Junta andaluza defiende su «labor extraordinaria de control de la legalidad» y cree que el PP «quiere confundir»

El secretario general de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad Sostenible de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Eduardo Tamarit, defendió la «labor extraordinaria de control de la legalidad» que ha efectuado la Junta en Marbella (Málaga).

En declaraciones a Europa Press, Tamarit confía que en el juicio por el caso ‘Malaya’, que ha comenzado este lunes, la Justicia «realizará su labor» y se mostró en ese sentido «especial y escrupulosamente respetuoso».

Lamentó que el PP con sus críticas a la Junta «intenta confundir a los ciudadanos poniendo en tela de juicio la actuación de la Junta», tras lo que recordó que el Gobierno andaluz «está personado en el juicio como acusación particular en el proceso penal, mientras que el PP no lo está».

«El PP está diciendo mentiras sobre la Junta aprovechando el juicio en lugar de hacer un ejercicio de responsabilidad y respetar a la Justicia», agregó Tamarit, quien aseguró que la Junta «ha hecho una labor extraordinaria de control de la legalidad en Marbella, impugnando en su día ante los tribunales cerca de 400 acuerdos municipales relacionados con operaciones urbanísticas y además dimos traslado a la Fiscalía de todos los actos que tuvieran algún indicio de delito».

Agregó que de este volumen de actuaciones, 128 impugnaciones realizadas por la Junta han tenido una sentencia favorable al Gobierno andaluz declarando nulas las licencias urbanísticas que dio el Ayuntamiento. Precisó que otras 68 sentencias fueron también favorables pero están pendientes de recursos del Ayuntamiento marbellí.

«Todo esto demuestra que la Junta ha actuado como y cuando debía y que lo hizo correctamente», agregó Tamarit, quien recordó que en 2006 la Junta retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, lo que permitió «la apertura de una nueva etapa en el municipio».

Asimismo, apuntó que además de la actividad judicial, la Junta ha trabajado «para dotar a Marbella de un nuevo planeamiento urbanístico a través del nuevo PGOU».

«Gracias a la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento de Marbella se ha conseguir una credibilidad institucional, seguridad jurídica y normalidad urbanística», aseveró Tamarit, quien reiteró que «se ha actuado cuando se tenía que actuar y como se tenía que hacer».

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