El Parlamento Europeo ha publicado el informe de su misión de inspección sobre el Estado de Derecho en España, realizada en febrero, y el documento no deja margen para interpretaciones benévolas: la democracia española enfrenta un deterioro progresivo caracterizado por tensiones institucionales crecientes, polarización política extrema y prácticas gubernamentales que debilitan los cimientos del sistema.
El informe es el tipo de documento que precede a sanciones. Hungría y Eslovaquia recibieron advertencias similares antes de que Bruselas activara los mecanismos de condicionalidad que vinculan los fondos europeos al respeto del Estado de Derecho. España está ahora en ese radar, algo que hace tres años habría parecido impensable para un país fundador del proyecto europeo y receptor neto de fondos comunitarios.
Los 120 decretos-ley: gobernar sin debate
El punto más documentado del informe es el uso del decreto-ley como herramienta sistemática de gobierno. Desde 2018, el Ejecutivo de Sánchez ha promulgado más de 120 decretos-ley, una cifra récord en la historia democrática española sin precedente comparable en ningún período anterior.
El decreto-ley es un instrumento constitucional previsto para situaciones de urgencia extraordinaria. Lo que Bruselas documenta es su uso rutinario para legislar sobre materias políticamente sensibles, incluyendo la regularización masiva de inmigrantes, evitando deliberadamente el debate parlamentario y los mecanismos consultivos que una democracia funcional requiere. No es un atajo administrativo: es una forma de gobernar que excluye a la oposición, limita el escrutinio público y concentra el poder en el Ejecutivo de una forma que los expertos europeos consideran estructuralmente problemática.
Durante su visita a España, la misión recogió preocupaciones sobre el bloqueo legislativo, la falta de negociación y el dominio creciente del Ejecutivo sobre el conjunto del sistema institucional. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado contra prácticas de la Mesa del Congreso que obstruyen iniciativas de la oposición, lo que demuestra que las tensiones van más allá de la dinámica gobierno-oposición y afectan al funcionamiento interno del propio Parlamento.
La ausencia prolongada de presupuestos generales del Estado, que España lleva años sin aprobar, completa el cuadro: un país que se gobierna mediante decretos porque no tiene capacidad de construir mayorías parlamentarias para legislar de forma ordinaria.
La justicia: el problema que Bruselas no puede ignorar
La independencia judicial es el capítulo más delicado del informe y el que más directamente señala al Gobierno de Sánchez.
El modelo de designación del Consejo General del Poder Judicial sigue generando las mismas inquietudes que Bruselas lleva años trasladando a Madrid: el sistema actual permite una influencia política sobre los nombramientos judiciales que no es compatible con los estándares europeos de independencia. El Ejecutivo se comprometió con Bruselas a reformarlo tras el acuerdo firmado con el PP, pero las propuestas del principal partido de la oposición para garantizar esa independencia no han prosperado en el Congreso.
Los índices de percepción de la corrupción han alcanzado su punto más bajo desde 2012. No es solo que haya más casos de corrupción documentados, que los hay: es que los ciudadanos han perdido la confianza en que el sistema sea capaz de combatirlos con eficacia e imparcialidad. Los retrasos en procesos judiciales complejos agravan esa desconfianza.
El informe señala explícitamente prácticas que alimentan la percepción de clientelismo político y que cuestionan la neutralidad de las instituciones públicas. En el contexto de la purga en la Fiscalía que ha eliminado a Almudena Lastra tras 35 años de carrera y ha ascendido a Pilar Rodríguez, la fiscal que facilitó correos del novio de Ayuso, a una sección del Tribunal Supremo sin experiencia previa, esas advertencias europeas adquieren una dimensión que Bruselas no puede ignorar.
Los medios: RTVE y la presión sobre el periodismo
El informe europeo dedica un apartado específico a la libertad de prensa y a la situación de los medios de comunicación. Las inquietudes sobre la gobernanza independiente de RTVE en un contexto de alta polarización política son explícitas: la televisión pública española no opera con la independencia que los estándares europeos de servicio público requieren.
La misión documentó presiones, ataques y dificultades de acceso a la información por parte de periodistas. La distribución de publicidad institucional según criterios de afinidad editorial, que el análisis del presupuesto de Óscar Puente en radio ilustra con una contundencia que no requiere comentario (toda la inversión a Prisa, cero a COPE y Onda Cero), es exactamente el tipo de práctica que Bruselas identifica como corrosiva para el pluralismo informativo.
Lo que viene
El informe del Parlamento Europeo no es un documento académico. Es el paso formal que precede a decisiones políticas concretas sobre la relación entre España y la Unión Europea. Bruselas exige explícitamente que España fortalezca el consenso institucional, recupere la independencia de sus órganos clave y ponga fin a prácticas que erosionan los fundamentos democráticos.
El mensaje que Bruselas envía tiene la estructura de un ultimátum educado: o España corrige estas tendencias o las consecuencias en términos de fondos europeos y credibilidad institucional serán reales.
Sánchez lleva años presentando a España como un modelo de democracia avanzada frente a lo que denomina la «ultraderecha» en Europa. El Parlamento Europeo acaba de publicar un documento que describe la democracia española bajo su gobierno como un sistema en deterioro progresivo que necesita corrección urgente.
La diferencia entre el relato y la realidad es, en este caso, el informe.
