Quizá, en su ignorancia, Zapatero crea que las aguas volverán a su cauce tras las elecciones autonómicas, que no pasa nada y que se puede retorcer la legalidad, pero está jugando con fuego
El discurso de ruptura y confrontación que pronunció José Montilla este 16 de julio de 2010, abre una brecha en el socialismo español y pone a Zapatero en la disyuntiva de apoyar la deriva soberanista de los socialistas catalanes o de rechazarla con el riesgo de un cisma.
Lo que el presidente socialista de la Generalidad de Cataluña, propuso en el Parlamento catalán es una estrategia de pura insumisión anticonstitucional, basada en la contradicción de amenazar al Estado por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y afirmar a continuación que «el Estatuto sigue plenamente operativo».
Montilla viene a decir que el resto de España debe adaptarse a Cataluña y que las exigencias de una pequeña minoria nacionalista tienen que imponerse sobre la gran mayoría de los españoles, que no quieren cambiar la Constitución.
El PSOE y el PSC han anunciado la presentación de una propuesta conjunta en el Congreso español, que supone un abierto desafío al Tribunal Constitucional.
Zapatero ha acabado por ceder a las presiones de Montilla y el nacionalismo catalán, porque tiene miedo a un conflicto con el PSC, cuyos votos necesita para seguir en Moncloa y no terminar de hundirse electoralmente.
Quizá, en su ignorancia, crea que las aguas volverán a su cauce tras las elecciones autonómicas, que no pasa nada y que se puede retorcer la legalidad, pero está jugando con fuego.
Es importante reseñar que el compromiso de Montilla de acatar la sentencia es una declaración engañosa, porque no va seguida del compromiso realmente importante, que es el de cumplirla.
Por lo pronto, ha decidido no darse por enterado sobre la interpretación del Estatuto en materia de competencias y del uso del castellano en la enseñanza.
La fórmula de «se acata, pero no se cumple» es inaceptable en un Estado de Derecho que tiene en la Constitución el fundamento único del ordenamiento jurídico e institucional.
En definitiva, Montilla opta por liderar un movimiento catalanista de quiebra de relaciones con el resto de España, que sitúa a los socialistas catalanes en la vanguardia más radical del soberanismo.
La inminencia de las elecciones autonómicas no disculpa estos mensajes extremistas en quien ostenta la máxima representación del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni los reduce a un exabrupto pasajero.
Por el contrario, suponen la concreción de una posición política con pretensión de liderazgo, con vocación frentista y cuyo resultado sería el afianzamiento de un régimen de monopolio soberanista.
Además, Montilla no tiene duda sobre el alcance inconstitucional de su discurso nacional, porque pidió incluso la reforma de la Constitución para que sea ésta la que se ajuste al Estatuto revisado por el TC.
La indolencia del Gobierno central ante estas embestidas desleales del tripartito catalán y del nacionalismo, bajo la insólita batuta de un socialista, no debería provocar equívocos sobre la trascendencia de lo que está sucediendo.
Zapatero se fijó como objetivo hacer que «Cataluña se sienta cómoda en España» y transigió sobre el orden constitucional para impulsar un Estado confederal, que ahora, mal que bien, el TC ha frenado.
Quien dijo llegar al Gobierno para traer la paz territorial, alcanza la mitad de su segundo mandato con la crisis autonómica más grave de la democracia, y con el agravante de que no es un partido nacionalista, sino uno socialista el que lidera, agita y empuja el enfrentamiento de Cataluña con el resto de España.