El consejero de Economía, Antoni Castells, ha defendido de nuevo el carácter «irreprochable» del convenio de marzo de 2006 entre la Generalitat y el Palau de la Música sobre la recalificación de los terrenos para construir el hotel del Palau en su segundo turno de palabra en la comisión del caso Palau y tras las críticas de la oposición.
«Es un convenio irreprochable. No quiero parecer prepotente, pero esta bien hecho, al servicio del interés público», ha matizado el consejero, que ha comparecido a petición propia y acompañado del secretario general de la Consejería de Economía, Martí Carnicer, y respaldado por algunos de los miembros de su partido como el portavoz del PSC, Miquel Iceta o la vicepresidenta del partido, Manuela de Madre, que han permanecido en la sala.
Los grupos políticos de la oposición CiU, PP y C’s han lamentado que el consejero haya tachado de irreprochable un operación urbanística que está sujeta a una investigación judicial, y han pedido al consejero que asuma responsabilidades políticas y cese los cargos de su consejería que no actuaron correctamente.
Los mismos grupos han centrado sus críticas en el departamento de patrimonio –que pertenece a la consejería de Economía– porque su directora general, Immaculada Turu, declaró en la comisión que sobre el hotel del Palau solo había un protocolo de intenciones cuando el propio consejero ha admitido que lo que había era un convenio.
El diputado de CiU Jordi Turull ha recriminado a los grupos del tripartito que por los 630.000 euros legales que recibió la fundació CatDem del Orfeó Català pidieran dimisiones a CiU, mientras que no hacen lo mismo con la consejería de Economía cuando en el caso del hotel del Palau han quedado en entredicho el destino de 11 millones de euros.
OASIS CATALAN
«El oasis catalán está pareciendo una cloaca», ha considerado el diputado del grupo mixto Albert Rivera, que ha culpado tanto a CiU como al tripartito de colaborar en la desaparición de fondos públicos por su falta de control en los organismos que dependen de la Generalitat. Además el diputado popular Santi Rodríguez ha reprochado al consejero que usara un tono más crítico el día que compareció ante la juez.
En este sentido, el diputado de ICV-EUiA, Lluís Postigo, ha recriminado al consejero que no haya exhibido un «mínimo de sentido de autocrítica», y no actuara de forma transparente con el convenio del hotel del Palau cuando, a su juicio, no tenía ningún defecto de forma.
El diputado del PSC Jordi Terrades, ha centrado su discurso en la presunta financiación irregular de CiU porque no tiene «ninguna duda en la actuación del consejero, mientras que la diputada de ERC Maria Àngels Cabassés ha destacado que el grupo municipal de su partido en Barcelona siempre se opuso la operación del hotel.
«NI UNA SOMBRA DE DUDA»
Castells ha pedido a los diputados que acepten «la realidad» y ha lamentado «desengañar» a aquellos que quieren contraponer lo que dijo ante la juez con lo que está diciendo ahora y ha instado a buscar las grabaciones y pedir «disculpas».
«Una cosa es discrepar con el proyecto del Hotel y la otra es extender la sospecha delictiva sobre los servidores públicos», ha criticado. «No hay ni una sombra de duda. Ni es una operación especulativa, ni es a favor de un particular», ha asegurado el consejero, que ha apuntado que se trataba de una permuta de usos «como tantas otras».
Ha asegurado que Turu se refería a que era un convenio «de características específicas», ya que en sí mismo no desprendía obligaciones. «A mi me convencieron los argumentos de la directora general y de la asesoria jurídica», ha matizado en referencia al informe previo, que no se realizó porque según Castells no era preceptivo.
Ha querido recordar que la Generalitat «es víctima y no complice» de Fèlix Millet, en referencia a los 3,7 millones de euros que éste se llevó del Consorci. «No estamos orgullosos de lo que pasó, pero no fue culpa de la Generalitat».
Por último, Castells ha leído unas palabras a modo de conclusión en las que ha subrayado que «aquellos que representan a las instituciones» tienen derecho a que se les presuponga la «voluntad de servir al interés público».
«En política no se vale todo, no hemos de esconder nada pero no se puede ensuciar y hacer mal impunemente», ha constatado el consejero que ha pedido a los diputados y al presidente de la comisión que reflexionen «sobre si la línea de conducta seguida en los últimos meses es la acertada para devolver a los ciudadanos la confianza y la certeza» de que tienen unas instituciones que velan por la transparencia y la honestidad.
