Crece entre los votantes de centroderecha la sensación de que, si VOX resulta decisivo en un futuro Gobierno de coalición y Santiago Abascal llega a la vicepresidencia, esta vez sí habrá cambios de verdad.
Que la política española, empantanada durante años, se reseteará de una vez.
Y las encuestas, por primera vez, empiezan a poner un número concreto a esa esperanza: 210.
Doscientos diez no es un número cualquiera.
Es tres quintos del Congreso, el umbral que la Constitución exige para reformarse por la vía ordinaria. Y ese umbral, que hasta hace poco era pura teoría de manual, ha empezado a aparecer en sondeos reales como la suma de PP y VOX.
La derecha lo mira con una mezcla de incredulidad y apetito. La izquierda y el independentismo, con auténtico pavor.
Rufián, altavoz del miedo en el Congreso
El aviso llegó esta semana desde la propia tribuna del Congreso.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, exhibió ante Pedro Sánchez una lista de diez encuestas recientes con la suma de PP y Vox: 194, 203, 204, 209, 205, 201, 208, 207, 202 y 213 escaños. Una media de casi 205, con picos que ya tocan la barrera de los tres quintos.
Su pregunta, lanzada directamente a Sánchez, resumió el clima: «¿Saben ustedes, saben quienes nos ven, lo que esta gente es capaz de hacer con 210 diputados aquí?». Rufián fue más allá: aseguró que, con esa mayoría, PP y Vox podrían «cargarse» las pensiones públicas, la sanidad y la educación, y acabar con la representación política de Cataluña, Euskadi y Galicia en el Congreso. Sánchez respondió con una frase que ya suena a estribillo: «se hace camino al andar».
Lo que de verdad permite el 210
La cifra no es un capricho retórico. El artículo 167 de la Constitución exige una mayoría de tres quintos en cada Cámara para tramitar una reforma constitucional por la vía ordinaria. En el Congreso, tres quintos de 350 escaños son, exactamente, 210. En el Senado, con sus 267 miembros actuales entre electos y designados, el umbral ronda los 160 senadores.
Con esa mayoría en ambas Cámaras, un bloque de derechas podría impulsar reformas constitucionales sobre el modelo territorial, renovar órganos como el Tribunal Constitucional, el CGPJ o el Defensor del Pueblo sin necesidad de pactar con el PSOE, y tramitar cambios en la ley electoral, que exige mayoría orgánica pero quedaría a su alcance. Eso sí: la reforma solo iría a referéndum si lo pide una décima parte de cualquiera de las dos Cámaras, es decir, 35 diputados o unos 27 senadores.
El límite que ni el 210 puede saltarse
No todo cabe por esta vía. Tocar los derechos fundamentales, el Título Preliminar, la Corona o el núcleo duro de la Constitución exige el procedimiento agravado del artículo 168: dos tercios en ambas Cámaras —234 diputados, no 210—, disolución de las Cortes, nuevas elecciones, ratificación por las nuevas Cortes y referéndum obligatorio. El 210 abre puertas importantes, pero no es una llave maestra para reescribir la Constitución entera, por mucho que el debate político lo simplifique.
Por qué tiembla el independentismo
El temor de fondo tiene menos que ver con el articulado constitucional y más con algo más simple: el fin de un veto histórico. Desde la Transición, PP y PSOE se han necesitado mutuamente para las grandes reformas y los nombramientos institucionales. Una mayoría de tres quintos solo de derechas rompería ese equilibrio por primera vez desde 1978.
Para los partidos nacionalistas, el miedo se concentra en una posible revisión del modelo autonómico y en una reforma electoral que reduzca el peso de las provincias con voto muy concentrado territorialmente. Para la izquierda, el discurso se centra en pensiones, sanidad y educación públicas. Ninguno de los dos escenarios está garantizado por la sola existencia de una mayoría de tres quintos, pero el número ya funciona como advertencia de campaña.
La otra cara: la promesa del reseteo
Al otro lado del tablero, el mismo número se lee como una oportunidad histórica. Si las próximas elecciones confirman esa tendencia y Vox se convierte en socio imprescindible de un Gobierno de centroderecha, con Abascal en la vicepresidencia, una parte del electorado que hoy vota a PP y Vox espera algo más que un simple cambio de inquilino en Moncloa: espera que se acaben los pactos de mínimos y empiece, por fin, una legislatura con mayoría real para gobernar sin depender de Bildu, ERC o Junts.
Esa expectativa, hoy, sigue siendo eso: una expectativa. No hay elecciones convocadas, y las encuestas —por más que se acerquen al 210— retratan una fotografía, no un resultado. Pero pocas veces un número que aún no se ha traducido en votos ha logrado, a la vez, ilusionar tanto a un bando y desvelar tanto al otro.
