El informe jurídico remarca especialmente que «nunca antes de esta orden» el Ministerio de Cultura había hecho una declaración de expolio
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, lanza el órdago definitivo contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde: una querella por prevaricación, desviación de poder y usurpación de atribuciones que, en caso de acabar en condena, acarrearía penas de hasta cuatro años de prisión y 25 de inhabilitación.
El motivo: la orden ministerial que paralizó hace un año cualquier actuación urbanística en el barrio valenciano del Cabañal, donde el ayuntamiento proyecta abrir una avenida hasta el mar.
Las obras permanecen suspendidas desde abril de 2010.
La arriesgada jugada d ela alcaldesa está fundamentanda en las conclusiones del dictamen encargado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado, en el que se determina que la orden ministerial CLU/3631/2009 es «arbitraria» y hace uso de una «desviación de poder con la voluntad de torcer la aplicación de la Ley para obtener fines no pretendidos por la norma».
El informe remarca especialmente que «nunca antes de esta orden» el Ministerio de Cultura había hecho una declaración de expolio.
Insiste, además, en que la orden contiene un «vicio de nulidad», ya que, razona, no puede producirse expolio en un bien protegido por la legislación urbanística y de patrimonio cultural autonómico.
La alcaldesa Barberá está convencida de que la ministra de Zapatero ha incurrido en un delito de prevaricación y este lunes, acompañada del vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, se lanzó al ataque.
