La red vecinal de Ciutat Vella de Barcelona ha reclamado este miércoles al Ayuntamiento cesar a todos los cargos que aparezcan citados en el sumario de la presunta trama de concesión de licencias, sin que necesariamente hayan sido imputados.
En el caso están imputados el ingeniero Joaquim Quílez, el funcionario Heliodoro Lozano –que había sido jefe de servicios técnicos del distrito– y la funcionaria Elena Ariza.
Aparecen citados en el sumario –sin estar imputados– el concejal de Comercio y primer secretario del PSC de Ciutat Vella, Roger Pallarols; el gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad, Joan Albert Dalmau, y el ya ex consejero de CiU en Ciutat Vella Víctor Badia.
En rueda de prensa, el nuevo presidente de la Asociación de Vecinos de Casco Antiguo y representante de la red vecinal, Jordi Bonet, ha instado al consistorio a emprender «acciones decididas» para atajar la supuesta red de corrupción, ya que «destruye la confianza entre la administración pública y la ciudadanía».
Entre ellas ha pedido relevar «de su cargo y militancia» a los miembros del Ayuntamiento «sospechosos de estar vinculados» a la trama. Además, ha pedido una investigación independiente en el consistorio «que depure responsabilidades políticas».
Los vecinos, que dicen no tener el sumario, también apuestan por que el Ayuntamiento elabore protocolos de buenas prácticas y auditorías que eviten más casos. Si no ven resultados en este proceso, en el que piden participar, Bonet ha insinuado que plantearán acciones legales.
Bonet, que desde hace unos días sustituye a Maria Mas al frente de la entidad, también ha resaltado que sin la acción de las entidades vecinales ahora habría un hotel ante el Palau de la Música y Heliodoro Lozano «continuaría tramitando licencias».
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb), Eva Fernández, ha afirmado que las amenazas de muerte a la ex edil de Ciutat Vella Itziar González demuestran que no se ciñe a una trama urbanística sino a una red con una práctica «abierta y mafiosa».
Ha añadido que ante la trama de licencias y el desfalco del Palau no existe oportunidad «al relativismo de tipo ético y moral», y ha advertido de la ‘berlusconización’ de la política catalana. «Este tipo de casos debemos denunciarlos hasta las últimas consecuencias», ha defendido.
AMENAZAN CON ACUDIR AL TC
Los vecinos tampoco piensan quedarse de brazos cruzados en relación al caso del desfalco del Palau de la Música, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, no ha permitido a la Favb presentarse como acusación popular por cuenta propia, y debe hacerlo con la Diputación de Barcelona.
El abogado de los vecinos, Jaume Asens, ha dicho que han pasado a estar «tutelados» por la Diputación, por lo que han presentado un recurso de reforma subsidiario de apelación. Si Solaz no lo estima, acudirán a la Audiencia provincial, y en última instancia, al Tribunal Constitucional.
Si pierden, se plantearán dejar de estar personados en el caso Millet. «Nos parece insalvable y de una clara intencionalidad evitar una presencia independiente de las administraciones públicas en el proceso penal», ha resaltado.
También se ha preguntado cómo defenderá sus intereses el abogado Cristóbal Martell, que defiende a la Diputación, si es el mismo que representa al arquitecto Carlos Díaz en el caso del Palau, en que los vecinos también están personados.
Asens considera que tienen intereses contrapuestos con la Diputación, ya que la corporación provincial busca recuperar fondos públicos que dio al Palau, y la Favb «denunciar la falta de control de las administraciones» en dar subvenciones.
