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El escenario político de Castilla y León ha revelado una nueva casilla complicada: aquella donde los ayuntamientos demandan dejar de ser considerados castellanos para ser reconocidos únicamente como leoneses.
De acuerdo con La Unión del Pueblo Leonés (UPL), son ya 78 municipios los que han aprobado mociones exigiendo la creación de una autonomía para la Región Leonesa, representando más del 58 % de la población de la provincia de León en esas decisiones. Este avance ha sido expuesto en El Debate, en un reciente artículo que destaca cómo el leonesismo sigue avanzando, con 78 pueblos apoyando su independencia de Castilla.
Este movimiento presenta una aparente paradoja: se origina desde las instituciones municipales y la Diputación de León, en un marco reglado, pero envía un mensaje que cuestiona la estructura territorial de la comunidad autónoma. A su vez, los políticos autonómicos y del Estado observan el fenómeno con una mezcla de inquietud, cálculo electoral y una cierta promesa de “ya hablaremos de esto”.
De mociones municipales a cuestión de Estado
El aspecto que dispara las alarmas no es solo el número de pueblos, sino también el peso demográfico y territorial del leonesismo institucional. Las mociones que piden autonomía leonesa han empezado en pequeñas localidades montañesas y han ganado terreno en municipios de tamaño medio, e incluso en grandes ayuntamientos, superando ya más de setenta corporaciones locales en León y sumando algunas en Zamora y Salamanca. La Diputación de León ha secundado esta iniciativa, aprobando una moción para solicitar autonomía propia, con el respaldo de UPL y PSOE, lo que otorga a este proceso un carácter institucional que resulta difícil de ignorar.
En estas mociones, promovidas por UPL, se aboga por la formación de una Comunidad Autónoma de la Región Leonesa, que englobe León, Zamora y Salamanca, separada de la actual Castilla y León pero dentro del ámbito de la Constitución. Aunque no se plantea formalmente una “independencia”, se busca una reconfiguración del mapa autonómico utilizando los procedimientos establecidos en la legislación. Sin embargo, el término independencia de Castilla ha irrumpido en el debate público, amplificando el impacto político del movimiento.
Para comprender la magnitud real del fenómeno, es útil considerar algunas cifras:
- Más de 70 municipios de León, Zamora y Salamanca han respaldado mociones en pro de la autonomía leonesa.
- En la provincia de León, estas entidades representan entre el 55 % y el 60 % de la población, según diversas estimaciones recientes.
- Con la incorporación de nuevos pueblos, la cifra total de municipios que apoyan la causa supera los 78, siendo la mayoría de ellos de León.
El resultado es un leonesismo que ya no se puede reducir a una simple reivindicación cultural o emocional. Está institucionalizado, cuenta con votos en plenos, porcentajes de población representada, y avanza como una estrategia política a medio y largo plazo.
El marco legal: muchas mociones y limitada salida
Desde un punto de vista jurídico, el movimiento se enfrenta a un complicado obstáculo. La creación de una nueva comunidad Autónoma diferente requeriría una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la aprobación de una Ley Orgánica en las Cortes Generales, un proceso que demanda mayorías cualificadas y un amplio consenso político. Las regulaciones tanto estatales como autonómicas en relación con la segregación territorial establecen requisitos bastante exigentes: acuerdos reforzados en los ayuntamientos, informes favorables de la comunidad autónoma, referendos en los territorios implicados y, finalmente, la validación del Parlamento nacional.
Las mociones actuales carecen de valor vinculante desde el punto de vista legal, pero sí poseen relevancia política: evidencian una voluntad reiterada en distintas instituciones y contribuyen a construir el relato de una “Región Leonesa” que busca su propio reconocimiento. El Gobierno central ha llegado a aceptar que existe un “derecho legítimo” a solicitar dicha autonomía, siempre dentro del marco constitucional, lo que, aunque no conlleva una obligación concreta, representa una validación política.
Este desajuste entre una base municipal amplia y un umbral legal elevado crea una especie de embudo institucional. Por un lado, los ayuntamientos continúan aprobando mociones; por otro, la respuesta se limita a declaraciones prudentes y a la tradicional promesa de estudiar la cuestión. En el medio, la Junta de Castilla y León mantiene su rechazo a cualquier secesión territorial, sustentada por PP y Vox en la comunidad, mientras que el PSOE se mueve entre el cálculo electoral en León y su discurso estatal de freno a la fragmentación territorial.
Impacto político: la “brecha leonesista” en la comunidad
El avance del leonesismo ha generado una brecha territorial dentro de Castilla y León que impacta directamente en el equilibrio de fuerzas. En León, UPL ha consolidado un voto regionalista relevante, reafirmando su presencia institucional y convirtiéndose en la primera fuerza en ciertos municipios, como La Bañeza, donde alcanza un 28 % de los votos. Las encuestas posicionan la autonomía leonesa como la opción predilecta para alrededor del 60 % de los habitantes de la provincia, mientras que en Zamora y Salamanca el apoyo se reduce a cifras alrededor del 15 % y el 13 %, respectivamente.
Este mapa desigual forja a los grandes partidos la necesidad de hacer malabares:
- El PSOE respalda mociones leonesistas en instituciones locales y provinciales, pero evita comprometerse con una reforma estatutaria que podría sentar un precedente para otras regiones.
- El PP se opone a la segregación, aunque algunos concejales populares han votado a favor de las mociones en determinados ayuntamientos, lo que pone de manifiesto la disonancia entre las direcciones autonómicas y las realidades locales.
- Podemos ha llegado a proponer una consulta respecto a la separación de Castilla, alineando su discurso con el derecho a decidir en términos territoriales.
- UPL aprovecha el descontento y se posiciona como la voz que contrasta con lo que ellos consideran un “invento político” que fue la creación de Castilla y León.
Todo esto genera un efecto colateral curioso: una comunidad creada para racionalizar la administración y ganar peso en el escenario autonómico convive hoy con un debate constante sobre si una de sus partes desea separarse. Y, tal como va el asunto, en León parecen decididos a que nadie lo pase por alto.
