El director de la revista ‘Temas’, José Félix Tezanos, plantea en un artículo sobre el futuro del ‘Estatut’ que «habría que pedir a los socialistas catalanes un especial esfuerzo de solidaridad política y personal» para que no reclamen al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero soluciones que parezcan «una trampa legal».
«Nadie podría entender que se intentara llevar al actual presidente del Gobierno por el camino de ese matadero», expone Tezanos en su texto ‘El dilema catalán’, publicado en el último número de la revista cuyo consejo de redacción preside el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.
En su opinión, hay que ser «extremadamente cautelosos» con la tesis de que para algunos preceptos del ‘Estatut’ cuestionados por el Tribunal Constitucional pueden encontrarse «nuevos mecanismos de viabilidad a través de otros encajes legales apoyados o propiciados» por el Gobierno central.
«No sólo por razones de viabilidad técnica, –avisa–, que es discutible que sea factible en todos los casos, sino por la impresión que se daría de estar intentando realizar una ‘trampa legal’, con la burla que ello implicaría al entramado constitucional».
Tezanos subraya además que «cuando se habla de política y de arquitecturas jurídico-constitucionales no deben confundirse los deseos con las realidades ni los pactos políticos con las leyes».
Y, en todo caso, apela a los políticos catalanes a optar por una actitud de «pactismo y sensatez» y no de «enconamiento», y se pregunta «Hasta qué punto se pueden tensar determinadas cuerdas». Es más, señala que, aunque «nadie cuestiona el derecho de un número importante de catalanes» a manifestarse para expresas sus «anhelos», hay que preguntarse también «qué salida o continuidad» pueden tener esas manifestaciones.
A su juicio, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el ‘Estatut’ es un «equilibrio complejo pensado, precisamente, para propiciar una salida razonable» y por eso mucha gente no entiende «algunas de las reacciones airadas y extremistas que se han dado» y «una parte apreciable» de catalanes es partidaria de «serenar los ánimos».
En este sentido, cree que algunas de las puntualizaciones del TC son «de sentido común» y «no son negativas» para que los catalanes ejerzan su ciudadanía, «ya que siempre será mejor y ofrecerá más posibilidades la existencia de otras instancias judiciales o del Defensor del Pueblo».
ES MAS SENSATO NO MULTAR A COMERCIANTES
Y, en la misma línea, opina que «resultará más sensato y dará lugar a menos tensiones no penalizar a aquellos comerciantes que no pongan los rótulos de sus tiendas en una lengua determinada», y que también es de sentido común que las Cortes ejerzan su soberanía en asuntos «tan centrales» como los Presupuestos Generales del Estado.
Por todo ello, Tezanos sostiene que la opinión pública catalana «debe valorar hasta qué punto el resultado alcanzado es razonablemente satisfactorio» para sus aspiraciones y dentro «de las posibilidades constitucionales actuales». Para los «catalanes sensatos», añade, «es hora de acuerdos y de pragmatismos y no de exaltaciones poco prácticas».
En su texto, reconoce que algunos aspectos del ‘Estatut’ suponían un «envite muy importante» que alteraba equilibrios no sólo en Cataluña sino en todo el «entramado constitucional y político español», de manera que era lógico esperar que los políticos «concernidos» tuvieran que hacer o decir algo en respuesta a la sentencia.
Sin embargo, advierte de que algunos líderes catalanes han actuado a veces con «excesiva intensidad» y de que tienen que medir «muy bien los costes» de cualquier futura reacción, en un momento en que la opinión pública española tiene la sensación de que «las cosas se han llevado a un límite que no se puede traspasar sin causar males mayores».
Para Tezanos, las «presiones» a las que ha sido sometido el TC ya han tenido «costes evidentes» y no sólo para el propio tribunal, mientras además «algunos partidos políticos han tratado de obtener réditos electorales a partir de la tensión que han creado».
