El Parlamento vasco ha aprobado la creación de una comisión «especial» de investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación de determinadas contrataciones realizadas desde el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y la Red de Parques Tecnológicos del País vasco, y que incluirá los supuestos casos de espionaje en Alava, en los que están imputados varias personas vinculadas al PNV, entre ellas, el ex diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, o el ex miembro de ABB del PNV, Aitor Tellería.
El pleno del Parlamento vasco ha sacado adelante una propuesta de resolución formulada por todos los grupos salvo el PNV, que había presentado una enmienda de totalidad y Aralar que rechazó firmar la iniciativa. Todos los grupos han respaldado la iniciativa mientas que el PNV que se ha abstenido.
La presunta trama de corrupción, que está siendo investigada por un juzgado de Vitoria, afecta a varias personas vinculadas al PNV, entre ellas, el ex diputado foral Iñaki De Miguel y el ex director del Centro de Empresas e Innovación de Alava (CEIA), Aitor Tellería, que están imputados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencia y blanqueo de capitales, que se habrían cometido durante la etapa del anterior Gobierno.
En concreto, la Cámara ha aprobado la constitución de una comisión que «analice detalladamente las presuntas irregularidades en la adjudicación de determinados contratos y servicios realizada desde el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y desde la Red de Parques Tecnológicos del País vasco, las operaciones de recalificación de suelo y las relaciones descritas entre miembros de la Ertzaintza y empresas con el fin presuntamente, de obtener información ilegítima».
Además, señala que se investigarán «cuantos aspectos se consideren relevantes para determinar responsabilidades políticas que se deriven de los hechos investigados, así como las posibles carencias en los mecanismos públicos de control que se utilizan en las empresas de titularidad pública».
GRUPOS
El parlamentario del PNV Joseba Egibar ha acusado al PSE de haber «sentenciado» antes de formar la Comisión y ha defendido que han sido el resto de grupos parlamentarios quienes han metido el término «presunto» porque los socialistas y ‘populares’ «han dejado de lado la presunción de inocencia». «No hay principio de inocencia sino que se plantean los delitos detrás del término presunto», ha criticado.
En este sentido, ha denunciado que «la incriminación pública y mediática ya les ha matado civil y políticamente» a los imputados. «¿Cómo puede decir que el Parlamento no va a juzgar a nadie cuando usted ha juzgado y sentenciado?», se ha preguntado antes de afirmar que el PSE «ya tiene las conclusiones escritas, sólo les falta pasarlas a limpio».
Por ello, ha defendido que los jeltzales, en la enmienda de totalidad presentada, piden que se investiguen estos casos pero «respeta el ámbito judicial, el principio de presunción de inocencia» y apuesta por analizar las presuntas irregularidades que están en diligencias previas. «Decimos lo obvio, que si la Justicia archiva algún tema, se supone que no se podrá seguir eternamente la investigación en el Parlamento», ha insistido.
El parlamentario de Aralar Mikel Basabe, por su parte, ha recordado que su formación ha estado siempre a favor de las Comisiones de investigación pero ha precisado que no ha firmado la iniciativa porque «existe un cálculo electoral» en los tiempos en los que se ha llevado a cabo la iniciativa.
GRUPOS PROPONENTES
El parlamentario del PSE Oscar Rodríguez ha señalado que el objetivo «claro» de la Comisión es «depurar responsabilidades políticas después de esforzarnos en conocer las verdades de los diferentes casos de corrupción y espionaje». «No se va a juzgar a nadie, no es nuestro trabajo», ha subrayado.
Asimismo, se ha mostrado sorprendido porque el PNV no haya impulsado la comisión desde el minuto uno y ha ofrecido al PNV su apoyo a dos de los tres puntos de su enmienda a la totalidad, al considerar que el tercer punto sería incompatible con otras comisiones de investigación celebradas en la Cámara. «Este punto supondría restar al Parlamento su labor de fiscalización e investigación», ha defendido.
Desde el PP, Carmelo Barrio ha defendido la claridad de la propuesta que «detalla el objeto y lo que debe abordar» la Comisión del denominado ‘caso Miñano’. Además, ha recordado que «el juez y fiscal investigan lo que corresponde a las personas que supuestamente han cometido delitos» y es a la Cámara a quien le corresponde «analizar lo que irregular o anómalamente ha hecho la Administración y sus cargos, funcionarios como responsables políticos y públicos».
Al respecto, ha precisado que los trabajos de la Comisión no estarán «íntimamente ligados» a los procesos judiciales abiertos, sino que «los caminos judicial y parlamentarios son independientes, diferentes y con objetos claramente distintos».
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha explicado que el código ético de EA refleja que ante presuntas irregularidades se debe estar a favor de la investigación para depurar responsabilidades y ha defendido que todas las actuaciones de los partidos políticos «deben ser limpias, transparentes, nobles y leales porque es el contrato que se tiene con la ciudadanía».
El parlamentario de EB, Mikel Arana, ha insistido en que la actividad pública y política debe estar «fuera de toda duda sobre la gestión y limpieza del dinero público» y ha subrayado que le hubiera gustado tener una propuesta firmada por todos los grupos «para evitar que estos casos se puedan usar de forma partidista».
Asimismo, ha recordado que los parlamentarios no son jueces sino que «nos toca investigar sobre las responsabilidades políticas» y ha apostado por hacer una reflexión sobre los mecanismos públicos de control sobre este tipo de adjudicaciones.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha defendido que las razones para crear esta Comisión son «claras» porque «no puede existir la más mínima y sospecha en las actuaciones públicas» y si así fuera, «se debe investigar y actuar en consecuencia».
