La Fiscalía pide que no pueda abandonar el país, tenga que presentarse cada 15 días en los juzgados y abone una fianza de 3 millones para no entrar en prisión. El juez ha decretado la retirada del pasaporte de Matas, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que existe riesgo de fuga.
El hecho de que el pronunciamiento del juez sobre la petición de prisión bajo fianza para el presidente pudiera demorarse hasta el lunes ha llevado al magistrado a adoptar con urgencia la retirada del pasaporte.
La defensa del ex ministro se ha opuesto, a través de Manuel Ollé, a la retirada del pasaporte, amparándose en el derecho al trabajo, dado que el ex presidente trabaja en la actualidad para la empresa privada en Nueva York.
Los representantes del ministerio fiscal han pedido dichas medidas cautelares al juez del caso, José Castro, en la vistilla que se ha celebrado esta mañana en los juzgados de Palma después de que esta madrugada Matas acabase su declaración, que se ha prolongado durante más de quince horas entre el miércoles y el jueves.
Jaume Matas y su cuñado Fernando Areal, ex tesorero del PP balear, llegaron a las 10:35 horas a los juzgados y recibieron nuevamente gritos de desaprobación. «¡Ladrones, devolved el dinero!», les han gritado algunas personas que se asomaban a las ventanas de la calle por donde han accedido a los juzgados, y donde la policía había establecido un dispositivo para evitar la concentración de personas a las puertas del edificio. Matas y su cuñado han llegado en compañía de su abogado Rafael Pereda.
El juez instructor del caso Palma Arena imputa a Matas nueve delitos, en concreto los de prevaricación, cohecho, malversación, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral.
Duante la declaración, prestada durante quince horas durante dos días, Matas continuó desvinculándose de las presuntas irregularidades cometidas en torno a la adjudicación de los distintos contratos de obra durante la construcción del velódromo Palma Arena, al exhibirle el juez numerosos documentos relativos a estas concesiones. Sin embargo, reconoció que pagó parte de la reforma de su piso de lujo, conocido como «palacete» con dinero negro. Según él, los 400.000 euros que utilizó eran procedente del alquiler de un local y el traspaso de otro.
Matas aseguró que no intervino en estas actuaciones y negó las declaraciones efectuadas al respecto por varios de los imputados en el caso. Así, se mantuvo en la declaración que ya efectuó hace dos días sobre el sobrecoste de la infraestructura, en la que se desligó de todas las actuaciones administrativas en la construcción, si bien asumió «con todas las consecuencias» su decisión política de llevar a cabo este proyecto que, según recordó, «fue refrendado por el Consell de Govern».
El ex jefe del Ejecutivo balear también negó haber intervenido en la propuesta de derribar un garaje ubicado en el solar del Palma Arena por un total de 100.000 euros. En su día, el arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, mostró su desacuerdo ante esta propuesta al aducir que el derribo sólo costaba la mitad. Asimismo, a este respecto ya se refirió el pasado mes de agosto una arquitecta, que ante el juez consideró una «locura» presupuestar 100.000 euros para proceder a esta actuación.
El caso Palma Arena nació en agosto de 2009 con la investigación del sobrecoste en la construcción del velódromo de la capital balear, presupuestado en 48 millones de euros y por el que desembolsaron unos 110 millones, pero luego ha derivado en la indagación del patrimonio de Matas y su supuesto incremento irregular. Una tercera ramificación de la causa, secreta hasta la semana pasada y en la que prestó declaración la eurodiputada Rosa Estaràs, es la supuesta financiación ilegal del PP mediante contratos a la empresa de comunicación Nimbus.
