El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, reclamó hoy la transferencia a la comunidad de las bonificaciones a la Seguridad Social en materia de contratación laboral, en términos equivalentes a los que se produzcan en otras autonomías, una reclamación que podría suponer, aproximadamente, unos 280 millones de euros.
Camps inició el Debate de Política General en las Cortes valencianas, el último de esta legislatura, anunciando una batería de propuestas para generar empleo neto y reducir el elevado desempleo.
Como primera medida, reclamó, �en la medida en que no afecte a la caja única de la Seguridad Social�, la transferencia a la comunidad de las bonificaciones a la Seguridad Social en materia de contratación laboral, en términos equivalentes a los que se produzcan en otras autonomías, �con la finalidad de reforzar la coordinación y el impacto en el empleo de las distintas actuaciones existentes�.
Una reclamación que podría suponer, dijo, aproximadamente, unos 280 millones de euros para los valencianos.
Asimismo, Camps destacó que reclamará al Gobierno central que �no discrimine a los parados valencianos�, ya que �actualmente sufrimos un importante agravio comparativo en materia de financiación de los fondos del Estado para las políticas de empleo�. De esta manera, recordó que el Consell ha solicitado en dos ocasiones una reunión con el Ministerio de Trabajo con el fin de abordar esta situación.
Así, explicó que la comunidad es la segunda autonomía que menos fondos por parado recibe, puesto que, sólo en 2010, recibió por desempleado la mitad de fondos que la autonomía que más obtiene, �sin tener en cuenta la gran diferencia que puede existir respecto al País Vasco» tras las recientes negociaciones para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado.
Camps defendió un modelo laboral que, además de apostar por los jóvenes, mujeres, autónomos y parados de larga duración, amplíe la inversión en capital humano, impulse la seguridad y la salud en el trabajo y se base en el diálogo y el consenso social.
Para ello, anunció el refuerzo de la eficacia de las políticas activas de empleo, la creación de una Agencia Valenciana del Emprendedor y la modernización del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, además de la puesta en marcha un nuevo Plan Valenciano de Formación Profesional para el Empleo.
Asimismo, criticó la falta de una acción decidida del Gobierno de España en políticas de empleo, un gobierno del que duda que �tenga las ideas claras y al que acusó de negar la crisis en un principio y agravarla con medidas inadecuadas.
Sobre infraestructuras, además de ejecutar las obras del Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, el presidente autonómico se comprometió, �para suplir los recortes del Ministerio de Fomento», a impulsar mediante el sistema de financiación de colaboración público-privada, un Plan Extraordinario de Inversiones de 2.000 millones de euros hasta 2014.
En este punto, Camps reclamó la llegada del Tren de Alta Velocidad a la comunidad, cuyo retraso, dijo, ha generado unas pérdidas de 900 millones de euros para los valencianos.
�Valencia, la tercera ciudad de España, recibe el AVE con tres años de retraso y después de haber llegado antes a veinte ciudades de España�, señaló Camps que añadió que no sabe «ni cuando llegará ni como se ejecutará� la llegada del AVE a Castellón y Alicante.
En materia de agua, Camps dejó claro que «no vamos a renunciar a la que tenemos derecho», por lo que el Consell seguirá exigiendo una autoridad nacional de agua, al tiempo que anunció una inversión de 2.400 millones de euros en infraestructuras hídricas.
Camps también se refirió al modelo de financiación autonómica, que tildó de «injusto» y que, según él, deja a la comunidad «a la cola en recursos per cápita» y un déficit histórico que alcanza la suma de 7.340 millones de euros en los siete años de aplicación del modelo.
En este punto, recordó que la Comisión de Expertos a la que las Cortes encomendaron valorar la situación de la región tras la aplicación del nuevo sistema de financiación ha concluido que «parece imprescindible plantear una revisión del modelo de financiación que no perjudique a la comunidad».
Así, se comprometió a �liderar la exigencia de una financiación ajustada a nuestra realidad� y a exigir un volumen de inversiones estatales acorde al peso de la población y la economía sobre el total nacional�.
