El juez del «caso Millet», Juli Solaz, ha abierto una investigación aparte sobre los supuestos pagos de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, aunque de momento no ha acordado ninguna de las imputaciones que le pedía la Fiscalía.
En el auto, con fecha de ayer pero notificado hoy a las partes, el aún titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, en vísperas de su inminente traslado a la Audiencia de Barcelona, ha aceptado la petición de la Fiscalía y el Consorcio del Palau y ha abierto una pieza separada sobre los supuestos pagos a CDC, para que se investiguen separadamente del saqueo de la institución cultural.
Esta investigación, que ahora se desgaja del expolio confeso perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, parte de un informe de la Agencia Tributaria que constató que CDC cobró, a través del Palau, supuestas comisiones de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.
En su auto, el juez instructor, que está esperando que se formalice su nombramiento como magistrado de la Audiencia de Barcelona, da traslado de su decisión a las acusaciones y las defensas del caso Palau para que se pronuncien sobre las diligencias a practicar desde ahora, antes de resolver sobre las imputaciones.
No obstante, en los escritos que enviaron al juez para pedir la apertura de una pieza separada sobre los pagos a CDC, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el Consorcio del Palau de la Música -que representa a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura- ya solicitaron la imputación del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar y del ex líder del Partit per la Independència (PI) y actual secretario de Inmigración de CDC, Àngel Colom.
La postura del Consorcio, no obstante, ha variado tras las elecciones autonómicas que dieron la victoria a CiU, lo que ha motivado que el pasado martes esta acusación particular presentara un nuevo escrito en el que pedía a Juli Solaz la apertura de la pieza separada sobre los pagos a CDC, pero de momento sin imputaciones.
La decisión de Juli Solaz de abrir un nuevo plazo para que las partes se pronuncien sobre la pieza separada podría acabar prolongando durante meses las imputaciones, dado que lo más probable es que el instructor se traslade a la Audiencia de Barcelona sin citar a declarar a los posibles implicados en la trama de pagos de comisiones.
Las imputaciones quedarán entonces en manos del juez que sustituya provisionalmente a Solaz hasta que se designe a un nuevo titular del juzgado, lo que podría demorarse unos tres meses, según han señalado a Efe fuentes judiciales.
El informe de la Agencia Tributaria en que se basa la nueva investigación abierta por Solaz revela que la constructora Ferrovial habría pagado comisiones del 4% por la adjudicación de grandes obras públicas, de los que un 2,5% habrían ido a parar a CDC, que se habría embolsado así 5,8 millones, y un 1,5% se lo habrían quedado los ex responsables del Palau de la Música.
Por ese motivo, la Fiscalía, y en su día también el Consorcio, pidieron, además de la de Osàcar, la imputación del ex directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, así como las de los representantes de las empresas New Letter, Letter Graphic e Hispart, que facturaron más de un millón de euros al Palau por trabajos que la actual dirección no considera justificados.
El informe de la Agencia Tributaria concluye que parte de las aportaciones de Ferrovial eran desviadas a CDC a través de servicios prestados por esas tres empresas, que han trabajado para campañas electorales de la formación nacionalista.
El ministerio público solicitó también al juez que imputara al responsable de Altraforma, empresa de la que es accionista el senador de CDC Jordi Vilajoana y que, según la Agencia Tributaria, facturó 51.724 euros al Palau de la Música, así como a Emili Vidal, consejero delegado de la empresa GPO cuyas siglas aparecen vinculadas a Ferrovial en documentos incautados a Fèlix Millet.
