El 12 de agosto de 2026 España vivió un eclipse solar histórico. Semanas después, el término sirve de metáfora recurrente para describir algo bastante menos astronómico: el goteo de condenas, imputaciones e informes policiales que oscurecen cada vez más al Gobierno de Pedro Sánchez.
El Debate hace este domingo un extenso repaso sobre quién es quién en las distintas tramas judiciales que rodean al sanchismo.
No se trata ya de sospechas ni de causas en fase inicial: varias piezas de este mapa cuentan ya con sentencias firmes del Tribunal Supremo, y otras han llegado a la fase de juicio oral.
Ferraz condenado: Ábalos y Koldo, ya con sentencia firme
El núcleo más duro del mapa ya no son sospechas: son condenas.
El Tribunal Supremo sentenció en junio a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, a 24 años y tres meses de prisión por la trama de las mascarillas. El tribunal dio por probada la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama; una remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación en empresas públicas de dos mujeres de su entorno, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a una de las cuales la trama pagaba el alquiler del piso.
Junto a él cayó Koldo García, su exasesor en el Ministerio de Transportes y luego consejero de Renfe Mercancías, condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por formar parte de la «organización criminal» que encabezaba Ábalos. El propio Aldama, comisionista de la trama, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por las mismas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, aunque el Supremo suspendió su entrada en prisión por su colaboración con la investigación, a condición de que no vuelva a delinquir y realice un año de trabajos comunitarios.
Santos Cerdán y «la fontanera»: dos causas, ocho delitos distintos
El otro gran nombre de Ferraz es Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra hasta que dimitió el año pasado tras un informe demoledor de la UCO. Cerdán está investigado en dos causas paralelas: una por presuntos amaños de contratos públicos, en la que se le imputa cohecho, organización criminal y tráfico de influencias; y otra por la presunta financiación irregular del PSOE hacia lo que se ha bautizado como las «cloacas» del partido, en la que se le atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental, prevaricación y delito contra las instituciones del Estado. La UCO investiga además a su entorno familiar por lucrarse de una «fuente de ingresos no declarada».
En esa segunda causa aparece Leire Díez, conocida como «la fontanera de Ferraz»: exconcejala socialista en Cantabria, exjefa de comunicación en la empresa pública Enusa y exdirectora de Filatelia en Correos, que dejó el PSOE en junio de 2025 después de que trascendieran unos audios en los que pedía información comprometedora sobre agentes de la UCO. Según la investigación de la Audiencia Nacional, Díez formaba parte, junto a Cerdán, de una trama destinada a «obstaculizar de forma sistemática y continuada» procedimientos judiciales o policiales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno.
SEPI y las cloacas: el entramado orgánico del partido
Alrededor de esa misma trama, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aprecia indicios de colaboración de Juan Manuel Serrano —expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE— y de Juan Francisco Serrano —secretario adjunto de Organización del PSOE federal y diputado por Jaén—, a quienes sitúa en la primera reunión que Cerdán mantuvo con Díez en la sede de Ferraz, en abril de 2024. También aparece Ana Fuentes, gerente del PSOE desde 2021, sobre quien Pedraz ve indicios de responsabilidad, al menos como cómplice, y un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas «mendaces» que habrían permitido transferir fondos a Díez; Sánchez, pese a ello, la incorporó al equipo que asumió la Secretaría de Organización tras la salida de Cerdán y defendió que «ha llevado las cuentas del PSOE de manera escrupulosa».
El empresario Javier Pérez Dolset, investigado por la Audiencia Nacional por insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias, ha reconocido haber colaborado con Díez en varias gestiones. Y la trama alcanza también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI: su expresidente, Vicente Fernández, habría seguido actuando «de facto» como máximo representante del organismo incluso un año después de dimitir, según la UCO, que le atribuye el cobro de 132.500 euros de Tubos Reunidos, empresa rescatada por el Gobierno con 112,8 millones de euros. La actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, también ha sido imputada en esta pieza.
El caso conecta, de forma indirecta, con un episodio de corrupción socialista bastante más antiguo: Gaspar Zarrías, exconsejero del PSOE andaluz condenado a nueve años de inhabilitación por el caso de los ERE —condena que el Tribunal Constitucional acabó anulando en 2024—, reconoció haber contratado a Leire Díez en 2024 para indagar sobre una posible relación entre el comisario José Manuel Villarejo y aquel procedimiento; un auto del juez Pedraz apunta a que se utilizó una sociedad de Zarrías para canalizar cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a Díez.
El círculo familiar: Begoña Gómez y David Sánchez
La mujer del presidente, Begoña Gómez, está a la espera de juicio —que se celebrará ante un tribunal del jurado— por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias en abril de 2024, y desde entonces la instrucción ha ido sumando piezas sobre su actividad al frente de una cátedra de la Universidad Complutense. En la misma causa figuran Cristina Álvarez, asesora de Moncloa y mano derecha de Gómez, que también será juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación centrado en el desvío del software de la cátedra; y Juan Carlos Barrabés, empresario cercano a Gómez y adjudicatario de contratos públicos, investigado por la legalidad de esas adjudicaciones, que ha reconocido haberse reunido varias veces con ella en Moncloa, en dos ocasiones con el propio presidente presente.
El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, fue condenado en julio por la Audiencia Provincial de Badajoz, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por su contratación en la Diputación de Badajoz. La sentencia sostiene que el plan fue «ideado por las más altas instancias de la Diputación», y en la misma causa —conocida como el «caso hermanísimo»— fue condenado también Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura hasta diciembre pasado, a la misma pena de nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación; tras la condena renunció a su escaño, perdiendo así el aforamiento.
Zapatero: el primer expresidente español imputado
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, relacionados con el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021. En su despacho de la calle Ferraz, la UDEF encontró un centenar de joyas y relojes valorados en 1,3 millones de euros, que Zapatero ha explicado como herencia de su mujer y regalos de viaje, insistiendo en que no tenían «ni uso ni destino, ni afán patrimonial».
También están siendo investigadas sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, como administradoras de la consultora digital Whathefav, señalada como una de las principales beneficiarias finales de los ingresos de la trama; su secretaria, Gertrudis Alcázar, presunta ejecutora de sus órdenes; y dos empresarios de su círculo de confianza, Julio Martínez Martínez —«Julito», situado por la policía como «receptor y ejecutor de órdenes» de Zapatero— y Julio Martínez Sola, propietario de Plus Ultra, en cuyos informes figura una conversación con el expresidente diez meses antes del rescate de la aerolínea.
La Fiscalía también cae: la condena de García Ortiz
A todo este mapa se suma la condena, en diciembre de 2025, del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por revelación de secretos: el Supremo dio por probado que filtró a la Cadena SER un correo del abogado de González Amador y que después difundió una nota de prensa de la Fiscalía con extractos de ese mismo correo. García Ortiz ha recurrido la condena ante el Tribunal Constitucional alegando vulneración de varios derechos fundamentales, recurso que sigue pendiente de resolución.
El desgaste político de un mapa que ya no cabe en un titular
El PP cifra ya en 15 las causas judiciales, 94 los investigados y más de 1.800 los años de prisión en juego en el entorno de Sánchez, un recuento que la oposición esgrime como prueba de que no se trata de casos aislados sino de un problema sistémico. Moncloa, por su parte, sigue insistiendo en que es «fango» y en que PP y Vox tratan de «crear una sensación de corrupción generalizada que no existe». Pero entre las condenas ya firmes a Ábalos y Koldo, el juicio pendiente de Begoña Gómez, la condena a David Sánchez y la imputación de Zapatero, el argumento de la excepcionalidad resulta cada vez más difícil de sostener. Como cualquier eclipse, nadie puede predecir con exactitud cuánto durará este; lo que ya no se puede es mirar hacia otro lado.
