Pedro Sánchez presidió este viernes, 7 de agosto de 2026, desde La Mareta una videoconferencia con sus ministros para no hacer nada en la crisis de Ceuta y, acto seguido, se marchó a bucear tan pancho.
Según informa OKDIARIO, el marido de Begoña salió de Puerto Rubicón, en Yaiza, a las 11:16 horas a bordo de una lancha, acompañado por una segunda embarcación de escolta, y regresó al puerto a las 12:53.
La excursión submarina del amo del PSOE no es precisamente una actividad discreta. Cada inmersión presidencial implica un importante dispositivo de seguridad, todo a cuenta del contribuyente: dos embarcaciones, una docena de personas en el mar y otros cinco escoltas en tierra, encargados de custodiar los vehículos y asegurar el muelle hasta su regreso.
Todo ello mientras Ceuta, con más de 5.000 inmigrantes ilegales en sus calles, violencia creciente y hasta denuncias de violación a niñas marroquíes, sobrevive en el caos.
La ciudad autónoma continúa enfrentando las consecuencias de una crisis que traspasó la frontera, alteró el panorama político nacional y dejó detrás una estela de saturación social, denuncias alarmantes y un debate complejo sobre la relación con Marruecos y Moncloa.
Mientras el Gobierno Sánchez y buena parte de los medios afines a su gestión —lo que sus críticos denominan, no sin intención, la «Brunete mediática»— insisten en transmitir la imagen de una ciudad que ha recuperado el pulso, la realidad documentada por fuentes policiales, gubernamentales y forenses sobre el terreno choca frontalmente con ese relato: violaciones a niñas marroquíes, una cifra de invasores que sigue muy por encima de la que reconoce Interior y una política exterior con Rabat que Exteriores se niega a explicar pese a una resolución que le obliga a hacerlo.
ATENCIÓN al video difundido por Moncloa de una supuesta reunión on line del satrapa por el tema de Ceuta. Son tan chapuceros y van con la chorra fuera que al tipejo le sacan SIN PIERNAS!! pic.twitter.com/1HNsXJQytk
— El Franco Tirador 🇪🇸 (@ManuelRamses68) August 8, 2026
Una ciudad que el Gobierno da por normalizada
En El Debate se recalca que la reciente visita de Sánchez a Ceuta no ha despejado las incógnitas sobre los acuerdos alcanzados con Rabat, ni ha cerrado la cuestión primordial: cómo mitigar una presión migratoria que ha dejado a la ciudad con miles de personas en las calles y los servicios públicos desbordados. La imagen, observada desde fuera, puede recordar a una postal desgastada: una ciudad pequeña esforzándose por absorber en un breve periodo una avalancha de personas, con rescates, traslados, retornos y una serie de incidentes que abarcan desde enfrentamientos hasta asaltos. A esto se añaden datos especialmente duros, como las investigaciones por supuestas agresiones sexuales a menores que llegaron en esta oleada y el luctuoso recuento de cadáveres en la morgue, cuyas cifras, según distintos medios, son alarmantemente altas y siguen en revisión.
El Gobierno defendió su acción rápida, aludiendo a una «violación de la integridad territorial», mientras la oposición criticó a Sánchez por su tardanza o por no haber anticipado la crisis con Marruecos. Nueve días después del cruce masivo del 30 de julio, ni siquiera las fuentes oficiales coinciden entre sí sobre lo esencial: cuánta gente sigue en la ciudad y quién es.
Hasta EEUU 🇺🇸 DIJO QUE LE AVISARON.
La inteligencia militar informó al Gobierno tres días antes del asalto a Ceuta.https://t.co/hSQEzIPPzi pic.twitter.com/TJpYqdKoRn— Rosa Marcos⚖️🗽💚✝️ (@Rosa68386313) August 8, 2026
El baile de cifras que ya dura nueve días
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta consultadas por EL ESPAÑOL el 8 de agosto sitúan en unas 6.000 personas las que permanecen en la ciudad sin identificar: «Puedo hacer un vídeo desde la puerta de mi oficina hoy; hay 200 niños debajo. Las barriadas son tremendas; se están atendiendo multitud de disturbios. Hubo 300 atenciones en emergencias por riñas y peleas», relatan esas mismas fuentes. Fuentes policiales consultadas por el mismo diario elevan la horquilla real a entre 8.000 y 10.000 personas.
La cifra, en cualquier caso, se mueve muy lejos de las aproximadamente 2.000 que llegó a manejar el Ministerio del Interior en los primeros días, y confirma lo que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya denunciaba ante la Eurocámara: ni el propio Ejecutivo es capaz de precisar cuántos «invasores» siguen en el terreno. De los 72.000 cruces registrados el 30 de julio, la Delegación del Gobierno solo prevé, por ahora, la expulsión formal de 30 personas, a la espera de que se instruyan los expedientes administrativos que exige la Ley de Extranjería y de la colaboración —no siempre garantizada— de Marruecos para identificar y readmitir a sus nacionales.
Tras la invasión, cinco niñas son atendidas en el hospital de Ceuta con indicios de violación https://t.co/zZT8Rz7BBe
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) August 8, 2026
Niñas violadas: lo que se sabe, lo que se investiga y lo que aún no está probado
Es en este punto donde el contraste entre el relato oficial y el terreno se vuelve más doloroso. Según ha podido confirmar la Delegación del Gobierno en Ceuta, las fuerzas de seguridad investigan un total de seis presuntos casos de agresión sexual denunciados por migrantes de la oleada del 30 de julio. Fuentes del Ejecutivo autonómico añaden un dato especialmente grave conocido el 7 de agosto: la Policía Nacional confirmó la violación de una niña marroquí de 17 años. «La situación no llega ni por asomo a lo que se puede llamar normalidad», resumen esas mismas fuentes. Por su parte, distintos medios locales y nacionales —El Pueblo de Ceuta, Libertad Digital, El Español y esdiario— coinciden en que al menos cinco niñas menores de 14 años fueron atendidas en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) por posibles casos de violación, aunque algunas fuentes sanitarias citadas por esos mismos medios elevan la cifra hasta las quince menores atendidas, sin que exista todavía un recuento oficial cerrado.
La Fiscalía de Ceuta confirmó, hasta la noche del jueves 6 de agosto, tener constancia de solo dos de esos casos con diligencias previas ya abiertas, y precisó que no se había practicado ninguna detención hasta ese momento. Conviene, por rigor, mantener aquí la misma cautela que exige cualquier información sobre menores y delitos sexuales: se trata de hechos denunciados y bajo investigación, no de condenas, y el número real podría ser mayor porque —según reconocen las propias fuentes consultadas— no todas las víctimas llegan a formalizar denuncia. Pero esa misma cautela informativa es la que hace tanto más llamativo que, mientras el aparato de comunicación del Gobierno insistía en la vuelta a la calma, la Policía Nacional confirmaba la violación de una menor y la Fiscalía abría diligencias por otras dos agresiones sexuales. Normalizar la crisis y, al mismo tiempo, investigar violaciones a niñas son dos relatos que no caben en la misma frase.
En el clavo, amigo Perdiguero https://t.co/ogFDoWvhcO
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) August 8, 2026
88 cadáveres y la amenaza de una segunda oleada
El recuento de personas fallecidas al intentar cruzar la frontera de El Tarajal se elevaba, al cierre de la última crónica de EL ESPAÑOL el 8 de agosto, hasta las 88, una cifra que ha obligado a la morgue de Ceuta a funcionar en condiciones de emergencia, muy por encima de su capacidad ordinaria. A la saturación forense se suma una amenaza concreta que circula entre las fuentes policiales y gubernamentales consultadas: la posibilidad de una segunda avalancha migratoria el próximo 15 de agosto, lo que explicaría por qué, pese al despliegue «incansable» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ninguna fuente sobre el terreno se atreve a hablar de normalidad. Una fuente policial lo resume así: «Nos pasamos el día corriendo de un lugar para otro: puñaladas, botellazos en la cabeza…». La misma fuente relata que hay madres marroquíes que denuncian la desaparición de sus hijos menores, «que muchas veces están aquí, en centros de menores», sin que exista protocolo alguno que les permita recuperarlos.
Los 14 acuerdos que Albares no quiere enseñar
Mientras la ciudad convive con esta realidad, Moncloa guarda silencio sobre otra pieza clave del rompecabezas: qué pactó exactamente con Marruecos antes de que estallara la crisis. El Debate ha accedido en exclusiva a la documentación de la XIII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos, celebrada en Madrid el pasado diciembre, en la que Sánchez y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, suscribieron catorce acuerdos sobre materias que van de la «política exterior feminista» a la lucha contra los discursos de odio, pasando por la digitalización de las administraciones, la educación, la prevención de desastres naturales o la cooperación pesquera y acuícola. Lo que el Gobierno se niega a aclarar, según la misma investigación, es si entre esos pactos —o al margen de ellos— existe algún acuerdo o protocolo sobre la gestión del espacio aéreo, las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla o las propias avalanchas migratorias.
El itinerario de la solicitud, documentado por el propio periódico, resulta revelador: Presidencia del Gobierno se desentendió del asunto alegando no tener competencia y lo trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores; José Manuel Albares hizo caso omiso durante meses, pese a haber calificado públicamente a Marruecos de «socio fiable»; y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tuvo que dictar una resolución ejecutiva —la 2026-0640, del 16 de junio— recordándole que el derecho a la información es un derecho constitucional y que está obligado a responder. Según las fuentes jurídicas citadas por El Debate, si Albares sigue sin cumplir esa resolución podría acabar demandado, «como ya ha ocurrido con el uso privado del Falcon por Begoña Gómez, o con los 88 días de vacaciones de Pedro Sánchez en las residencias de Patrimonio Nacional». Sea cual sea la respuesta pendiente, el patrón de fondo no es nuevo: España ya cedió en 2022 la soberanía sobre el Sáhara Occidental tras la crisis migratoria de 2021 —desatada después de que Madrid acogiera al líder del Polisario, Brahim Ghali—, y en la declaración conjunta de diciembre volvió a avalar que «una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible» para el Sáhara.
La tesis de la «normalización» choca con el terreno
Es en esta suma de datos —seis agresiones sexuales bajo investigación, una menor violada confirmada por la Policía, entre 6.000 y 10.000 personas sin identificar, 88 cadáveres, una segunda oleada temida para el 15 de agosto y un ministro de Exteriores que incumple una resolución de transparencia— donde el relato de la «normalización» empieza a resquebrajarse. No hace falta acudir a ninguna teoría para constatarlo: basta con contrastar las ruedas de prensa gubernamentales con las fuentes policiales, forenses y sanitarias citadas por los propios medios. Que parte de la cobertura mediática afín al Ejecutivo —la que sus críticos bautizan como «Brunete mediática», en referencia al entramado de medios públicos y privados percibidos como alineados con Moncloa— haya optado por minimizar estos datos frente a la insistencia oficial en la «vuelta a la calma» es, en todo caso, una valoración editorial; lo que no lo es son las seis diligencias por agresión sexual, la violación confirmada de una menor o el desfase de varios miles de personas entre lo que dice Interior y lo que reconoce la propia Delegación del Gobierno en Ceuta.
Qué gana Marruecos con este pulso
Sobre el trasfondo geoestratégico de la crisis, varios expertos coinciden en que Rabat ha salido reforzado.
El teniente general Juan Montenegro, representante militar de España ante los comités de la OTAN y la UE, sostiene que Marruecos «ha visto que tiene poder para hacer esto cuando quiera. Sabe que la respuesta es inútil y no tendrá repercusiones económicas», y recuerda que Bruselas dispone de un «arma infalible» —la presión económica— que no ha llegado a utilizar. El coronel retirado Francisco Rubio Damián añade que la crisis «ratifica que Marruecos es un socio imprescindible para la estabilidad del Mediterráneo», lo que fortalece su posición negociadora en asuntos tan dispares como la financiación europea o los acuerdos pesqueros.
El consultor de seguridad Samuel Morales apunta directamente al Sáhara Occidental como objetivo de fondo, y no descarta que la enorme inversión marroquí en el estadio de Casablanca para la final del Mundial —que Rabat querría recuperar y rentabilizar— forme parte del cálculo. Todas son hipótesis de analistas, no hechos verificados, pero coinciden en un diagnóstico común: cada crisis migratoria mal gestionada por España incrementa el valor estratégico de Marruecos como guardián de la frontera sur de Europa.
- Nueve días después del asalto del 30 de julio, ni Interior ni el Gobierno de Ceuta logran ponerse de acuerdo en cuántas personas siguen en la ciudad: la horquilla va de 2.000 a 10.000 según la fuente.
- Hay seis presuntos casos de agresión sexual bajo investigación y al menos una violación de una menor marroquí de 17 años confirmada por la Policía Nacional, además de entre cinco y quince niñas atendidas en el HUCE por posibles violaciones, con solo dos causas judicializadas hasta el 6 de agosto y ninguna detención practicada.
- Exteriores incumple una resolución del Consejo de Transparencia que le obliga a aclarar si pactó con Marruecos algo sobre las avalanchas migratorias, el espacio aéreo o las aduanas de Ceuta y Melilla.
El resultado, nueve días después de la visita fugaz de Sánchez a Ceuta, es una ciudad que las cifras oficiales dan por controlada y que la Policía, la Fiscalía y los propios vecinos describen como todo lo contrario. Entre ambos relatos no hay término medio posible: o la ciudad se ha normalizado, o sigue investigando violaciones de niñas, contando cadáveres en la morgue y esperando una segunda oleada para el 15 de agosto. Los datos, por ahora, respaldan lo segundo.
