El Parlamento catalán aprobó hoy la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que establece, entre otros puntos, el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en catalán, y fija sanciones que pueden llegar, en los casos más graves, hasta un millón de euros.
La nueva normativa, que se aprobó con el apoyo de PSC, ERC e ICV-EUiA, la abstención de CiU, y los votos en contra de PP y C’s, unifica todas las disposiciones existentes hasta ahora en materia de consumo, e incorpora la regulación sobre nuevas formas de comprar y vender, como el comercio electrónico.
Las organizaciones de consumidores estarán reguladas por esta nueva ley, que también refuerza los derechos de los usuarios en el ámbito de la salud y de la seguridad en el consumo.
La diputada del PSC y relatora de la ley, Judith Carreras, defendió que se trata de una normativa «necesaria y ambiciosa» porque la última regulación en materia de consumo se remonta 20 años atrás, dijo.
Consideró que la ley servirá de estímulo para salir de la crisis económica porque mejorará las condiciones de consumo de los usuarios, y la calificó de «pieza fundamental para la recuperación económica».
PP Y MIXTO CONTRA LAS SANCIONES
José Domingo (Grupo Mixto) criticó que «el cuadro sancionador de la ley es disparatado», y recordó que la legislación estatal fija que las sanciones más graves no pueden superar los 600.000 euros, mientras que la nueva ley llega al millón.
La popular Eva García reprochó al Gobierno catalán que la normativa instala «la persecución y el terror» en materia sancionadora, y además consideró que pone trabas a la recuperación económica de las empresas catalanas porque las convierte en menos competitivas, dijo.
CiU se abstuvo porque valoró que la ley se ha elaborado con prisas, carece de seguridad jurídica, y destila, según el diputado Xavier Dilmé, «desconfianza hacia los consumidores y las empresas», los principales afectados por la regulación.
EL ESTATUT COMO TRASFONDO
El debate final sobre la ley transcurrió con continuas referencias a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. El diputado del Grupo Mixto consideró que la votación de esta ley es «la primera muestra de desacato a la sentencia» del Gobierno catalán y CiU, mientras que el PP consideró que el fallo convierte parte del articulado en constitucionalmente «dudoso».
El PSC defendió que la nueva normativa es «absolutamente respetuosa» con el Estatut, tanto en materia competencial como lingüística, mientras que ICV destacó que la ley demuestra «más que nunca la utilidad del Estatut para ampliar los derechos de los ciudadanos».
El Consejo de Garantías Estatutarias, instado por el PP, dictaminó que la ley se ajustaba al Estatut y a la Constitución, aunque se pronunció antes de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera sobre la norma catalana.
Por ello, tanto PP como Grupo Mixto pidieron que la votación sobre esta ley se aplazara porque la decisión del Alto Tribunal modifica el Estatut, y apuntaron que la nueva normativa podría ser inconstitucional. La Mesa de la cámara rechazó esta posibilidad.
