La Fiscalía Superior de Cataluña ha negado «categóricamente» intencionalidad política en sus actuaciones en el caso Palau y han asegurado que no se puede permitir que se ponga en cuestión su imparcialidad, después de que este martes pidiera separar la causa y solicitara la imputación de varias personas, entre ellas el tesorero de CDC, Daniel Osácar, y de Àngel Colom.
En un comunicado remitido este miércoles como respuesta a las manifestaciones vertidas por diferentes responsables políticos acerca de la supuesta intencionalidad política de sus actuaciones, han negado «haber actuado por indicación de nadie».
Además, han subrayado que la Fiscalía, «como es su obligación», actúa de forma objetiva e imparcial en defensa de la legalidad y el interés público para el esclarecimiento de hechos «que presentan sólidos indicios de delito».
Fiscalía ha destacado que el informe presentado este martes ante el Juzgado de Instrucción número 30, que investiga el caso Palau, responde a lo solicitado por el juez el 25 de octubre.
En este auto se daba un plazo de 10 días para que el fiscal procediera a concretar «los nuevos hechos que se imputan a las personas que aparecen como imputadas y sobre los que no se les tomó declaración».
Aseguran que el informe de la Fiscalía se ha limitado a cumplir, dentro del plazo, lo solicitado por el juez, así como a solicitar las diligencias que consideran necesarias «para proceder en el esclarecimiento de los hechos».
CDC, tras conocer el contenido del informe de Fiscalía, aseguró el martes por la noche
que ha habido presiones políticas, que no quiso precisar, para que la Fiscalía decidiera solicitar antes de las elecciones una causa separada.
En rueda de prensa, el diputado Jordi Turull destacó que no les ha sorprendido que la información apareciera a pocos días del inicio de la campaña electoral, y que ya les había llegado que se habían «redoblado los esfuerzos para intentar que esta tema apareciera en plena campaña y se hablara y mucho de ello para poner en duda el nombre de CDC».
