Cataluña dispondrá de un sistema de archivos propio que aglutinará los fondos históricos de la comunidad situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona, en virtud del fallo del Tribunal Constitucional (TC) en torno al Estatut, que desestimó limitar el alcance de la disposición adicional decimotercera.
De este modo, la gestión de fondos comunes con otros territorios deberá establecerse «a través de los mecanismos que se establezcan de mutuo acuerdo», y por tanto otorga a Cataluña un papel decisivo en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón.
En cualquier caso, la norma catalana ya establecía la obligatoriedad de «colaborar» con el Patronato de dicho Archivo y con el resto de comunidades autónomas que comparten fondos para lograr una «gestión eficaz».
