Las CC.AA. del PP. recalcan su apoyo «crítico»

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó este martes por unanimidad que las comunidades autónomas puedan incurrir en un déficit del 1,3% en 2011, frente al 1,7% previsto en la última reunión, sin tener en cuenta los anticipos a cuenta que recibieron las comunidades en 2008 y que tendrán que empezar a devolver ese mismo año. Aunque la decisión contó con el apoyo de todas las CCAA, las del PP recalcaron que su apoyo tenía un tono «crítico».

De esta manera, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, aseguró que su Comunidad aprobó la reducción propuesta por el Gobierno en «un voto muy crítico» , donde todas las CC.AA. le «han exigido al Estado que reduzca su déficit». En este sentido, Beteta explicó que las Comunidades Autónomas han pedido al Gobierno que «recorte el gasto público, recorte el número de ministerios» y, concretamente, en el caso del consejero, le ha pedido al Ejecutivo que «ponga ya un papel diciendo de dónde va a recortar los 20.000 millones que aún le quedan por especificar» y cuya especificación se ha exigido desde Bruselas.

Dicho esto, el consejero madrileño aseguró que Madrid «es la única Comunidad que está cumpliendo con los objetivos de equilibrio presupuestario» porque no tiene déficit. En este sentido, agregó, «Madrid pide un esfuerzo a todos» pero también se lo aplica, «aunque no exista necesidad». «Sólo Madrid ha hecho sus deberes y aunque no tenga que hacerlo, también adoptará las medidas que adopten otras Comunidades», recalcó.

El vicepresidente económico de Canarias, José Manuel Soria (PP), subrayó el posicionamiento favorable de todas las CCAA, si bien puntualizó que algunas, entre las que destacó a la suya, dieron su apoyo «crítico» porque las medidas adoptadas han sido «insuficientes» y la UE reclama un ajuste «mucho más duro». Agregó que es una «buena noticia que se haya aprobado el Plan de reequilibrio financiero», aunque lamentó que no le aclararan si se mantendrán las inversiones previstas en el Plan Canarias.

El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, destacó, por su parte, que la reducción del déficit acordada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada hoy supone un «esfuerzo muy importante» para las comunidades, y también una «señal de responsabilidad» de los Gobiernos autonómicos y central, y a la vez una muestra de la «necesidad de que en el próximo consejo «se concreten medidas que permitan esta reducción».

Asimismo, el consejero de Economía y Hacienda de la Comunitat Valenciana, Gerardo Camps, indicó que le resulta una «paradoja» que a las comunidades se les pida «todo el esfuerzo» para acelerar la reducción del déficit entre 2010 y 2011, y que en el año 2012 se exija el mismo nivel que en el año anterior. También resaltó que la región se manifestó «en tono positivo» en la reunión, con respecto al objetivo de aceleración en la reducción del déficit, aunque supone «un mayor esfuerzo a las comunidades autónomas, y que tiene como base una imprevisión por parte del Gobierno».

En la misma línea se manifestó la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien explicó que votó en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a favor del nuevo acuerdo para acelerar la reducción del déficit público «por responsabilidad» y «prudencia» aunque, a su juicio, las medidas están llegando tarde.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón, Alberto Larraz, aseguró que la palabra para definir el cónclave sería «unanimidad, que viene muy bien para dar confianza a los mercados». «Se ha reconducido la senda de déficit hacia el 2013 globalmente en un 3 por ciento, y para las CCAA al 1,1. Unanimidad no exenta de matizaciones y críticas a determinados aspectos, pero no ha habido tampoco ninguna abstención. Todos preocupados por dar confianza a los mercados, todo el mundo está concienciado para ajustar y equilibrar los presupuestos para los próximos años, y se han aprobado también todos los planes económico financieros que ha habido que ajustar», explicó.

El consejero de Hacienda de la Junta de Extremadura, Angel Franco, coincidió con su homólogo aragonés en que el resultado ha sido «satisfactorio ya que los acuerdos se adoptaron en todos los casos por unanimidad», aunque también reconoció que se han planteado «matices de oportunidad, de plazo, de avance y alcance de las medidas», pero señaló que la conclusión es que todas las Comunidades «han estado de acuerdo en apoyar esta nueva senda de reducción del déficit que va a favorecer la credibilidad de España en los mercados financieros».

La consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia, Marta Fernández, destacó que las CCAA dieron «algunas un sí crítico y otras un sí menos crítico», aunque aseguró que lo importante es que se ha acordado el decreto por unanimidad. No obstante, explicó que el PP ha pedido al Gobierno un esfuerzo en la coordinación con todas las CCAA, así como una convocatoria urgente del CPFF para seguir trabajando en las medidas que la UE sigue demandando. A su juicio, un momento de «seriedad económica requiere esta unanimidad y esta disciplina».

Por su parte, la consejera murciana de Economía y Hacienda, Inmaculada García, consideró que se lleva «mucho tiempo perdido», por lo que apremió al Gobierno para que se adopten las medidas que se tengan que adoptar, porque ya se actúa «por imposición de la UE». «Es la primera vez que presidiendo la UE al presidente de turno se le imponen una serie de medidas tan drásticas como las que se han adoptado. El voto dentro de la responsabilidad de la lealtad institucional tiene que ser positivo porque tenemos que cumplir los objetivos del equilibrio y tenemos que reducir el déficit. Hemos estado críticos para que la reducción del déficit se concrete en una serie de actuaciones y de medidas que ya se tenían que haber puesto encima de la mesa», dijo.

Finalmente, el consejero de Economía de Baleares, Carles Manera, aseguró que este conjunto de iniciativas comprendida en el plan de reequilibrio permite a su comunidad situar el déficit de Baleares «en los niveles que marca Bruselas y la Unión Monetaria», que permiten así «tener la capacidad económica y financiera» para sufragar las inversiones públicas.

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