Ha sido un gesto valiente y bonito. La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, presentó este 17 de junio de 2011 una instancia en la Consejería de Educación de la Generalitat en la que reclama que su hijo de cuatro años pueda recibir «una enseñanza bilingüe».
La dirigente del PP se sumaba así a la iniciativa de Convivencia Cívica Catalana, que movilizó a otros 500 padres que también piden que sus hijos sean educados en «las dos lenguas oficiales» y que ello se haga «de forma proporcionada y sin desequilibrio entre ellas». Lo que hay ahora es una enseñanza vehicular en catalán que excluye al castellano, práctica que esos padres consideran «contraria a la Constitución». Este colectivo rechaza también que sus hijos sean escolarizados en castellano con un profesor particular, como ofrece la Generalitat en estos casos, lo que supone a todas luces una discriminación respecto a los demás alumnos.
Habrá que esperar la respuesta de la Consejería de Educación a estas demandas, pero no cabe ser optimista porque la Generalitat lleva ignorando desde hace mucho tiempo las repetidas y reiteradas sentencias de los tribunales, que han fallado que los ciudadanos tienen derecho a una enseñanza vehicular en la lengua que elijan o a un modelo bilingüe equilibrado.
Artur Mas escribía el 16 de junio de 2011 en un diario catalán que «quien rompe las reglas del juego, quien cruza las líneas rojas, tiene que ser consciente de lo que está haciendo». Él debería aplicarse esa filosofía, ya que la Generalitat lleva años incumpliendo las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al menos cinco sentencias del Supremo y el fallo del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. ¿Negarse a ejecutar las sentencias de los tribunales no es cruzar las líneas rojas y romper las reglas de juego?
