En su deriva nacionalista y angustiado por ganarse el favor de los "catalanes de cuna", Montilla se ha montado al carro del Estatut
Saben que tienen agarrado a Zapatero por donde más le duele, que son los votos que le pueden hacer perder La Moncloa y han decidido saltarse a la torera la Constitución y todo lo que se les ponga por delante.
Hace cinco días fue Esquerra Republicana, quien anunció que no acatará la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut «porque es un tribunal caducado y politizado».
Hace tres días fue ICV, por boca del consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, quien pidió la dimisión «en bloque» del Constitucional por «estar deslegitimado» al estar pendiente de relevar a un magistrado fallecido, otro recusado y otros cuatro que han finalizado su mandato.
Este lunes le tocó el turno al socialista José Montilla, quien en su deriva nacionalista y angustiado por ganarse el favor de los «catalanes de cuna», se ha montado al carro del Estatut y lanza veladas amenazas a diestro y siniestro.
El presidente de la Generalidad de Cataluña reiteró este lunes que no renunciará a «hacer prevaler el pacto político que representa el Estatuto» ofreciendo y exigiendo a la vez «sentido de Estado y lealtad institucional».
«No menospreciaremos ni renunciaremos a defender ni alcanzar ninguno de los objetivos del Estatuto que nos tiene que permitir prosperar nacionalmente».
«Es nuestra ley y nuestra voluntad. Se demuestra que, pese a los obstáculos y el pesimismo, el Estatuto está vivo, es plenamente constitucional, vigente, y que nuestro autogobierno avanza»
Los partidos que aglutinan el 90% de la representación en el Parlamento de Cataluña (SIU, PSC, ERC e ICV) no aceptarán un pronunciamiento del Tribunal Constitucional contrario al Estatuto aprobado en 2006.
En pleno debate sobre la sentencia, y en vísperas de un fallo definitivo, el Gobierno catalán vuelve a desafiar al Estado español creando su propio tribunal constitucional, que eso y no otra cosa es este consejo.
Su cometido es determinar autónomamente si las leyes catalanas se ajustan al Estatut y a la Constitución, además de arrogarse la última palabra en los recursos sobre los conflictos de competencias que puedan plantearse ante el Constitucional.
Como ya sucediera con la Ley de Educación, Cataluña vuelve a independizarse de las instituciones del Estado desarrollando el contenido de un Estatuto sin esperar, en un lógico ejercicio de prudencia, a que el Constitucional dicte sentencia.
Podría suceder -debería suceder- que dentro de unos días, o de unos meses, el Alto Tribunal declarara contrario a la Constitución el órgano que este lunes se constituyó en el propio Palau de la Generalitat con la pompa y el boato correspondientes.
Es evidente que Montilla, antaño representante del sector menos nacionalista del PSC, ha ido cayendo con la furia del converso en la deriva de sus socios, ERC e ICV, haciendo frente común con los nacionalistas de CiU, a quienes un posible recorte del Estatut les ha puesto los dientes largos para pescar en aguas soberanistas y volver al Gobierno catalán.
Todo ello ante el silencio cómplice de Zapatero, que -urgido por la necesidad que tiene de los votos de los diputados del PSC en el Congreso- hace oídos sordos a las amenazas -algunas veladas y otras no tanto- de desobedecer una hipotética sentencia del TC desfavorable a las tesis del tripartito.
Tanto la creación del tribunal catalán como las amenazas contra el TC -incompatibles con el respeto debido al Estado de Derecho- son posibles gracias a la propia irresponsabilidad del Tribunal que lleva más de tres años debatiendo el fallo. El doble de lo que los nacionalistas tardaron en redactar el Estatut.
