El PPdeG presentará mañana en el Juzgado de Corcubión una ampliación de la querella criminal que dio lugar, en 2008, a la apertura de la causa de la supuesta agente electoral, para que se investigue la «trama agraria» que imputan al PSdeG, con el ex dirigente de UU.AA. y secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, y el ex conselleiro de Traballo Ricardo Varela, como «cerebros» de la misma.
Fuentes populares explicaron a Europa Press que mañana solicitarán en el juzgado que se «amplíe» la querella por el caso de la agente electoral y que se practiquen «nuevas diligencias» en relación a la supuesta trama agraria. Los populares piden así una ampliación en las actuaciones referidas a la causa de María Isabel Blanco, que –sostienen– «pasó de ser un caso aislado a uno más de los 160 detectados».
Durante las últimas semanas, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo denunció que las 30 asociaciones «fantasma» que, según su versión, conforman la «trama agraria», percibieron ayudas públicas para 160 contratos subvencionados entre los años 2006 y 2008 por un importe próximo a los 2 millones de euros, cuyo uso y destino pone en duda.
Los populares denunciaron que las notificaciones bancarias de las asociaciones eran enviadas a la sede central de UU.AA. y que las cuentas de 15 de éstas se abrieron de forma consecutiva. Ayer mismo, aseguraron también tener pruebas de que trabajadores recogían certificados postales en sedes de UU.AA. «a kilómetros de distancia» de la asociación en la que «debían» ejercer sus funciones.
En base a estos nuevos datos, han decidido ampliar la querella –manteniendo los «posibles delitos contra la Hacienda Pública y fraude en subvenciones, malversación, tráfico de influencias y fraudes y exacciones legales»– y pedirán que se soliciten como pruebas los extractos bancarios de las cuentas del sindicato y de las asociaciones para analizar los movimientos efectuados y determinar, al tiempo, «qué gastos» efectuó la organización «con dinero conseguido por su red de asociaciones».
NUEVAS PRUEBAS TESTIFICALES
Además, ahora, el PPdeG «pide nuevas pruebas testificales», una vez «acreditado que la red estaba centralizada en Santiago, en la sede del sindicato que dirigía Pablo García, y teniendo en cuenta que el presidente de la asociación que contrató a la agente electoral señaló al también senador socialista como el hombre encargado de seleccionar y distribuir a los trabajadores que contrataba el bipartito».
Los populares insisten en que Varela y García declaren «en calidad de testigos» porque así están «obligados a responder a todas y cada una de las preguntas que le sean formuladas en el juicio, así como a decir toda la verdad so pena de ser procesados por falso testimonio».
«Tres semanas de mentiras y aclaraciones peregrinas, y siempre que el juzgado acceda a atender la demanda del PPdeG, el actual número dos del PSdeG y su antecesor en el cargo tendrán que explicar en sede judicial su vinculación con la trama socialista», recalcó.
En este sentido, el PPdeG ratificó que esta supuesta trama «puso casi dos millones de euros en una cuenta bancaria del sindicato agrario del PSdeG y que manejaba el senador Pablo García, usando para ello a 30 asociaciones fantasma vinculadas a 44 cargos del PSdeG do de UU.AA.».
«Los populares se reservan en todo momento la posibilidad de pedir la imputación de ambos, una vez escuchadas sus explicaciones ante el juez», matizó el PPdeG, al tiempo que reiteró que «esta vez no podrán mentir».
Esta actuación judicial del PP se suma a las ya emprendidas por los socialistas, puesto que el propio Pablo García presentó a principios de este mes una querella contra el portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, por un supuesto delito de calumnias. Por su parte, Ricardo Varela, que también es secretario provincial del PSdeG en Lugo, presentó una autodenuncia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a mediados de este mes ante lo que considera «difamaciones» del PP.
MAS TESTIGOS
Asimismo, el PP pedirá que testifiquen los presidentes de varias asociaciones, así como la actual asesora y consejera socialista de la CRTVG, Adriana Fernández Vázquez; y el secretario de Administración de UU.AA., Javier López, quien, recordaron los populares, «reconoció que el dinero llegaba a las cuentas del sindicato que dirigía Pablo García».
Igualmente, reclamarán un estudio sobre los rendimientos financieros de la organización «y para analizar los intereses generados por esos dos millones de euros».
