Hay instituciones cuya credibilidad se construye durante décadas y se destruye en semanas. La Guardia Civil está viviendo una de esas semanas, pero prolongada en el tiempo y con consecuencias que sus propios mandos intermedios describen en privado como las más graves desde la Transición.
La directora general, Mercedes González, lleva meses en el punto de mira por su relación documentada con Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada por la trama de presiones a jueces, fiscales y agentes.
Pero lo que ha trascendido en las últimas semanas va más allá de las reuniones entre la directora y la militante socialista.
Apunta a algo más profundo y más dañino: una cadena de mando que en momentos críticos para la investigación habría actuado no para proteger a sus investigadores sino para limitarlos.
Las reuniones, los mensajes y el borrado que lo dice todo
La cronología que los medios han ido reconstruyendo a partir de la documentación judicial es demoledora en su precisión. Mercedes González mantuvo al menos tres reuniones con Leire Díez mientras la UCO investigaba asuntos directamente relacionados con el entorno del Gobierno. Desde el Ministerio del Interior, esas reuniones fueron negadas en un primer momento. La propia directora tuvo que acabar reconociéndolas, contradiciendo públicamente a su ministro, Fernando Grande-Marlaska.
Pero lo que más ha impactado dentro del cuerpo no son las reuniones en sí sino lo que ocurrió en paralelo: la activación del borrado automático de mensajes justo antes de que se iniciara una investigación interna relacionada con una supuesta filtración vinculada a la UCO. En una institución donde la cadena de custodia documental es un principio básico de funcionamiento, borrar mensajes en ese momento preciso no es un gesto neutral. Es una decisión que genera una presunción que resulta muy difícil de desactivar.
Los generales que dieron instrucciones de no ser proactivos
Lo que ha trascendido en los últimos meses a través de fuentes internas del cuerpo es que la presión sobre la UCO no se ejerció solo desde el exterior. Según informaciones publicadas por OKDIARIO y La Razón y confirmadas por fuentes de la propia institución, varios generales de la cúpula habrían transmitido a sus mandos intermedios instrucciones, en algunos casos explícitas y en otros suficientemente claras para no necesitar serlo, de no ser «proactivos» en las investigaciones relacionadas con el entorno gubernamental.
El mensaje que llegó a determinadas unidades fue, según esas fuentes, que las investigaciones que pudieran resultar incómodas para el Gobierno debían avanzar al ritmo mínimo que la ley exige, sin iniciativas propias, sin ampliar el ámbito de investigación más allá de lo estrictamente solicitado por el juez y sin compartir información que no hubiera sido expresamente requerida.
Es un tipo de parálisis institucional que no deja huella documental fácil de rastrear. No hay una orden escrita que diga «no investiguen esto». Hay un clima, transmitido por la cadena de mando, que los agentes experimentados interpretan sin necesidad de que nadie lo explicite. Y varios oficiales de la UCO han trasladado a sus abogados y a través de ellos a los medios que ese clima existió y que condicionó el ritmo de determinadas diligencias.
La decisión de ordenar archivar un expediente sin realizar diligencias previas fue una de las que llegó más lejos: provocó la advertencia formal de un magistrado del Tribunal Supremo sobre posibles consecuencias penales para quienes la tomaron. Esa advertencia no se produce en el vacío. Llega cuando un juez considera que lo que está viendo no es una discrepancia de criterio sino una obstaculización activa.
El descontento interno que no para de crecer
Lo más duradero de esta crisis no es el ruido mediático inmediato. Es el daño que está produciendo dentro de la institución, en la relación entre la cúpula política y los mandos operativos que llevan las investigaciones más sensibles del país.
Una parte creciente de los oficiales de la UCO y de otras unidades de investigación siente que su cadena de mando los dejó desprotegidos en el momento más crítico. Que mientras ellos avanzaban en investigaciones que apuntaban al entorno del Gobierno, algunos de sus superiores recibían instrucciones de ralentizar, de no ampliar, de no ser proactivos. Y que cuando la presión judicial y mediática se intensificó, nadie en la cúpula salió a defender su trabajo de forma inequívoca.
En cuerpos con una cultura jerárquica tan fuerte como la Guardia Civil, esa desconfianza no se expresa en declaraciones públicas ni en protestas abiertas. Se expresa en el silencio, en la prudencia calculada, en la decisión de ciertos agentes de documentar meticulosamente todo lo que hacen para protegerse de posibles consecuencias futuras. Es una institución que funciona pero en la que una parte significativa de los investigadores ya no confía plenamente en que la cadena de mando los va a respaldar si sus investigaciones resultan incómodas para el poder político.
Las cinco decisiones que han acorralado a González
La Razón ha sintetizado la situación en cinco decisiones que habrían reducido el margen de maniobra de la directora casi a cero: su cercanía personal con Pedro Sánchez, la gestión de los contactos con Díez, la forma en que manejó la presión sobre la UCO, las contradicciones entre lo que el Ministerio declaró y lo que ella tuvo que reconocer, y la activación del borrado de mensajes en el momento más inapropiado posible.
El resultado de esa acumulación es que González dirige formalmente una institución cuya unidad de élite la investiga, cuyos mandos intermedios desconfían de la cúpula y cuyos agentes más expertos han optado por una prudencia que equivale, en la práctica, a una distancia institucional respecto a quienes teóricamente les mandan.
Lo que queda
La UCO sigue funcionando. Sus investigadores siguen trabajando. El sumario del caso Leire sigue creciendo. Pero lo que esta crisis ha puesto de manifiesto es algo que trasciende el caso concreto: que la independencia de los cuerpos policiales frente al poder político no es una garantía automática del sistema sino algo que requiere una resistencia activa de quienes lo integran, especialmente cuando quienes mandan tienen incentivos para que determinadas investigaciones avancen despacio.
Los generales que transmitieron instrucciones de no ser proactivos calcularon, probablemente, que nadie podría demostrar nunca que esas instrucciones existieron. Puede que tuvieran razón en términos estrictamente procesales.
Pero los agentes que las recibieron las recuerdan perfectamente. Y la UCO tiene la costumbre de documentar lo que investiga con una meticulosidad que a veces sorprende incluso a quienes la dirigen.
