patrimonio inmobiliario del ex número dos de la Policía revela un estilo de vida acomodado en dos localidades. En Valladolid, González Jiménez y su esposa son propietarios en régimen ganancial de una vivienda unifamiliar que cuenta con 234,8 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 265,4 metros cuadrados, además de tener una hipoteca pendiente de 204.000 euros a favor de Caja España de Inversiones. Sin embargo, gran parte de su patrimonio se encuentra en Aguilar del Río Alhama, su ciudad natal en La Rioja, donde el registro acredita hasta seis propiedades adicionales. Entre ellas se encuentran una vivienda de protección oficial con 105,61 metros cuadrados y un local comercial de 63,5 metros cuadrados —ambos en régimen ganancial con su esposa—, así como un corral de 345 metros cuadrados a su nombre exclusivo, una antigua casona de planta baja y tres plantas, un solar de 836 metros cuadrados y una finca rústica compartida con una hermana.
Un sobrino que presumía de sus conexiones familiares
La caída del ex DAO ha revelado una red densa de lealtades que abarca incluso a su círculo familiar más cercano. Su sobrino, conocido como Toño, logró obtener la séptima mejor nota entre 2.381 aspirantes al ingresar en la Policía Nacional a los 42 años, alcanzando una calificación final superior a 8,3 puntos sobre 10. Este resultado sorprendió en los entornos policiales, donde los rumores se esparcen rápidamente. El familiar directo del ex DAO no ocultaba precisamente su relación familiar durante su formación. Se jactaba abiertamente de ser el sobrino del influyente número dos y presumía incluso de practicar tiro en el campo junto a su famoso tío para perfeccionar sus habilidades en las pruebas prácticas.
Toño también tuvo actividad política en su localidad natal como concejal y llegó a ingresar en la institución policial con grandes expectativas según testimonios de sus compañeros. Defendía apasionadamente al ministro Grande-Marlaska ante sus colegas, asegurándoles que había realizado numerosas aportaciones a la Policía Nacional. Su primer destino fue Logroño, estratégicamente cerca de su pueblo natal. Sin embargo, tras la caída de su tío ha sido asignado a Miranda del Ebro, un municipio burgalés con aproximadamente 36.000 habitantes y notable actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas y grupos organizados. Un destino forzado que contrasta drásticamente con las promesas que parecía garantizarle su parentesco.
Los acontecimientos que llevaron a su caída
La querella que ha llevado al ex DAO a esta situación fue presentada el 9 de enero ante los tribunales madrileños por una inspectora que había tenido una relación sentimental previa con González Jiménez. Las acusaciones son graves: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos agravados por abuso de superioridad. Según se indica, los hechos ocurrieron el 23 de abril en la vivienda oficial del ex DAO en Madrid, propiedad del Ministerio del Interior a la cual la agente fue presionada para acudir mientras estaba cumpliendo funciones laborales.
El contenido narrado en la querella es alarmante. La denunciante grabó durante esos momentos hasta 40 minutos de audio al intuir que estaba ante una situación peligrosa y buscando protegerse. Su abogado, Jorge Piedrafita, ha calificado esa grabación como «escalofriante» y ha confirmado que será presentada al juzgado cuando sea requerida. La querella hace hincapié en las «negativas inequívocas» por parte de la agente e insiste en mencionar «violencia física» e «intimidación ambiental», denunciando también una «situación aislante» junto a «superioridad física» e «autoridad ambiental».
Tras el fin de la relación entre ambos, González Jiménez no aceptó la ruptura e inició un comportamiento obsesivo caracterizado por acoso y contacto no deseado. El comisario Óscar San Juan, asesor del ex DAO, actuó como «brazo ejecutor», presionando a la agente para que guardara silencio e incluso ofreciéndole cualquier puesto dentro del cuerpo para hacerla olvidar lo sucedido. Tres meses después del incidente denunciado, ella fue ascendido al rango inspectora; un movimiento que desde la querella interpretan como parte del plan coercitivo.
Las repercusiones tras la dimisión
La jubilación anticipada de González Jiménez cierra las puertas a un posible expediente administrativo: fuera ya del cuerpo policial, el Ministerio del Interior no puede abrir un procedimiento disciplinario relacionado con los hechos denunciados. Solo queda abierta la vía judicial. El Juzgado número 8 especializado en Violencia sobre la Mujer en Madrid ha solicitado al abogado representante de la denunciante toda prueba documental preservada hasta ahora; incluidos los audios mencionados anteriormente. Piedrafita ha indicado también que otras personas han comenzado a contactar con él para compartir «situaciones similares» atribuidas a «mandos comisarios».
Si algún tribunal decidiera condenar al ex DAO en el futuro, Interior podría verse obligado no solo a retirarle sus medallas sino incluso despojarlo completamente de su condición policial. Mientras tanto, González Jiménez ha contratado al despacho legal Fuster Fabra Topuria para llevar adelante su defensa penal y está citado para declarar el próximo 17 de marzo ante el juzgado; coincidiendo ese mismo día con la comparecencia también programada para la denunciante.
Este caso ha sacudido los cimientos más altos dentro de la Policía Nacional y revela cómo los vínculos familiares pueden proyectar sombras sobre trayectorias profesionales aparentemente intachables. El sindicato mayoritario JUPOL demandó el cese inmediato del ex DAO e instó al ministro a asumir responsabilidades por haber nombrado y mantenido durante casi ocho años al número dos operativo del cuerpo.
