La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, interrogará este lunes como imputado, a partir de las 10.30 horas, al que fuera uno de los jefes de obra durante el proyecto de desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Javier Navarro, en el marco de las investigaciones en torno a un presunto desvío de fondos públicos a obras privadas que habrían sido facturadas como si se tratase de trabajos de la antigua C-715.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la comparecencia de Navarro ha sido fijada a partir de las 10.30 horas, después de que el pasado miércoles prestasen declaración también en calidad de encausados el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, así como Guillem Garí, propietario del restaurante Es Cruce, ubicado en el kilómetro 41 de la carretera.
El nombre de Navarro aparece reflejado junto al también jefe de obra Jerónimo Gutiérrez así como al de otras 15 personas en la querella que interpuso el Ministerio Fiscal en marzo del pasado año a raíz del supuesto desfase de 23 millones de euros producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 y cuyo desarrollo se investiga en el marco del denominado Caso Peaje.
Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Tanto Aguiar como el ex vicepresidente del Consell, Antoni Pascual (UM), también imputado, han negado ante la jueza un desvío de fondos a fines particulares y han negado que el desfase «repercutiese» en las arcas del Consell, al explicar que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr), que se encargó finalmente de las obras.
La operación, abierta en marzo de 2009, se saldó con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre, los únicos que pasaron a disposición judicial y quienes eludieron ingresar en prisión tras depositar sendas fianzas de 125.000 y 75.000 euros. A partir de ese momento la Fiscalía ha estado estudiando toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.
