Pedro Sánchez se enfrenta a un nuevo revés legal que le impide seguir ocultando información sobre sus vacaciones en Lanzarote.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha emitido una resolución que obliga a la Presidencia del Gobierno a hacer pública la lista de acompañantes en el Falcon durante su viaje a la residencia oficial de La Mareta.
Esta orden, identificada con el número 2026-0191 del 20 de febrero, establece un plazo de diez días y recuerda fallos anteriores que ya consideran esta información como pública, salvo por motivos de seguridad.
La controversia nace porque Moncloa envió un escrito firmado por su directora jurídica, Isabel León, reconociendo el uso de una aeronave de las Fuerzas Aéreas en agosto, pero sin especificar quiénes eran los pasajeros ni los costos relacionados con los familiares.
Según una información detallada de la periodista Alicia Martín en El Debate, Sánchez compartió sus vacaciones con Begoña Gómez, sus hijas Ainhoa y Carlota, sus padres, Pedro Sánchez y Magdalena Pérez Castejón, así como su cuñado, Miguel Ángel, y su concuñada, Fayette Proper. La incógnita persiste: ¿viajaron todos ellos en el Falcon, costeado por todos los españoles?
Fallos judiciales que acorralan a Moncloa
El CTBG ha acumulado resoluciones que van en contra de la opacidad mostrada por Sánchez. En noviembre de 2025, la resolución número 1403-2025 exigía información sobre los invitados en La Mareta, incluyendo el motivo de su estancia y las dietas correspondientes a la Guardia Civil. La respuesta de la Presidencia fue limitarse a mencionar la agenda oficial, pero el Consejo desmanteló esa justificación. Con este último fallo, la presión se intensifica.
Los gastos derivados de la estancia en La Mareta son alarmantes. Inicialmente estimados en 26.000 euros, finalmente la factura real alcanzó los 44.975,19 euros:
| Concepto | Importe (€) |
|---|---|
| Alojamiento | 11.322,65 |
| Manutención | 22.711,41 |
| Locomoción | 10.941,13 |
A pesar de ello, Moncloa se niega a proporcionar las facturas bajo el argumento de «seguridad nacional», aunque la ubicación es conocida. Además, casi 50 agentes de la Guardia Civil custodiaron las vacaciones durante 23 días, con dietas aún pendientes de aclaración.
Antecedentes de un veraneo bajo lupa
Todo comenzó con solicitudes para acceder a información pública. En este sentido, fue El Debate quien impulsó estas demandas y logró establecer precedentes legales. Por otro lado, Sánchez ha negado documentos sobre el cierre de las 66 hectáreas marítimas frente a La Mareta, prohibiendo la navegación hasta el 31 de agosto por razones de seguridad. Aunque asegura que no dispone de datos al respecto, se encarga de coordinar el dispositivo.
Se llegó incluso a rumorear sobre una reunión con José Luis Rodríguez Zapatero, propietario de una villa cercana en Teguise, valorada en 1,2 millones. Otro gasto adicional: un total de 159.699,62 euros destinados a comodidades varias, sin contar el uso del Falcon ni del escolta, según registros judiciales.
La falta de transparencia contrasta con lo estipulado: los nombres de los acompañantes del presidente durante vuelos oficiales deben ser información pública. Si finalmente decide desobedecer esta orden, podría enfrentarse a demandas similares a las que ya vivió por el uso del Falcon o por vacaciones ocultas.
Posibles consecuencias y resistencias
Si finalmente cumple con la orden del CTBG, se revelarán nombres y costos exactos, avivando así un debate sobre el uso indebido de bienes públicos para fines familiares. Desde una perspectiva política, esto podría erosionar aún más la imagen prometida por Sánchez, basada en principios transparentes. A nivel judicial, una posible falta podría llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), sumándose así a las investigaciones relacionadas con Begoña Gómez.
La resistencia desde la Presidencia se sustenta en argumentos vinculados con la seguridad; sin embargo, el CTBG considera estas justificaciones insuficientes. Los múltiples fallos acumulados trazan un patrón claro: una negativa sistemática a rendir cuentas por esos lujosos veraneos.
Por cierto, es interesante señalar que La Mareta fue cedida por Juan Carlos I al Patrimonio del Estado y ha costado al erario público unos 167.363,64 euros adicionales hasta ahora. Y no olvidemos que volar en Falcon no resulta precisamente económico; un trayecto hasta Lanzarote puede superar los 20.000 euros fácilmente. Además, Zapatero eligió hospedarse en una villa privada y no en un palacio estatal; ¿será casualidad o simplemente buen gusto vacacional?
