El Parlament ha aprobado con los votos a favor del PSIB, UM y Bloc y el rechazo del PP el Proyecto de Ley para reducir gastos en 103 millones de euros, que contempla la reducción en un 5 por ciento del sueldo de los funcionarios y trabajadores públicos, así como una disminución de los salarios de los altos cargos del Govern entre un 7 y un 11 por ciento.
Durante el Pleno, el portavoz del PP en el Parlament, Francesc Fiol, remarcó que su partido no puede votar a favor de que se disminuya un 5 por ciento el sueldo de los funcionarios y trabajadores públicos y, por ello, justificó su voto en contra de esta Ley, que se ha tramitado por lectura única.
Fiol criticó el hecho de que el Govern haya incluido este recorte de salarios en cumplimiento de un Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que, a su juicio, es «fruto de la improvisación» y, por ello, lo calificó de «nefasto, inadecuado y vulnerador de derecho fundamentales».
«Algunos aspectos van en la buena dirección, pero la mayoría no, ya que con la aprobación de esta Ley, el Govern lesiona los derechos de los funcionarios transponiendo por imperativo legal el Decreto Ley del Ejecutivo central», recalcó Fiol.
Asimismo, criticó al presidente, Francesc Antich, por vivir «inmerso en un conflicto interno que debería haber motivado presentarse a una cuestión de confianza para ver si tiene capacidad para seguir gobernando esta Comunidad», teniendo en cuenta que no cuenta con la mayoría en la Cámara, a pesar de que hoy sí que la ha logrado de manera «inesperada», tras el apoyo de UM al proyecto de ley.
Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, recalcó que las medidas para reducir gastos en 103 millones de euros, contempladas en el primer Proyecto de Ley, se suman a los 220 millones de euros que se presupuestaron menos en 2010, en relación al año anterior, por lo que, en total, las cuentas públicas han disminuido un 8 por ciento, respecto a 2009.
En esta normativa está incluida la reducción en un 5 por ciento a los funcionarios y trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma a partir del 1 de junio, mientras que las retribuciones de los altos cargos bajarán entre un 9 y un 7 por ciento.
Concretamente, se reducirá en un 9 por ciento el salario del presidente del Govern, Francesc Antich; un 8 por ciento el de los consellers y miembros de la Sindicatura de Cuentas y un 7 por ciento el de los directores generales, gerentes de las empresas públicas, asesores y miembros del Consell Consultiu.
Asimismo, contempla una disminución en un 5 por ciento del presupuesto de las entidades del sector público autonómico una vez descontados los gastos financieros, lo que supondrá un ahorro cercano a los 33 millones de euros.
Por otro lado, establece que los contratos superiores a 6 millones de euros deberán ser autorizados por la Conselleria de Economía y Hacienda, que deberá emitir un informe sobre repercusiones presupuestarias y compromisos financieros relativos a los expedientes de contratos de colaboración público-privada o de concesión de una obra pública.
Además, mediante esta Ley, se creará una Central de Contratación, que tendrá como objetivo lograr los precios «más competitivos y razonables» a la hora de contratar por parte del Govern obras, servicios y suministros.
