El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha afirmado este jueves que estará «pendiente de la resolución final» del caso de los presuntos espionajes tanto a su persona como al ex consejero madrileño Alfredo Prada, y ha insistido en que «lo que está probado y nadie discute, y la juez tampoco lo niega, es que los seguimientos se han producido».
Tras conocerse el auto judicial por el que se archiva la causa de los espionajes al no haberse encontrado pruebas de que haya habido malversación de fondos públicos, el vicealcalde ha recordado que las partes personadas en la causa tienen cinco días para decidir si presentar recurso, tiempo que él aprovechará para pensar y decidir con sus abogados cómo actuar.
En cualquier caso, ha subrayado que «lo que está probado y nadie discute, y la juez tampoco lo niega, es que los seguimientos se han producido». «En todo momento ha sido evidente que personal al servicio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha realizado estos seguimientos», ha insistido el edil.
Así, ha recordado que «no solamente un ex guardia civil sino varios hasta altas horas de la noche estuvieron presentes mientras el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada estaba cenando con su mujer, su hija y un amigo».
«Y todos sabemos, los que estamos en este mundo de la política y administración, que Prada tenía para su protección a miembros de la Policía Nacional. ¿Cómo va a tener no uno sino dos o tres ex guardias civiles vigilándole o contravigilándole de forma legal? El seguimiento ha quedado demostrado y ha sido admitido por los propios ex guardias civiles», ha apuntado.
Asimismo, Cobo ha recordado que el auto judicial «da por probado que otra persona que trabajaba en la Consejería, José Manuel Pinto, hizo efectivamente anotaciones en los partes de seguimientos». «Por tanto, esos partes son reales, obedecieron a los seguimientos que se realizaron en 2008», concluye el vicealcalde.
En cualquier caso, ha reconocido que «la calificación jurídica» de este comportamiento debe determinarlo «la administración de Justicia y la juez», aunque ha señalado que este procedimiento judicial tiene «dificultades» que expresa la propia magistrada, que en su auto señala que, «dada la laxitud e inconcreción de las funciones que tenían los imputados no se puede determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente a los posibles seguimientos», según cita el vicealcalde.
«En resumen, los hechos, que son absolutamente reprochables, han sido probados en este procedimiento: el seguimiento realizado por personas sin ninguna competencia o legitimidad para hacerlo. Eso se produjo, y a partir de ahí esperaremos a que se termine definitivamente el procedimiento para saber, en una sentencia firme, cuál es la calificación jurídica que procede a la luz de posibles recursos que se puedan presentar», ha reiterado.
Finalmente, el edil madrileño ha eludido responder a las palabras del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, quien hoy ha vuelto a insistirle en que debe disculparse por sus acusaciones.
En este sentido, Cobo afirmó el pasado mes de mayo sobre este mismo asunto que «quien acude pidiendo que se haga justicia desde luego no tiene que pedir perdón por nada». «Lo que exijo son responsabilidades judiciales a aquellas personas que han cometido un delito, y tengo todo el derecho de hacerlo y lo voy a seguir haciendo diga lo que diga quien lo diga, porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a acudir a los tribunales», aseguró entonces el edil.
