Insólita medida la que se saca de la manga la Junta de Andalucía

Mil ochocientos euros a las mujeres que juren haber sido vejadas en el franquismo

'A modo de reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática'

Mil ochocientos euros a las mujeres que juren haber sido vejadas en el franquismo
Mujeres durante el franquismo.

Las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas

La mujeres andaluzas que sufrieron la represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la Dictadura Franquista tendrán derecho a recibir una ayuda de 1.800 euros en virtud de un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El decreto reconoce el derecho de estas mujeres a percibir esta indemnización «a modo de reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática», según ha explicado el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La indemnización acordada, que se suma a las que desde 2001 concede el Gobierno andaluz a las víctimas de encarcelamientos y confinamientos en campos de concentración, hace referencia a acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado de cabeza, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público.

El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión -entre 1936 y 1950-, según Pizarro, quien ha recordado que ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas.

Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Las afectadas contarán con un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el BOJA para presentar la solicitud y con las pruebas que consideren necesarias, y podrán hacerlo a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia y de las delegaciones del Gobierno de la Junta.

 

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Autor

Roberto Marbán Bermejo

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente cursa el grado de Ciencias Políticas por la UNED, fichó en 2010 por Periodista Digital.

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