Cospedal reducirá en un 75% las empresas públicas de C-LM y creará una oficina de control presupuestario si gobierna

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido a reducir de forma «importante» las entidades y empresas públicas de la región «al menos hasta el 75 por ciento» si llega al gobierno de la Comunidad Autónoma en 2011, así como a crear una oficina de control presupuestario, que dependerá de la Presidencia de la Junta.

En el acto de presentación del programa económico del PP para Castilla-La Mancha, celebrado en Toledo ante más de mil personas, entre ellas el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, Cospedal ha desgranado las más de 30 medidas de carácter fiscal, de mejora de la competitividad, así como las iniciativas sociales en las que se dividirá su política si gobierna en la región.

La dirigente ‘popular’ ha advertido, además, de que «nada más llegar a la Junta» hará una auditoría «exhaustiva» de los organismos que son una duplicación autonómica de otros nacionales –ha citado al Defensor del Pueblo, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social (CES)– para conocer «su auténtica efectividad», y ha señalado que «si no responde a una auténtica necesidad, y sé que esto va a ser muy criticado, directamente empezaremos por su supresión».

Cospedal, que considera la creación de empleo como un primer objetivo, ha apostado por el control de las cuentas públicas, la liberalización de mercados y políticas sociales sostenibles, a través de tres líneas estratégicas que tendrán como fin «crear empleo, crecimiento económico y cohesión social».

MEDIDAS DE POLITICA FISCAL

Dentro del eje de la política fiscal, Cospedal se ha comprometido a fijar anualmente un límite máximo de gasto no financiero, un techo de gasto que operará en la elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma «para evitar que se desvirtúe», y ha racionalizar el sector público a través de un plan de auditoría de todos los entes del sector público «para evaluar la relación entre su coste y su eficacia».

Este plan conllevará una reducción de entidades y empresas públicas «superior al 50 por ciento y al menos hasta el 75 por ciento», reducción en un 20 por ciento del gasto corriente de todas las partidas que no afecten al gasto social, recorte en un 50 por ciento los puestos de libre designación y en un porcentaje similar en las partidas de protocolo.

También reducirá la «ingente cantidad de publicaciones que solo valen para el autobombo de Barreda», así como el número de delegados de la Junta en Castilla-La Mancha, que pasarán de 35 a cinco.

Tras destacar que el PP no va a utilizar el gobierno para colocar a sus cargos, y recordar su compromiso de privatizar el ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, ha defendido una oficina de control presupuestario que dependerá de ella misma como presidenta de la Junta para «garantizar la designación de los recursos públicos con criterios técnicos y de absoluta igualdad para todos los empresarios» de la región.

Además, incorporará la transparencia en la gestión pública con información «puntual» a través de la web de la Junta, y ha dicho que la incorporación de personal al sector público, tanto fijo como eventual, se tendrá que reducir «de forma drástica» pues muchas veces ese empleo que se genera «no es fructífero».

Igualmente, ha propuesto la reducción selectiva de un punto en el IRPF en el tramo autonómico, la rebaja de la tributación a las familias numerosas, el mantenimiento de la deducción del impuesto de la renta por inversión en vivienda habitual, crear una reducción del IRPF para el fomento del autoempleo y la deducción para los ciudadanos que se den de alta en un censo de empresarios y profesionales.

También se ha comprometido a elevar la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones, y ha establecer tipos reducidos en los impuestos patrimoniales y en los actos jurídicos documentados. Igualmente, Cospedal se ha comprometido a «vigilar» las adjudicaciones públicas de aquí a los comicios, contar con un presupuesto extraordinario de emergencia social y desarrollar un calendario de pago a proveedores.

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Dentro de las medidas de mejora de la competitividad, según ha indicado Cospedal, que se pondrán en marcha durante la primera y la segunda legislatura «y siempre tendrán en cuenta el auténtico estado de las cuentas de la Junta de Comunidades», destaca la elaboración de un programa integral de innovación y desarrollo de la agricultura y la ganadería, y la creación de un centro de innovación y desarrollo agroalimentario que «sea referente a escala nacional».

También ha citado programas especiales de políticas activas para trabajadores con problemas de inserción laboral, un programa de empleo vinculado a la dependencia, programas especiales para conciliar la vida laboral y personal y, si fuera necesario, reformar el marco normativo para garantizar «la independencia absoluta» de las entidades financieras de la región y favorecer que no tengan ninguna interferencia de los poderes públicos.

Cospedal ha prometido una mejora del entorno regulatorio fiscal y de mejora para las pequeñas y medianas empresas, con actuaciones especiales, y se potenciará –«este instituto sí», ha dicho– el Instituto de Finanzas y la Sociedad de Garantía Recíproca, además de poner en marcha un calendario de pago a proveedores, y simplificar los procesos de desarrollo del suelo, incluso modificando, si fuera necesario, la Ley del Suelo de la región.

Asimismo, se potenciarán también los instrumentos necesarios para la internacionalización de las empresas de la región, en colaboración con el sector privado; y se elaborará un plan de infraestructuras «muy ambicioso» que «tendrá sus tiempos, porque la actual situación económica de Castilla-La Mancha no permitirá su ejecución inmediata».

Este plan tendrá como prioridad la interconexión regional, intentando terminar, en la primera legislatura, las autovías entre Cuenca y Albacete, y entre Ciudad Real y Toledo. Igualmente, se intentará firmar convenios con las regiones cercanas en materia de transporte de viajeros por carretera.

María Dolores de Cospedal ha apostado por dar un fuerte impulso a la innovación y el desarrollo, haciendo que llegue más tecnología para Castilla-La Mancha «dentro y fuera del país» y ha defendido la puesta en marcha de una red de establecimientos de calidad, que se apoye en el sector público pero soportada por el privado, dentro de las acciones de eje de la competitividad.

MEDIDAS SOCIALES

Finalmente, en materia de política social, la presidenta regional del Partido Popular ha avanzado la puesta en marcha de un plan de choque contra el fracaso escolar y por una educación de calidad. En este ámbito, ha anunciado la asunción de un bilingüismo obligatorio en todos los colegios de la región en todos los niveles educativos, y ha reconocido que, aunque esta propuesta es costosa, «esta la vamos a asumir».

También ha apostado por la potenciación de la Formación Profesional y de la Universidad, por la mejora de servicios y eficiencia del gasto y por posibilitar a los ciudadanos que elijan hospital y médico para ser atendidos en cualquiera de las comunidades autónomas limítrofes con Castilla-La Mancha.

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