La Audiencia Nacional ha denegado la suspensión cautelar de la orden ministerial que paraliza el plan de reforma del barrio del Cabanyal solicitada por el Ayuntamiento de Valencia, al entender que «podrían producirse perjuicios irreparables» en el patrimonio histórico.
Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en un auto facilitado hoy por la Asociación de Vecinos del Cabanyal, en el que también se indica que este rechazo no condiciona el fallo definitivo sobre el recurso.
Según expone el auto, «no procede acceder a la suspensión» del Consistorio valenciano, ya que la orden del Ministerio de Cultura -dictada el pasado 29 de diciembre- es «un acto de carácter negativo» que obliga al Gobierno local a suspender el plan que contempla el derribo de viviendas para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
La Audiencia recuerda que la citada orden obligaba al Ayuntamiento además a paralizar «todas las actuaciones administrativas» relacionadas con el citado plan, mientras que «se lleve a cabo una adaptación que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de conjunto histórico».
Ante esta situación, la Sala entiende que la suspensión de la orden y reactivación por tanto del plan podría provocar «perjuicios irreparables en el patrimonio histórico».
La Asociación de Vecinos del Cabanyal ha manifestado que este es «el último revés judicial, y ya son varios, que ha tenido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, en su irracional empeño de echar por los suelos una parte importante del patrimonio histórico de esta ciudad, el que representa el barrio del Cabanyal».
Según un comunicado de la asociación vecinal, el Ayuntamiento, «si se concedía la suspensión cautelar, y mientras el tribunal se lo pensaba, no habría dejado una casa en pie».
Los vecinos afirman que las últimas licencias de derribo aprobadas por el Ayuntamiento se han concedido con posterioridad al auto de la Audiencia Nacional hecho público hoy, fechado el 9 de abril, y aseguran que el equipo de gobierno municipal conocía esta decisión, por lo que las licencias son «nulas de pleno derecho en lugar de quedar suspendidas como ha manifestado el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver».
