El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció que el Ejecutivo regional reclamará ahora al Gobierno los 150 millones de euros comprometidos en 2010 para el Plan de Convergencia Interior ante las «indicaciones» de los socialistas así como el mismo trato que a las Islas Baleares y Cataluña, ya que cuentan con partidas en la misma sección del Presupuesto que Castilla y León.
De Santiago-Juárez consideró una «buena noticia» que el secretario de Política Económica del PSOE, Julio López, garantizara ayer que el Presupuesto General de Estado para este año cuenta con los 150 millones de euros porque «eso no lo dijo el Gobierno nacional» en el encuentro del Grupo de Infraestructuras de la Comisión Bilateral Comunidad-Estado reunido el pasado lunes en Valladolid y en el que, según el portavoz, sólo se aseguraron 75 millones.
«Entendíamos las circunstancias económicas actuales», aclaró el consejero de la Presidencia, quien recordó que ya el lunes informó de la necesidad de «salvar» 75 millones y aplazar para futuros ejercicios los 75 restantes, aunque ahora y a través del borrador de convenio que la Junta enviará al Estado antes de que concluya julio para avanzar en los proyectos del Plan de Convergencia se pedirán los 150 millones atendiendo así a las «indicaciones» de los socialistas.
El portavoz de la Junta informó además de una segunda «buena noticia», ya que el Gobierno regional ha conseguido los convenios que el Gobierno rubricó en 2009 con las Islas Baleares y Cataluña sobre la distribución de las cuantías incluidas en la misma sección del presupuesto en la que aparecen los 75 millones de la Comunidad.
Así, De Santiago-Juárez señaló que en ambos casos se rubricaron días antes de concluir el ejercicio y en ellos se establecía el reparto vía transferencia finalista en los presupuestos de ambas comunidades con la posibilidad de que estas inversiones pudieran ser ejecutadas en los dos o tres próximos años.
Tras estas aclaraciones, el portavoz de la Junta destacó que el Ejecutivo regional no está dispuesto a admitir que el Gobierno central supedite la firma del convenio con Castilla y León a un pacto previo con el PSOE.
«Desde cuándo para cumplir una ley se te puede obligar a pactar con un grupo político», se preguntó De Santiago-Juárez, quien consideró que esta premisa, a la que denominó «doctrina Zarrías», le «huele» a «regímenes anteriores» ya que no «cabe» en un Estado de Derecho.
«Por ahí no vamos a pasar», zanjó el portavoz de la Junta, tras lo que reiteró que quien «dinamitó» el pacto fue el PSOE con las «ocurrencias y cambios de criterios» de su secretario regional, Oscar López.
