El vicepresidente segundo y consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, explicó este martes que el Gobierno valenciano «está estudiando» recurrir al Tribunal Constitucional el Real Decreto del Gobierno por el que se prohíbe el endeudamiento de los ayuntamientos a largo plazo porque no van a renunciar a su competencia para «decidir el nivel de endeudamiento de los ayuntamientos de la Comunidad valenciana».
Camps se expresó de esta manera tras la reunión con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, los alcaldes de las tres capitales de provincia, Alberto Fabra (Castellón), Rita Barberá (Valencia) y Sonia Castedo (Alicante), y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, para tratar sobre la medida del Gobierno por la que se prohibirá a los ayuntamientos recurrir al endeudamiento a partir del próximo año.
«Estamos realizando estudios jurídicos de todo tipo», señaló el consejero, quien apuntó que ,como medida «ordinaria» piensan en recurrir al Tribunal Contencioso-Administrativo el Real Decreto y como medida «extraordinaria», al TC, dijo. El endeudamiento «está regulado en nuestra propia normativa», insistió.
De esta manera, el vicepresidente del Consell se preguntó si el Gobierno socialista optará también por prohibir el endeudamiento a las comunidades autónomas, cuando es la Administración central la causante del «mayor déficit de la historia» en España. Así, afirmó que Zapatero «ha despilfarrado» y «ha gastado sin medida en aquello que no hacía falta» y quiere que lo paguen «los ayuntamientos».
Por ello, afirmó que la Generalitat «va a estar al lado de los municipios de la Comunidad valenciana, «para que no parezca que es culpa de los ayuntamientos la situación en la que los encontramos». «Si hay que tomar medidas duras, no vamos a permitir que seamos los gobernantes que hemos sido responsables y los que lo hemos hecho bien, los números así lo justifican, los que seamos culpables» de esta situación.
El consejero criticó que el Gobierno socialista ha tomado esta decisión con «nocturnidad y alevosía» y «ha tratado de engañar a los ayuntamientos», ya que cuando anunció los recortes no mencionó la prohibición de endeudamiento de las administraciones municipales, ni dijo nada el pasado domingo en el encuentro con Elche (Alicante) con los alcaldes, lo que, en su opinión, resulta paradójico.
PLAN CONFIANZA SIN RECORTES
Frente a esta medida, el consejero aseguró que el Plan Confianza «no va a tener ningún tipo de recorte», ya que «hemos hecho las cosas bien» y «lo tenemos todo calculado», porque la Comunidad valenciana «está dentro de los parámetros» de endeudamiento marcados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), afirmó.
El vicepresidente económico advirtió de que limitar la inversión en estos momentos es un «error» y supone un «riesgo grave» para la capacidad española para salir de la crisis. Asimismo, advirtió que se «ponen en riesgo» cientos de miles de puestos de trabajo en España. Por ello, pidió al Zapatero que convoque elecciones.
En este sentido, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cifró en 850.000 los puestos de trabajo que se perderán con la prohibición de endeudamiento de los ayuntamientos.
Al respecto, explicó que ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades mueven 17.200 millones de euros en inversiones. De esta manera, teniendo en cuenta que el Gobierno aseguró que con la inversión de 8.000 millones del Plan E «se movilizó a 14.700 pymes y autónomos» y se crearon 426.278 puestos de trabajo, la alcaldesa calculó que el recorte de 17.200 millones en los municipios supondrá que «están en peligro 28.000 empresas» y «850.000 puestos de trabajo».
Barberá calificó de «miserable» el real Decreto del Gobierno porque se centra en «los más débiles», como son los pensionistas y las administraciones locales. Además, son medidas que generan «caos», apostilló.
REBAJA SUELDOS
Por su parte, la presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, criticó que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «no ha alzado la voz» ante el «atropello a la autonomía local» y al «principio constitucional de suficiencia financiera» de los municipios».
Asimismo, anunció que el próximo lunes se reunirá la Junta de Portavoces extraordinaria de esta institución para debatir sobre la prohibición de endeudamiento, así como la propuesta FEMP de rebajar el sueldo de los alcaldes y altos cargos municipales.
Barberá, en este sentido, apuntó que el Ayuntamiento de Valencia «no necesita ninguna instrucción de la FEMP para congelar y bajarse los sueldos». Es más, aseguró que esta institución está «políticamente muerta» desde hace tres años, ya que «ni defiende a los ayuntamientos», ni ejerce de interlocutor «con valentía» ante el Gobierno central.
