El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de «mala fe» por negar a Galicia las competencias transferidas al País Vasco sobre bonificaciones empresariales cuando «no tiene ni siquiera iniciada la reforma del Estatuto».
«Cuando se transfieren competencias a Euskadi, que no tiene ni siquiera iniciada la reforma del Estatuto, y se le niega competencias a Galicia es, simplemente, mala fe», ha subrayado el presidente autonómico en declaraciones a los periodistas tras inaugurar la conferencia nacional sobre el agua que se celebra en A Coruña.
En su opinión, «decir que eso que se acaba de hacer en Euskadi no se puede hacer en Galicia porque Galicia no tiene reformado su Estatuto es un insulto a la inteligencia», ha afirmado.
La transferencia de las bonificaciones empresariales -aquellas destinadas a incentivar la contratación- al País Vasco, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el PNV, «abre un camino» para que otras Comunidades Autónomas puedan también solicitar este traspaso, avanzó ayer el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.
No obstante, Zarrías vinculó el traspaso de estas competencias a las autonomías que hayan reformado su Estatuto o estén en trámite de hacerlo, por lo que en estos momentos sólo podrían sumarse a esta transferencia seis comunidades: Cataluña, Andalucía, Baleares, Valencia, Aragón y Castilla y León.
«No es razonable intoxicar y confundir diciendo que Galicia no puede tener competencias porque el Estatuto no está reformado y sin embargo se le otorgan competencias que nadie tiene en España a Euskadi, que tampoco tiene Estatuto reformado ni hay intención por parte del Gobierno de Euskadi de iniciar la reforma», ha aseverado Núñez Feijóo a este respecto.
El presidente gallego ha reclamado, además, conocer el «alcance» y «contenido» del acuerdo, porque «cuando alguien reparte lo que es de todos para uno solo necesitamos conocer en que consiste ese acuerdo», ha afirmado.
Asimismo, Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno central de intentar cuadrar el déficit público «a costa de los presupuestos autonómicos», ante el posible retraso de los pagos pendientes del Estado hasta el año 2013.
