La Comunidad de Madrid investiga los robos de niños durante el régimen franquista que tuvieron lugar en sus hospitales y se ha comprometido a facilitar toda la información de la que dispone en sus archivos para que los afectados puedan encontrar a sus parientes desaparecidos.
Pero el Gobierno de Esperanza Aguirre ha ido más allá y, en contra del criterio de la Fiscalía y de los distintos órganos jurídicos, no cierra la puerta a acudir a la vía penal para depurar las responsabilidades de quienes hayan participado en estos secuestro de niños.
En una resolución dictada el pasado 13 de diciembre por la Subdirección General de Archivos, dependiente de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, se expresa el compromiso de esta administración a remitir el estudio sobre los niños desaparecidos a sus servicios jurídicos para que �estudien y determinen si existe oportunidad y pertinencia para remitirlo a los órganos judiciales que sean competentes en esta cuestión�.
Esta resolución fue aportada esta mañana al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por un grupo de afectados por el secuestro de niños durante el franquismo. Una de las representantes del colectivo, Mar Soriano, explicó que la reunión sirvió para que Zaragoza les explicara su decisión de oponerse a que estos secuestros sean investigados en la Audiencia Nacional.
En cambio, en una carta remitida el pasado 7 de diciembre, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional solicitó al Ministerio de Justicia la creación de una oficina de atención a las víctimas que �pueda coordinar todas las actuaciones dirigidas a la identificación y concreción de todos los casos de niños robados�.
Soriano, cuya hermana desapareció de la Maternidad de O�Donnell �antigua Maternidad Provincial- en enero 1964, explicó que los representantes de los afectados iban a acudir hoy mismo al Ministerio de Justicia para exigir que se ponga en marcha la oficina de atención a las víctimas y pedir, asimismo, una reunión con Francisco Caamaño para tratar el caso.
ESTUDIO SOBRE LOS ROBOS
La resolución de la Comunidad de Madrid, firmada por la jefa de Área de Coordinación del Centro Archivo Regional, Nieve Sobrino, señala que este departamento lleva desde �los últimos meses� un estudio �exclusivamente estadístico de los fallecimientos de bebés producidos en la Maternidad Provincial de Madrid durante la década comprendida entre 1961-1971�
El escrito especifica que desde el mes de julio de 2010 la Comunidad de Madrid trabaja con distintas instituciones y órganos de la administración autonómica madrileña �con el fin de �siempre en los términos establecidos por la legislación vigente- establecer mecanismos� para que todas las personas afectadas �puedan acceder a cuanta información sea posible�.
La resolución indica que en la Comunidad de Madrid existe �plena consciencia de la gravedad y repercusiones� del caso y destaca que están interesados en �ayudar con nuestro trabajo y con la información que custodiamos a todos los afectados�.
El Gobierno de Aguirre destaca, además, que todas estas gestiones las esta realizando �de oficio, es decir, por iniciativa propia� y �sin que haya mediado petición alguna de ningún usuario� realizando unas actuaciones que considera �pioneras en este ámbito�.
Asimismo, la resolución señala que el trabajo realizado por la Subdirección General del Archivos �supone un esfuerzo extra� para la administración �si se tiene en cuenta los medios personales de que dispone este archivo�. Aún así, el escrito asegura que estas dificultades se verán contrarrestadas �por la ilusión del personal que lo lleva a cabo�.
�Nuestra vocación es la de servir los documentos que custodiamos a todos los usuarios que lo soliciten y que este a cometido dedicamos todo nuestro empeño con educación, respeto, compresión y profesionalidad�, concluye la resolución.
MUERTES FICTICIAS
Los afectados remitieron hace dos meses una denuncia a la Audiencia Nacional �que cuenta ya con la oposición de la Fiscalía- en la que aseguraban que los robos de niños eran fruto de �las normas establecidas por Franco� así como de la �plena connivencia entre las parroquias y las autoridades políticas para entregar niños a las familias que mejor se adaptaran a la moral católica�.
Existían diversos �modus operandi� para la perpetración de estos secuestros. Una de las modalidades más generalizada consistía en que la madre, del bando republicano, daba a luz �con anómalas prácticas y en extrañas circunstancias que terminaban con una supuesta defunción del neonato, que no era acreditada físicamente�.
Estos niños eran en realidad entregados en adopción a familias afines a la dictadura y sus verdaderos nombres desaparecían.
Entre los presuntos responsables se encuentran varios médicos, algunos de ellos todavía en activo, y que durante la dictadura trabajaron en clínicas como San Ramón y O�Donnell, ambas de Madrid, o Santa Isabel, en Valencia, siempre según los afectados.
