El PP suspende de militancia a los dos ex cargos de Matas del «caso Bomsai»

El PP suspende de militancia a los dos ex cargos de Matas del "caso Bomsai"
. Agencia EFE

El PP de Baleares ha suspendido esta noche de militancia a los dos ex directores generales del Gover de Jaume Matas imputados en la «operación Bomsai», Jorge Sainz de Baranda y Joan Pol, tras decretar la juez contra ellos prisión provisional eludible mediante fianzas de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente.

«De acuerdo con los criterios establecidos», afirma el partido en un comunicado, «el Partido Popular, a la vista de las medidas judiciales adoptadas con carácter cautelar en el procedimiento en el que se encuentran implicados Jorge Sainz de Baranda y Joan Pol, ha decidido suspenderles de militancia temporalmente».

Sainz de Baranda formaba actualmente parte del organigrama del PP balear como adjunto a la presidencia del partido.

La jueza que investiga la presunta trama de corrupción destapada con la «operación Bonsai» ha decretado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para Jorge Sainz de Baranda, ex director general de Tributos del Govern balear que presidió Jaume Matas (PP), y de 30.000 euros para Joan Pol, ex responsable de Emergencias.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), la jueza Margarita Bosch imputa a Sainz de Baranda los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En el caso de Joan Pol, la jueza instructora le atribuye los delitos de prevaricación y cohecho.

En ambos casos, la magistrada también ha impuesto a los ex directores generales la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial y les ha retirado los pasaportes, con la prohibición añadida de abandonar el territorio nacional.

Ambos imputados, afiliados al PP, disponen de varios días para presentar las fianzas, que pueden depositar hasta el mediodía del 21 de abril.

Sainz de Baranda y Pol habían permanecido en dependencias judiciales desde el pasado martes y miércoles, respectivamente, cuando fueron detenidos por la Policía por su presunta participación en una trama corrupta relacionada con la concesión de contratos para la construcción de inmuebles impulsados por la empresa pública Caib Patrimonio.

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